Pobladores de la isla El Espinillo, ubicada frente a la costa rosarina en jurisdicción entrerriana, denuncian que desde hace años viven amenazados por un ganadero que asegura que son suyas las tierras donde tienen asentadas sus viviendas, y por ello exige con violencia que se vayan o paguen alquiler. El conflicto dominial es analizado por la Fiscalía de Estado santafesina y también está en curso una mediación judicial en tribunales de Victoria. El problema integró la agenda de una reunión entre el ministro de Gobierno santafesino, Rubén Galassi, y su par entrerriano, Adán Bahl, celebrada días atrás con motivo de acordar acciones conjuntas de seguridad en las islas, según reflejó ayer el diario La Capital.
El Espinillo tiene aproximadamente 245 hectáreas, de las cuales solo 10 pertenecen a la provincia de Santa Fe. En 1947 esa porción fue expropiada y destinada al Ministerio de Educación, para garantizar el funcionamiento de la escuela santafesina 1.139 Marcos Sastre, que lleva 76 años en el mismo lugar y que actualmente tiene 18 alumnos, según comunicó la cartera provincial. Las tierras fueron puestas bajo la custodia de la cooperadora del establecimiento, a la que se autorizó a “acordar permisos con carácter precario a familias con niños en edad escolar que pidan radicarse en ese terreno”, reza el respectivo decreto.
Hoy viven más de 20 familias en esos lotes considerados como privilegiados, porque se encuentran en una zona alta y por lo tanto, resguardada de las inundaciones y muy aptas para la ganadería. Precisamente esta es la actividad que practica en el mismo lugar Jorge A., quien según los isleños y fuentes del Ministerio de Educación, asegura ser el dueño de las tierras, al parecer invocando la figura legal de usucapión. Sin embargo, en los 15 años que lleva en conflicto con los lugareños, jamás habría exhibido documentación alguna que acredite tal posesión.
Tiros, trompadas, insultos y atentados como el incendio de un rancho el 15 de mayo son algunos de los métodos que los pobladores de El Espinillo denuncian que esgrime Jorge A. para reclamar desde hace más de una década lo que, según dice, es suyo. Las acusaciones contra este criador de ganado, que además se dedicaría a la venta de materiales de construcción y que tendría un taller mecánico en Ibarlucea, se extienden a algunos de sus hijos, y también a la Policía victoriense, a la que los lugareños acusan de “proteger” y de alguna manera defender los intereses del productor. A tal punto, que las víctimas del último incidente (la quema de una casilla) se dirigieron directamente a la Prefectura Naval para dar cuenta del hecho, con la expectativa de que no quede impune.
Por razones jurisdiccionales, el caso del incendio de un rancho derivó en la Fiscalía de Victoria, desde donde se ratificó la denuncia radicada por el pescador José M. S., miembro de una familia que hace más de un siglo está asentada en el lugar, contra el ganadero, a quien acusa de destruir con una motosierra los pilotes de la vivienda y luego prenderle fuego. Fuentes judiciales aclararon que esta casilla estaba desocupada y en estado de abandono. Por su parte, el ganadero también radicó una acusación por usurpación contra este hombre de río en los Tribunales victorienses.
“En este caso hay denuncias contrapuestas y se está resolviendo a través de una mediación penal”, señaló a La Capital el fiscal victoriense Eduardo Guaita.
Además indicó que se investiga el accionar policial de la Segunda Sección de islas, por las acusaciones de lugareños y hasta una presunta protección del acusado de hostigamiento a los isleños.

Analizaron políticas conjuntas

Para abordar la problemática de los pobladores de El Espinillo, el 9 de setiembre el ministro de Gobierno santafesino Rubén Galassi recibió a su par de Entre Ríos Adán Bahl y al ministro de la Producción de Entre Ríos, Roberto Schunk.
La cita fue convocada expresamente para avanzar en la definición de un convenio de colaboración entre ambas provincias, que permita instrumentar políticas conjuntas de seguridad en las islas.
Durante el encuentro los funcionarios entrerrianos plantearon la necesidad de establecer mecanismos para que los pescadores que realizan pesca artesanal puedan desarrollar su actividad con normalidad en aguas que son de jurisdicción santafesina, a la altura de Cayastá hacia el norte, donde el canal del río Paraná pasa frente a la costa entrerriana.
También se evaluó en ese momento la posibilidad de realizar un relevamiento y constatación de los establecimientos y viviendas existentes en las islas internas 37 y 38 –ubicadas frente a Rosario y de dominio público de la provincia de Santa Fe–, para regularizar su situación, sobre todo las habilitaciones de aquellos que realizan actividades comerciales.