El Gobierno oficializó la reducción de aranceles de importación para teléfonos celulares a través del Decreto 333/2025, publicado en el Boletín Oficial. El plan se ejecutará en dos tramos: el primero ya entró en vigencia con una baja del 16% al 8%, mientras que el segundo se aplicará el 15 de enero de 2026, cuando el arancel será eliminado por completo, llevándolo al 0%.

La decisión fue firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, y se enmarca en una serie de políticas orientadas a liberalizar el comercio y promover la competencia interna.

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Según el texto oficial, “en el marco de la autorización conferida por la Decisión N° 8/21 del Consejo del Mercado Común, resulta necesario incorporar en el Anexo IV del Decreto N° 557/23 (…) fijándoles en 8% la alícuota correspondiente al Derecho de Importación Extrazona (DIE) a partir de la entrada en vigencia del presente decreto y en un 0% a partir del 15 de enero de 2026”.

El decreto también contempla otras modificaciones en la estructura arancelaria. Por ejemplo, “resulta conveniente eliminar del Anexo V del Decreto N° 557/23 (…) las mercaderías comprendidas en la posición arancelaria (…) 9504.50.00 ‘Videoconsolas y máquinas de videojuego excepto las de la subpartida 9504.30′”, que pasarán de tributar un 35% al 20% correspondiente al Arancel Externo Común (AEC).

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Inclusión digital y mejora de precios

El Gobierno explicó que la baja de aranceles “mejorará las condiciones de oferta de los bienes de la medida, reducirá los precios de mercado y facilitará, consecuentemente, el acceso de los consumidores a dichos productos, promoviendo la inclusión digital y el desarrollo tecnológico”. De este modo, la administración nacional busca alinear los precios internos con los del resto del mundo y aumentar la oferta disponible.

“La medida producirá una baja general de los precios y un aumento de la oferta de más y mejores modelos a través de una mayor competencia”, aseguró un legislador porteño. Además, señaló que “se habilitará el courier entre el área aduanera especial y el continente para mejorar la logística y la llegada al consumidor final a menor precio”.

Estas decisiones apuntan a desarmar un sistema de altos costos que, según el Gobierno, afectaba directamente al bolsillo de los consumidores y fomentaba el turismo de compras en el exterior.