La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anticipó que el Gobierno va a “apelar” el fallo judicial que declaró nulo el denominado “protocolo antipiquetes” que impulsó su antecesora, Patricia Bullrich.

“Sin protocolo no hay orden, hay caos. Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina”, lamentó la funcionaria en su cuenta de X. Y agregó: “No vamos a dar un paso atrás, la vamos a apelar. Este Protocolo tiene fundamentos técnicos, jurídicos y operativos”. “Vamos a defenderlo a toda costa porque es la herramienta que le devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz”, finalizó Monteoliva.

También se refirió al tema Bullrich: “El protocolo antipiquetes fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos. ¿Quién lo declara nulo? El mismo juez que siempre lo hace contra el Gobierno. ¿Quiénes festejan? Los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización”, se quejó la impulsora de la medida.

La actual senadora además sostuvo en sus redes que “los perjudicados, siempre los mismos: los argentinos que quieren trabajar, circular y vivir en paz”, y cerró: “El orden no se negocia. No tengan dudas: no daremos ni un paso atrás”.

Este lunes se conoció el fallo de juez titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 11, Martín Cormick, que frenó la vigencia del protocolo para contener las movilizaciones sociales y cortes de calle, a partir de un reclamo del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales).

La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su conformidad con el fallo del juez Martín Cormick que suspendió el denominadp protocolo atipiquetes al considerar que la resolución del Ministerio de Seguridad avanzaba sobre atribuciones penales y procesales que exceden al Poder Ejecutivo.

A través de un comunicado, la central obrera valoró la decisión judicial que ordenó dejar sin efecto la resolución 943/2023, mediante la cual el Gobierno había establecido un protocolo para manifestaciones sociales que implicaran cortes de calle. La central sindical subrayó que la medida fue consecuencia de una acción de amparo impulsada por organizaciones sindicales y de derechos humanos.

Según expresó la CGT, el fallo se apoya en un argumento central: el Ministerio de Seguridad se había arrogado facultades en materia penal y procesal que no le corresponden y que son propias de otros poderes del Estado. Para la conducción sindical, ese exceso tornaba ilegal la aplicación del protocolo.

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“La decisión judicial no es un fallo más”, remarcaron desde la central, al señalar que la resolución ahora anulada funcionaba como una herramienta de criminalización de la protesta, orientada a disciplinar la movilización social impulsada por trabajadores y organizaciones gremiales.

En ese marco, la CGT reafirmó su compromiso con la libre expresión y el ejercicio democrático de los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras, y advirtió que continuará defendiendo esos principios en todos los ámbitos disponibles.

“La CGT bregará por la libre expresión y no dudará a la hora de dar esta batalla en la calle, en la Justicia o en el ámbito legislativo”, concluye el comunicado, en una señal de continuidad del conflicto con el Gobierno en torno a las políticas de seguridad y protesta social.