La Comuna de Las Rabonas declaró persona no grata a Cosme Ignacio Marino Demonte, quien fuera condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en el marco de la causa Área Paraná y beneficiado con arresto domiciliario a cumplir en ese pueblo de Córdoba. La decisión se tomó tras un pedido efectuado por organizaciones de la comunidad local y de esa provincia.

La resolución del juez federal de Paraná, Leandro Ríos, ya había sido cuestionada por los organismos de derechos humanos de Entre Ríos, por considerar que los problemas de salud que lo aquejan podían ser atendidos en el lugar donde cumplía su condena: la cárcel de la capital entrerriana. Incluso remarcaron la contradicción que implica el hecho de que se aceptara su traslado a un pueblo de Traslasierra sin ningún centro de salud cercano de mediana complejidad, con el supuesto objetivo de resguardar su salud.

Ahora esa decisión sumó un nuevo rechazo, esta vez de parte de los vecinos y las autoridades de Las Rabonas, quienes no quieren a un genocida viviendo entre ellos.

Vecino no grato

La declaración firmada por el presidente de la Comuna de Las Rabonas, Marcelo Matos, a la que tuvo acceso UNO, está fechada el 14 de septiembre y textualmente dice: “La Comisión de la Comuna de las Rabonas, en uso de sus atribuciones, declara al recluso Cosme Ignacio Marino Demonte, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en la causa Área Paraná por el Juzgado federal a cargo del juez Leandro Ríos, como PERSONA NON GRATA en el ámbito de la jurisdicción de nuestra localidad”.

Además, el documento ordena que se pida al Juzgado Federal de Paraná una copia de la resolución por la cual se otorgó la prisión domiciliaria a Demonte en Las Rabonas, a la vez que se le requiera que “arbitre los medios necesarios para el control de la ejecución de la pena”.

Finalmente, el intendente Matos ordenó que se le dé “amplia difusión” a la declaración y se la exhiba “por tiempo indeterminado en la sede de la Comuna”.

Entre los fundamentos, el documento hace mención a que los miembros de la comunidad advierten que “la paz social del pueblo puede verse gravemente amenazada por la presencia de un condenado contra la vida de conciudadanos que sufrieron torturas, violaciones, desapariciones, tormentos y vejaciones, atentando contra los más mínimos derechos a la vida, la dignidad y la libertad de pensamiento”.

“Como representantes del pueblo de Las Rabonas debemos garantizar las condiciones necesarias para que nuestros niños y jóvenes se eduquen en la certeza de que, ante un delito contra la libertad física y espiritual, el condenado cumpla con la pena impuesta por la Justicia en condiciones igualitarias y sin privilegios”, agrega la declaración entre los fundamentos.

De esta manera, la Comuna de Las Rabonas accedió a un pedido efectuado el lunes por la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Traslasierra, a la que adhirieron numerosas organizaciones de la provincia de Córdoba.

En esa nota hicieron referencia a que el juez Ríos concedió el beneficio al genocida Demonte el 19 de agosto y la medida se ejecutó sin demoras el sábado 20, cuando fue trasladado desde el hospital Pascual Palma de Paraná hacia el domicilio de un familiar cercano en Las Rabonas.

“El propósito de nuestra solicitud es que la Comuna, previa constatación del domicilio fijado por la Justicia Federal de la provincia de Entre Ríos, en la calle Ojo de Agua s/n localidad de Las Rabonas –Departamento San Alberto, Provincia de Córdoba– considere el tratamiento y declaración de este individuo como persona no grata en el ámbito de la jurisdicción de nuestra localidad, se notifique a los vecinos que en sus proximidades radica un genocida y se controle que no exceda los límites de su arresto domiciliario”, dice el escrito entregado a las autoridades locales.

Dos desapariciones en su haber

Cosme Demonte fue juzgado y condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en la causa “Área Paraná”. Está acreditado que intervino en el secuestro y asesinato de Pedro Miguel Sobko –a quien fusiló ante testigos en avenida Ramírez de Paraná el 2 de mayo de 1977– y el secuestro de Victorio “Coco” Erbetta. Ambas víctimas permanecen desaparecidas.

Demonte integró el grupo de tareas de la Policía Federal de Paraná que aterrorizaba a la población durante la dictadura cívico militar.

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Una vez que se conoció el beneficio otorgado por la Justicia, desde la agrupación H.I.J.O.S. Regional Paraná advirtieron por el “real peligro de fuga” del represor de 70 años. "En el transcurso de todos estos años no sólo obstaculizó el avance de la Justicia con malicia procesal, sino que mantuvo el pacto de silencio que todavía hoy impide conocer el destino de los desaparecidos. No dudamos que la prisión domiciliaria implica un serio riesgo de fuga y de amedrentamiento para las víctimas y sus familiares", alertó el organismo.