Mensajes de odio

Procesaron a los cuatro miembros de Revolución Federal

Acusados de ejecutar un plan para imponer sus idea por la fuerza o el temor, quedaron procesados Morel, Sosa, Guerra y Basile de Revolución Federal.

Jueves 03 de Noviembre de 2022

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó este jueves, sin prisión preventiva, a Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, miembros de la agrupación Revolución Federal, a los que acusó de llevar a cabo un plan criminal que tuvo por objeto imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor. Además, dispuso embargos sobre sus bienes hasta cubrir el monto de 9 millones de pesos.

El magistrado los procesó por los delitos previstos en el artículo 213 bis del Código Penal, que prevé penas de hasta ocho años de prisión, y advirtió en su fallo que las conductas atribuidas a los imputados quedan por fuera de la protección constitucional de los derechos a la protesta y a la libre expresión de ideas, pues exceden el ejercicio de la libertad de expresión y el ámbito de reserva constitucionalmente amparado.

"Se considera materialmente acreditado que, a través de esta organización, los/as imputados/as llevaron a cabo un plan criminal, que tuvo por objeto imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor", sostuvo Martínez de Giorgi en su fallo de 60 páginas.

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Con esa finalidad "utilizaron sostenidamente en el tiempo manifestaciones intimidantes en distintas redes sociales -Facebook, Twitter e Instagram- y medios masivos de comunicación, repartiendo folletería y mediante protestas autoconvocadas, planificando, coordinando y difundiendo mensajes de odio, actos intimidatorios y manifestaciones violentas -principalmente en contra de autoridades del actual PEN y sus simpatizantes".

"Así, generaron el impacto deseado de incitar a la violencia colectiva en un número indeterminado de personas que pueden acceder libremente a las redes sociales mencionadas", aseveró el magistrado en el marco de la causa en la que interviene también el fiscal Gerardo Pollicita.

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Para los investigadores, la finalidad de los actos desarrollados por Revolución Federal "fue incitar permanentemente a la renuncia de los personajes públicos escrachados –pertenecientes a autoridades públicas de la actual gestión de gobierno–, mediante propaganda de contenido violento y el activismo social convocado".

El juez destacó en su fallo "la distribución de folletería y la utilización de determinadas insignias o lemas tales como 'Van a correr' o 'Todos presos, muertos o exiliados' –entre otros–, replicados en forma masiva en distintos medios y redes sociales, que utilizaron como herramienta de difusión, y donde sus mensajes, como se dijo, alcanzaban a un sinnúmero de personas".

Excarcelados

La Cámara Federal porteña concedió esta semana la excarcelación a los cuatro miembros de Revolución Federal que permanecían detenidos, por considerar que no hay elementos para sostener que la libertad de Morel, Sosa, Guerra y puede poner en riesgo la investigación judicial.

El referente de Revolución Federal, Jonathan Morel, tras ser puesto en libertad, aseguró que "jamás le haría daño a nadie" y que "no sabía" para quién estaba trabajando al momento de recibir pagos por parte de una empresa Caputo Hermanos, vinculada al exministro de Finanzas del gobierno de Cambiemos, Luis Caputo.

"Jamás le haría daño a nadie ni cometería ningún acto delictivo", aseguró Morel en declaraciones formuladas a la FM Radio Con Vos.

En ese marco, al ser consultado sobre los mensajes difundidos en la plataforma Twitter Space en los que amenazaba de muerte a la Vicepresidenta, se defendió diciendo que "fue tomado de una forma literal".

"Lo que estaría a mi alcance es acercarme a Cristina (Fernández de Kirchner) y decirle que la estoy pasando mal, que no me gusta para nada su gobierno. Jamás le haría daño a nadie ni cometería ningún acto delictivo. Es imposible que me acerque siquiera a la Vicepresidenta", afirmó.

En tanto, al ser consultado por las transferencias de dinero que recibió por parte de la empresa Caputo Hermanos, Morel aseguró que fue contratado luego de haber pasado "un presupuesto" para entregar unos muebles y reconoció que "la infraestructura" que disponía en el local que administraba "no le daba" para cumplir con el encargo.

"El kiosquero no puede fabricar los alfajores, los compra y los vende. No podía entonces fabricar la cantidad de muebles que se me pedían. Busqué a alguien que pudiera hacerlos. Luego los iba a vender y me iba a ganar una comisión", argumentó.

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