Se llegaría hoy a un acuerdo en el marco de un juicio abreviado en la causa caratulada "Vázquez José Carlos - Jaime Jorge Eduardo - Sterzer Carina Gabriela - Duche Felipe Miguel - Abraham Luis Ramón - Barrichi Fabio Edgardo s/ defraudación a la administración pública".
Este jueves comienza el juicio a un empleado de la Dirección General de Rentas
La causa está caratulada como "Vázquez José Carlos - Jaime Jorge Eduardo - Sterzer Carina Gabriela - Duche Felipe Miguel - Abraham Luis Ramón - Barrichi Fabio Edgardo s/ defraudación a la administración pública".
10 de agosto 2017 · 07:46hs
Foto UNO/Archivo
La fiscal de Coordinación Interina, María Carolina Castagno, y el defensor técnico Ignacio Díaz impulsan la propuesta a raíz de que el imputado, José Carlos Vázquez, prestó su acuerdo sobre la vía elegida, su participación en los hechos, la calificación legal y la pena a imponer.
Durante el período comprendido entre el 1º de marzo y el 11 de octubre de 2002 Vázquez, en su calidad de agente de la Administración Pública Provincial, con prestación de servicios en la Dirección General de Rentas (DGR) en connivencia y de común acuerdo con los contribuyentes del impuesto a los Ingresos Brutos, que tenían pleno conocimiento de la maniobra (Jaime, Sterzer , Duche, Abraham y Barrichi) efectuó modificaciones en sus cuentas corrientes obrantes en el sistema informático de administración tributaria -SAT- de la DGR, al cual tenía acceso en su calidad de "usuario" mediante la clave personal y secreta, consignando montos inferiores a los importes determinados y declarados por aquellos en las declaraciones juradas presentadas en el Banco de Entre Ríos y no canceladas en dicho acto
La operatoria consistía en que, luego de cargada la información en los legajos de los contribuyentes, eran corregidos en menos, de modo tal que podían ser posteriormente cancelados por importes sustancialmente inferiores a los declarados como adeudados, lo que algunos contribuyentes efectuaron de contado o mediante el acogimiento a un plan de moratoria, con el consecuente perjuicio al erario público provincial.
***
Posible pena
La pena propuesta es de dos años de prisión, bajo la modalidad de ejecución condicional; más la inhabilitación especial parcial perpetua para realizar tareas funcionales que impliquen manejo de cuentas corrientes de la DGR.