El Régimen Penal Juvenil que se debate en el Senado busca reducir la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. Según el texto, la nueva ley prioriza la resocialización y la educación del menor, garantizando el cumplimiento de sus derechos constitucionales y el acompañamiento de tutores especializados.

Asimismo propone diversas alternativas a la prisión, como servicios comunitarios y reparación de daños, aunque se mantiene la privación de la libertad para delitos graves con un límite máximo de 15 años.

El proyecto que lleva la firma de Alejandra Monteoliva y de Javier Milei, establece la responsabilidad civil de los padres y refuerza la protección integral de las víctimas. Finalmente, la transición hacia este sistema incluye un presupuesto específico y la invitación a las provincias para que adecuen sus normativas procesales locales.

Los opositores a la ley argumentan que no se ataca el problema de base del delito en esa franja etaria relacionado a la marginalidad, la pobreza y falta de contención del estado y, sobre todo, el narcotrafico.

El debate

El Senado de la Nación analiza un proyecto de ley que busca transformar profundamente el sistema de justicia para menores en Argentina, con el fin de reemplazar la normativa vigente desde 1980. El eje central de la propuesta es la baja de la edad de imputabilidad, estableciendo que los adolescentes podrán ser procesados penalmente a partir de los 14 años.

El nuevo régimen se aplicaría a adolescentes de entre 14 y 18 años de edad. Según el texto en debate, la finalidad primordial es fomentar en el joven el sentido de responsabilidad por sus actos, procurando su educación, resocialización e integración social para superar la situación de riesgo y conflictividad. Durante todo el proceso, se garantiza el cumplimiento de los derechos previstos en la Constitución Nacional y tratados internacionales.

Asimismo, se establece la intervención obligatoria de una asesoría tutelar y se reconoce el derecho de los padres a estar informados sobre el proceso, aunque también se dispone que estos serán civilmente responsables por los daños cometidos por sus hijos.Escala de Penas y Medidas AlternativasLa reforma propone un sistema de sanciones escalonado según la gravedad del delito:

• Delitos menores (hasta 3 años): La pena de prisión debe ser reemplazada por medidas alternativas como la amonestación, prestación de servicios a la comunidad, prohibición de concurrir a ciertos lugares o monitoreo electrónico.
• Delitos intermedios (3 a 10 años): Si no hubo violencia grave, muerte o lesiones gravísimas, y el joven no tiene antecedentes, el juez podrá optar por penas no privativas de la libertad.
• Límites a la reclusión: El proyecto prohíbe la reclusión o prisión perpetua para menores, estableciendo un plazo máximo de 15 años de privación de la libertad.

En caso de detención, el proyecto es taxativo: los adolescentes no podrán tener contacto con adultos y deberán ser alojados en institutos especializados con personal capacitado, garantizando su atención médica y psicológica.

Mediación y Suspensión del Proceso

Para agilizar la resolución de conflictos, se contempla la mediación penal en delitos con penas máximas de hasta 6 años, siempre que no haya habido víctimas fatales o lesiones graves. También se incluye la opción de suspensión del proceso a prueba (probation) para delitos que no excedan los 3 años de prisión.

Implementación y Financiamiento

De sancionarse, la nueva ley derogará el actual Régimen Penal de la Minoridad (Ley 22.278). Para su puesta en marcha durante el primer año, se prevé una partida presupuestaria de $23.739.155.303,08, invitando además a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar sus legislaciones procesales a estos nuevos estándares