El Ministerio de Seguridad oficializó un protocolo para agentes encubiertos digitales y creó una escuela especial para su formación como parte de la reestructuración de las fuerzas de seguridad que lleva adelante la ministra Patricia Bullrich. La medida permite usar identidades ficticias registradas en el Renaper y refuerza la vigilancia en redes sociales, generando críticas por el posible avance del control estatal sin supervisión judicial y por los riesgos para los derechos y libertades individuales.

La figura del agente encubierto fue introducida por la Ley 27.319 en 2016, permitiendo que efectivos policiales se infiltren en organizaciones criminales ocultando su verdadera identidad. Sin embargo, el nuevo protocolo representa un giro hacia el plano digital: los infiltrados podrán crear perfiles falsos en redes sociales, participar en conversaciones y chats privados, e incluso buscar "revelar" delitos cometidos en entornos virtuales.

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Redes sociales bajo vigilancia

El procedimiento establece que, tras el pedido judicial de infiltración, la fuerza selecciona al agente, quien debe ser aprobado por el abogado Fernando Soto (mano derecha de Bullrich). Luego se genera una identidad ficticia registrada oficialmente en el Renaper. Lo más polémico: esta identidad podrá mantenerse activa incluso después de finalizada la misión.

Críticas y preocupaciones: "Más inteligencia sin control"

Diversas organizaciones de derechos humanos manifestaron su alarma ante la medida. "Están legalizando prácticas que antes eran irregulares y ampliando las potestades de las fuerzas sin control judicial efectivo", advirtió María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).

Por su parte, Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre, puso el foco en el impacto institucional de registrar identidades ficticias en bases de datos oficiales. “Esto es lo más grave: permitir que existan personas legales que no existen en la realidad. Es un salto preocupante en las capacidades de vigilancia del Estado”, sostuvo.

Escuela de infiltrados: una estructura oficial con aliados del Gobierno

Además del nuevo protocolo, el Ministerio creó una estructura de formación específica. Se trata del Consejo Académico, que será presidido por el juez Ricardo Basílico e integrado por funcionarios de Seguridad, representantes de las fuerzas y figuras cercanas al círculo de Bullrich y de la vicepresidenta Victoria Villarruel. El Consejo tendrá un mandato de tres años, lo que le garantiza continuidad institucional aún si la ministra deja el cargo.

Basílico ya había trabajado con el núcleo duro del Ministerio al integrar la comisión para la reforma del Código Penal junto a Fernando Soto y Carlos Manfroni, actual jefe de Gabinete de Bullrich.

Un escenario político tenso

En un contexto marcado por tensiones internas en el oficialismo, el avance de Bullrich sobre el aparato de inteligencia genera interpretaciones políticas. "Parece que cada sector del Gobierno arma su propio servicio de inteligencia. Es una amenaza para la democracia", alertó la diputada Myriam Bregman (FIT-U).

El despliegue de estos dispositivos contrasta con el ajuste económico, el aumento de la pobreza y las denuncias por represión social. Desde sectores críticos acusan a Bullrich de utilizar el aparato estatal para perseguir voces disidentes, mientras organismos internacionales siguen con atención el estado de los derechos humanos en el país.