El represor Jorge Humberto Appiani ya no puede gozar de las salidas de la cárcel de Paraná. Luego de la oposición que levantaron los organismos de derechos humanos por la posibilidad cierta de fuga, la semana pasada la Cámara Federal de Apelaciones emitió una resolución con la cual ratificó el freno a ese beneficio que había dispuesto el año pasado el juez Leandro Ríos.
Appiani está siendo juzgado en la causa Área Paraná por graves delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en la costa oeste entrerriana. Durante seis años gozó de la posibilidad de salir de la Unidad Penal Nº 1 de Paraná para trasladarse a Misiones y así tener un acercamiento con su familia, ya sea alojándose en la Colonia Penal de Candelaria o permaneciendo algunas horas en la vivienda de sus hijos, una casona ubicada en la localidad de Jardín América, en el límite con Paraguay. 
Aquello despertó fuertes críticas, sobre todo luego de la fuga de los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, en julio 2013. Olivera y Appiani eran socios de un estudio jurídico en el cual se especializaban en la defensa de militares acusados por delitos de lesa humanidad. Poco después de aquella fuga, la Unidad de Información Financiera (UIF) congeló los fondos de un fideicomiso que había sido constituido por los socios por casi 10 millones de pesos y que se presume que era utilizado para financiar a los represores prófugos.
En ese momento la Fiscalia Federal de Paraná pidió que se restringieran la salidas y se intensificara la custodia, ante el peligro real de fuga de Appiani. Los organismos de derechos humanos, por su parte, criticaron el otorgamiento del beneficio en presentaciones judiciales y pronunciamientos públicos.
El año pasado el juez Ríos rechazó un pedido de trasalado y aconsejó que los hijos del acusado, por ser mayores de edad, bien podían trasladarse a la cárcel de Paraná para visitarlo. Appiani fue con su reclamo a la Cámara, que se lo rechazó por una cuestión de forma.
Paso a paso
El 24 de abril de 2014 el abogado y represor Appiani solicitó un acercamiento familiar mediante el traslado al domicilio donde residen sus hijos, para el día 20 de mayo. El 14 de mayo solicitó que se postergara ese traslado, por lo que, a petición de la Fiscalía, el juez declaró abstracta la cuestión el 18 de junio.
El 1 de julio Appiani peticionó nuevamente un acercamiento a su núcleo familiar. El 29 de julio el juez se lo rechazó: “Frente a la carencia circunstancial de cupo y a la falta de precisión de la fecha en que pueda ser factible la efectivización del acercamiento interesado, hágase saber al encartado que siendo sus hijos mayores de edad, los mismos podrán trasladarse hasta su actual lugar de detención y, en tal caso, a fin de promover el afianzamiento de los lazos familiares, en particular el vínculo paternofilial, eventualmente se ponderará la autorización de días y horarios de visitas especiales de acuerdo a requerimiento".
El imputado formuló pronto despacho respecto de su pedido de traslado y el magistrado respondió con un: “Estése a lo resuelto". El 7 de noviembre el represor interpuso recurso de apelación.
El 22 de septiembre último la Cámara consideró mal concedido el recurso de apelación, ya que Appiani pretendió impugnar un decreto de mero trámite –no apelable– cuando en realidad debió apelar la resolución del 29 de julio.
Appiani es uno de los represores juzgados en la megacausa Área Paraná, que tramita por escrito desde su desarchivo, hace más de diez años. En 2014 se realizó la etapa de plenario y actualmente se está a la espera del inicio de los alegatos.
Los otros imputados son Hugo Mario Moyano, Cosme Demonte, Rosa Susana Bidinost, Oscar Ramón Obaid, José Anselmo Appelhans y Alberto Rivas. Se los acusa de crímenes de lesa humanidad contra 52 víctimas, entre ellos cinco desaparecidos.