Al parecer, aunque pocos se hayan dado cuenta, habría en Entre Ríos una "crisis institucional" que derivó en el juicio político al vocal del Superior Tribunal de Justicia, Carlos Chiara Díaz. Otra vez, el tema de la transparencia en el uso de fondos públicos es la espada que un sector utiliza para poner al otro contra la pared. Sin embargo, lejos está este episodio de causarnos, a la mayoría, algún resquemor.

El periodista Daniel Enz explicó muy bien el origen de la embestida de los diputados contra el juez. Chiara Díaz integra, junto a Claudia Mizawak y Daniel Carubia, la Sala Penal del STJ, el agujero al que irán a caer todas las causas por corrupción que tienen al exgobernador Sergio Urribarri en el centro. Este maniobra para desplazar al vocal que impulsa llevarlo a él y a su entorno al banquillo. Entonces Urribarri opera con los diputados para sacar así a Chiara Díaz, y buscar una jubilación anticipada de Carubia, el otro que no es de su palo. Con su amiga Mizawak, completará los dos cupos de la Sala Penal con algún magistrado que mande a guardar las causas por corrupción. En palabras de Enz: "Es un claro mensaje hacia adentro del Poder Judicial, para que haya plena subordinación al oficialismo y nadie saque los pies del plato en tiempos de definiciones".

A este conflicto lo miramos, casi todos, desde afuera, y la verdad que a casi nadie le produce lástima que Chiara Díaz pase a ser un desocupado ni que Urribarri y su familia terminen presos. Es una interna que, por circunstancia, ha pasado límites que en otros momentos de la historia reciente no se había llegado. Ni estas causas por corrupción, por más justas que sean, son una batalla épica de la Justicia por la transparencia y la democracia, ni el juicio político a Chiara Díaz es el espanto de los legisladores ante los dudosos viáticos del vocal.

Pretender el clamor popular en defensa del atropello al magistrado es tan equivocado como esperar una pueblada contra la persecución judicial a Urribarri. Ni uno ni otro ha representado los intereses del pueblo en sus respectivas funciones. El estado en que el exgobernador dejó la provincia dice todo de su parte, y sobre Chiara Díaz ¿qué fallo se conoce que le haya puesto límites a la violación de derechos constitucionales que se pueden observar, flagrantes, al caminar un barrio, como el acceso a una vivienda digna, a un trabajo genuino, a un salario que permita llegar a fin de mes, a una escuela en condiciones, a salud, alimentación, a tierra para trabajarla, por nombrar solo algunos? Y si al Poder Judicial entrerriano le hubiera interesado siempre combatir la corrupción, con las gestiones anteriores se hubieran hecho un festín, pero no. Asimismo, los diputados sin vergüenza se espantan con los viáticos del juez, pero jamás alzan la voz ante el castigo casi exclusivo a los pobres por parte de la Justicia.

En las injusticias que el pueblo sufre a diario peligra mucho más la democracia que en la tramoya de un juicio político. Y si estos atropellos devienen, algún día, en crisis institucional, de mi parte bienvenida sea.