El proyecto de Puerto Ibicuy tenía severas irregularidades

Marcelo Medina / Redacción de UNO
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La situación de los siete acusados de apropiarse de los fondos públicos destinados para el Puerto Ibicuy quedó muy complicada.

Los ingenieros civiles Daniel Stamponi y Liliana Cuenca fueron lapidarios con las obras que se pretendían ejecutar en la terminal fluvial. Los profesionales del Estado enumeraron una cadena de irregularidades, que van desde el pago de sobreprecios por los materiales hasta obras mal terminadas.

La segunda jornada del juicio contra Félix Abelardo Pacayut, Carlos Pacayut, Norberto Dourrels, Rafael Morana, Miguel Sindor, Aldo Navarro, Julio Ivanovich y Carlos Loveras fue extenuante no solo por lo extenso de las declaraciones, sino por los innumerables planteos que hacen las partes. Ante cada pedido del fiscal Rafeal Cotorruelo,quien está acompañado por la fiscal Carolina Castagno, hay un oposición y un cuarto intermedio para resolver. Por ejemplo, ayer quiso sumarse al Ministerio Público Fiscal Cecilia Goyeneche, pero los defensores se opusieron porque consideraban que se violaba el principio de igualdad. El tribunal aceptó el planteo de los abogados, pero de inmediato el presidente, José María Chemez, le puso un coto a los cruces entre las partes.

Una emblemática causa
En la causa Puerto Ibicuy se está tratando de determinar qué destino tuvieron unos 24 millones de dólares producto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que debieron dirigirse a la construcción de un puerto de aguas profundas en Ibicuy, en el sur de la provincia. Si bien se hicieron obras, estas según la investigación están mal hechas o sobrevaluadas.

La investigación la inició la ex-Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). Cobró forma de denuncia formal en la Justicia el 31 de marzo de 2001, aunque los hechos ocurrieron en 1997, durante la gobernación de Jorge Busti.

El delito por el que se los acusa es el de peculado –apropiación de dineros públicos– y tiene relación directa con el destino de los fondos para el Puerto Ibicuy. Una entidad civil constituida para administrar los recursos, la Comisión de Fomento pro Desarrollo del Puerto de Ibicuy, hizo el llamado a licitación privada y adjudicó los trabajos de remodelación de la terminal portuaria a la firma BuildingArg SA, por un monto próximo a los 30 millones de dólares.

El contrato de obra fue rubricado por los hermanos Carlos y Abelardo Pacayut, entonces titulares del Ente Autárquico Puerto Ibicuy (EAPI) y del Instituto Portuario Provincial (IPP) respectivamente. La firma BuildingArg no terminó la obra. Según dictámenes técnicos de 2002, el Estado recibió la obra del Puerto Ibicuy en pésimo estado, con inoperabilidad del muelle y un colapso parcial de las tablestacas.

"No pasaba un control"
La solidez de la exposición de la ingeniera Cuenca no deja lugar a dudas sobre la prolijidad de los informes que realizó. Esta mujer, que hoy esta jubilada contó que jamás puedo encontrar el expediente principal, elemental para que una obra pública se pueda ejecutar.

La ingeniera que trabajó en Vialidad Provincial precisó que solo examinó fotocopias firmadas por el contratista.

La profesional advirtió que encontró errores en los certificados de obras y que el anticipo de 14 millones de pesos-dólares que recibió la empresa es superior a lo establecido en la Ley de Obras Públicas. En esta norma se determina que una empresa puede recibir hasta un 30% de dinero en calidad de adelanto.

Cuenca indicó que si el proyecto hubiera ido por los carriles normales "no pasaba un control". La mujer explicó que cuando una empresa recibe un anticipo, ante cada pago se le descuenta un 30% hasta llegar a cubrir el dinero entregado. Sin embargo, a BuildingArg se le descontaba una suma mínima, muy distinto a lo que dice la ley.

Cuenca, que trabajó en el proyecto del enlace vial entre las ciudades de Victoria y Rosario aseguró que los estudios de costo muestran claramente que en las obras del puerto Ibicuy se pagaron montos elevados. Como ejemplo, la ingeniera dijo que los pilotes colocados en el Puerto Ibicuy tenían un valor de 3.743 pesos el metro lineal. Mientras que los mismos pilotes puestos en el puente Victoria-Rosario, tenían un costo de 2.400 pesos el metro lineal. El dragado y refulado costaba 5,56 pesos el metro cúbico en Ibicuy, en tanto que en el viaducto de Victoria-Rosario costó casi 2 pesos.

Errores en la construcción
El ingeniero Stamponi arrancó su declaración un poco melancólico por tener que hablar del profesor Victorio Cisaruk, quien hizo los cálculos de la obra que se cayó. "Nunca había hecho un puerto y se lo pidieron rápido, gente amiga", dijo el ingeniero que le contó Cisaruk en una charla telefónica.

El profesional aseguró que encontró irregularidades en el tema de cálculos, obras y cómo se adjudicaron. Aseguró que el tablestacado se cayó por un error de cálculo porque "se subió la cota y los subieron, entonces cuando se echó arena para el refulado se lo llevó el agua".

Sobre el muelle isla dijo que estaba mal hecho porque no tenía defensa y además no hubiera podido soportar los barcos que los autores del proyecto decían que iban a anclar en el lugar. Otra cuestión que le llamó la atención fue que al anticipo financiero la firma lo recibió en el 97 y recién empezó la obra en el 98.

Por último, Stamponi precisó que para conseguir los seguros de caución originales tuvieron que allanar la casa de un funcionario estatal en Concepción del Uruguay de apellido Solís.

El martes UNO reflejó que Carlos Pacayut, hermano del exlegisaldor, contó cómo se distribuyeron los 24 millones de pesos que recibieron: 14 millones fueron entregados en anticipo y 9 millones fueron pagados por las obras. También los defensores hablaron de los seguros que el Estado entrerriano hubiera podido ejecutar para recuperar el dinero. Sin embargo, los testigos que declararon ayer dijeron que las pólizas estaban vencidas o inscriptas en empresas que no existían.

En Gualeguay era distinto
José Salim Jodor, exintendente y exdiputado provincial del PJ, dijo que los ATN en general son gestionados por los municipios ante el Ministerio del Interior de la Nación. "Puede ser que el dinero después llegue a la Gobernación provincial, pero esta los dirige a las municipalidades", señaló. El dirigente de 73 años explicó que "luego, hay que rendir cuenta", y agregó: "El dinero se deposita una cuenta en el Banco Nación". En un tramo de su declaración deslizó: "No tengo conocimiento de que una ONG pueda contratar a una empresa para construir una obra para el Estado", como hizo la Comisión de Fomento pro Desarrollo del Puerto de Ibicuy, que tras hacer una licitación privada le traspasó la obra al Estado.

Todo lo que contó Jodor es muy distinto a lo que dijo Carlos Pacayut en la primera jornada. El hermano del exlegislador contó que los ATN eran depositados por el Ministerio del Interior en las cuentas que el EAPI tenía en el banco Bersa y en el Suquía.

El juicio continuará hoy desde las 8 con la declaración de testigos.

Con presión

Félix Alberto Pacayut salió de la sala ayer cerca del mediodía, luego volvió a la audiencia y se retiró. Según la información oficial tenía 15,7 de presión porque "es una causa que lleva 12 años".