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Enriquecimiento ilícito

Piden que no prescriba la causa por el enriquecimiento de un excomisario

El exjefe de la UR X Juan Alberto Quesada fue sobreseído en septiembre por el paso del tiempo. La Fiscalía apeló y pidió que se avance en la pesquisa.

Miércoles 20 de Noviembre de 2019

Otra causa por enriquecimiento ilícito contra un alto jefe policial de Santa Fe se sumó a la lista de casos cerrados por el paso del tiempo: el comisario retirado Juan Alberto Quesada fue sobreseído al prescribir la causa que investigó el origen de su patrimonio iniciada hace 10 años. Con los plazos vencidos, la Fiscalía redobló la apuesta y le pidió a un juez que declare imprescriptible este tipo de delitos por considerar que atentan contra el sistema democrático. Los abogados del policía se oponen, plantean que el Estado no puede mantener a una persona sometida a proceso indefinidamente y señalan las demoras judiciales para tramitar un expediente donde aún está inconclusa una pericia esencial: la contable. Quesada es el tercer policía de alto rango sobreseído este año por prescripción de sus causas. Los casos cerraron porque pasaron más de seis años sin avances de peso en los expedientes y se vencieron los plazos con los que cuenta el Estado para investigar el delito de enriquecimiento ilícito. En abril cerró el proceso contra el excomisario Osvaldo Daniel Toledo, quien fuera jefe de la Policía santafesina durante la gestión de Hermes Binner. Pasaron más de seis años sin que lo llamaran a declarar. La misma medida alcanzó en agosto al exjefe de la Unidad Regional VI, de Villa Constitución, Rodolfo Romero.

Resolución de la Corte

El cierre de esas causas impulsó en septiembre una doble resolución de la Corte Suprema de Justicia provincial. Por un lado el máximo tribunal santafesino lanzó un pedido de informes para saber en qué estado se encuentran los procesos penales iniciados hace más de 10 años a jefes policiales con incrementos en su patrimonio: ninguno de esos casos llegó a condena. Por otro, ordenó una investigación interna para saber si hubo responsabilidad de funcionarios en el parate de esos trámites.

Se trata de causas de alta relevancia pública que el procurador general de la Corte santafesina, Jorge Barraguirre, ordenó perseguir con especial atención en cuatro ocasiones. Los expedientes estuvieron mucho tiempo en la etapa de investigación administrativa en la Dirección de Asuntos Internos de la fuerza, una repartición que depende de la propia Policía. Una vez judicializados soportaron demoras y largas pericias contables. Luego llegó la transición del viejo sistema inquisitivo al nuevo sistema penal que terminó de estirar los plazos. En ese contexto, a la lista de casos cerrados se sumó ahora el del comisario mayor retirado en 2005 Juan Alberto Quesada, quien fuera jefe de la Unidad Regional X, con asiento en Cañada de Gómez.

El 17 de septiembre el juez Juan José Alarcón le dictó a Quesada el sobreseimiento por prescripción de la acción penal ante un pedido de sus abogados. Habían pasado 10 años desde que lo llamaron a indagatoria y siete desde que se concretó esa medida que frena el conteo hacia la prescripción de la causa. El plazo para esa prescripción en una investigación por enriquecimiento ilícito es de seis años, es decir, el máximo de la pena prevista para esa figura penal.

Apelación

El fiscal Gonzalo Fernández Bussy apeló el sobreseimiento de Quesada y ayer expuso sus argumentos en una audiencia pública ante el juez de la Cámara Penal Gustavo Salvador. Entonces dijo que lo hacía siguiendo instrucciones de su superior jerárquico y habló de la complejidad de una causa en la que se ordenaron una extensa pericia contable, tasaciones de los bienes atribuidos al investigado, pesquisas patrimoniales y pedidos de informes aún pendientes de ser respondidos.

Quesada comenzó a ser investigado en octubre de 2004, cuando ingresó a la Dirección de Asuntos Internos una denuncia anónima de una organización llamada Asociación de Amigos de la Moral Policial. La pesquisa administrativa arrojó que manejaba taxis –en esa época no era una actividad incompatible con su función– y era propietario de tres inmuebles. Uno en Mendoza al 5700, otro en Bordabehere al 5000 y, el más costoso, un departamento en Corrientes al 100, en el centro de la ciudad. Ante ello lo intimaron a que justificara su patrimonio y en febrero de 2009 se judicializó el caso.

La causa ingresó al entonces Juzgado de Instrucción Nº 4, que estaba a cargo del juez Juan Carlos Vienna. El 19 de aquel mes Quesada fue llamado a indagatoria, pero la medida recién se concretó tres años más tarde, el 28 de marzo de 2012. En tanto, la pericia contable comenzó en agosto de 2014.

Según el fiscal, esa pericia concluyó en marzo de 2018 y arrojó que se advertía un “incremento apreciable” del patrimonio del policía incompatible con sus ingresos como hombre de la fuerza.

Pero el trámite no cerró ahí. Entre abril y mayo de 2018 se pidió la ampliación de algunos puntos de la pericia patrimonial. Fue entonces que los abogados Emiliano Díaz y Martín Bozikovich, en nombre del exjefe policial, solicitaron la prescripción. La causa pasó al nuevo sistema penal en octubre de 2018 y en octubre el juez Alarcón concedió el pedido de la defensa.

De un lado y del otro

Al apelar, el fiscal no analizó la cuestión de los plazos, indudablemente vencidos. Fue más lejos y le pidió a Salvador que declare imprescriptibles estos delitos, tal como había propuesto hace dos meses el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini. Para ello se basó en el artículo 36 de la Constitución nacional que prevé supuestos de gravedad institucional y consideró que estos delitos atentan contra el sistema democrático. En ese marco citó como precedente la causa IBM-DGI, declarada imprescriptible en 2018 por la Cámara Federal de Casación Penal.

Los defensores contestaron con una batería de planteos jurídicos y una severa advertencia sobre los riesgos de permitir una persecución interminable del Estado, que en este caso contó con un amplio margen de tiempo para investigar. Asimismo, los abogados remarcaron que los plazos están vencidos porque en 2013, ante un planteo previo de prescripción que entonces fue rechazado, otros tres jueces de la Cámara Penal habían fijado la indagatoria como fecha para el conteo de los términos.

Pero además cuestionaron que se definió el valor de los inmuebles en base a la cotización del dólar blue al momento de la pericia y no al costo oficial de 1993. Según ellos, en aquel entonces los bienes fueron adquiridos en cuotas y, según indicaron, con ayuda de una herencia percibida por el oficial, cuando la zona de Corrientes y el río estaba limitada por un extenso paredón que tapaba viejos galpones ferroviarios y que por lo tanto no tenía el valor inmobiliario actual.

“La apelación debe ser rechazada”, cerraron los defensores. Quesada, sentado junto a sus abogados, escuchó los planteos en silencio. El juez le ofreció la posibilidad de expresarse pero el excomisario declinó de hablar. Entonces Salvador fijó un cuarto intermedio para estudiar el caso antes de dar a conocer su resolución en los próximos días

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