El femicidio de María Soledad Morales, de 17 años, ocurrido en San Fernando del Valle de Catamarca el 10 de septiembre de 1990, provocó la caída de un gobierno casi feudal. El silencio estremecedor de multitudinarias marchas pidiendo justicia llegaron adonde Dios atiende y acabaron con la impunidad de aquellos hijos del poder. Ramón Saadi, por entonces gobernador, cayó cuando hasta su amigo, el presidente Carlos Menem, le soltó la mano, atosigado por el escándalo ventilado durante el juicio. La mirada de los medios nacionales sobre la impunidad de las familias poderosas involucradas, el encubrimiento del crimen y el dolor de la familia se siguió en capítulos como una novela desgarradora. María Soledad fue engañada, drogada, violada y torturada por Luis Luque, hijo de un diputado nacional, y por Luis Tula, un entregador. Su rostro fue desfigurado y también fue enlodada su memoria. La investigación estuvo viciada, las pruebas manipuladas y destruidas por la policía comandada por el padre de uno de los acusados. Los testigos fueron amenazados y se violaron cada una de las garantías constitucionales.
El poder protege a sus hijos
Martha Pelloni, la monja que dirigía el colegio al que asistía María Soledad Morales, hoy encuentra paralelismos con el femicidio de Cecilia Strzyzowski. En Entre Ríos, la Justicia benefició al femicida de Julieta Riera.
Por ese entonces, tres décadas antes del #NiUnaMenos el feminismo era algo de lo que se hablaba solo en ciertos círculos. Catamarca era una sociedad conservadora y de una hipocresía casi religiosa. Los privilegios de la clase política dominante eran indiscutidos e indiscutibles y solo la inquebrantable energía de las marchas de silencio y la abrumadora evidencia del calvario sufrido por María Soledad Morales desplomó el sistema. Si bien Miguel Ángel Ferreyra, hijo del jefe de la policía de Catamarca y Juan y Diego Jalil, sobrinos del intendente de San Fernando (José Jalil), nunca fueron juzgados, el diputado Ángel Luque fue echado de su banca, su hijo Guillermo fue condenado a 21 años de prisión y Tula a nueve. La Nación intervino la provincia en medio del proceso y el feudo de los Saadi cayó. Ya pasaron casi 33 años del caso que sigue siendo un emblema, pero el femicidio de la hija de Ada y Elías Morales, es uno más que se suma al de todas las mujeres que faltan.
Martha Pelloni, la monja que por aquel entonces dirigía el colegio del Carmen y San José, al que asistía María Soledad, y alma de las marchas del silencio que mantuvieron el caso en agenda, hoy encuentra paralelismos con el femicidio de Cecilia Strzyzowski, que pone en vilo al gobierno de Jorge Capitanich, quien el domingo fue por la reelección a la Gobernación de Chaco en las PASO. A Cecilia se la busca desde el 1 de junio. Estaba casada con César Sena, hijo del dirigente piquetero Emerenciano Sena, y de Marcela Acuña, quienes integraban la lista de Capitanich como candidatos a diputado y a intendenta, respectivamente. Los tres integrantes del llamado “Clan Sena” están imputados como coautores del crimen (aunque aún no hallaron el cuerpo de la joven de 28 años hay indicios de su femicidio). Hay otros cuatro detenidos por ayudar a destruir pruebas y a encubrir el hecho. Por la mediatización del caso, "Coqui" Capitanich se sacó el lastre apenas pudo, quitándolos de la lista, pero la historia de cómo los Sena construyeron el poder a fuerza de corrupción y violencia, trascendieron a cualquier intento de tapar la vergüenza.
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El poder protege a sus hijos. En Entre Ríos Jorge Julián Christe, condenado por un jurado popular a prisión perpetua por el femicidio de su pareja, Julieta Riera, esperará en casa de su mamá, con una tobillera electrónica, que le monten un nuevo juicio. En primera instancia se lo halló culpable de "homicidio triplemente agravado por el vínculo, alevosía y por haber sido cometido mediando violencia de género", por haber empujado a su novia de 24 años de un octavo piso, en pleno centro de Paraná. La Cámara de Casación Penal confirmó la condena en segunda instancia, pero la sala penal del Superior Tribunal de Justicia anuló el juicio y ordenó un nuevo proceso para el hijo de la señora jueza Stagnaro, quien logró la excarcelación mientras la familia de la víctima organiza una nueva marcha frente a los Tribunales, donde estos hijos del poder consiguen la impunidad.