La proporción de funcionarias en los cargos jerárquicos de la Administración Pública Nacional (APN) experimentó un marcado descenso en los últimos cuatro años, al pasar del 39% al 22%. Esta caída de 17 puntos porcentuales deja casi ocho de cada diez puestos de máxima responsabilidad en manos de varones, un fenómeno que ocurre en paralelo a la reestructuración del aparato estatal y la eliminación de organismos dedicados a políticas de género.

Radiografía de los datos: menos cargos y menor representación

El análisis de la estructura estatal centralizada revela un universo de 194 posiciones jerárquicas de designación política, integradas por la Jefatura de Gabinete, nueve ministerios, 50 secretarías y 134 subsecretarías. De esos puestos, 177 se encontraban ocupados en abril —138 por hombres y 39 por mujeres— mientras que 17 permanecían vacantes.

La cifra representa un retroceso sostenido frente a años anteriores: en octubre de 2022, sobre 291 cargos, las mujeres ocupaban el 39% (frente al 61% masculino), mientras que en 2023 alcanzaban el 37% sobre 295 posiciones.

El declive resulta aún más evidente al contrastarlo con el empleo público general: en el conjunto de casi 359.000 trabajadores estatales nacionales, las mujeres representan el 39% y los hombres el 61%. Así, aunque ellas integran casi cuatro de cada diez puestos globales en la administración pública, su presencia se reduce a dos de cada diez en los niveles de máxima decisión.

Al respecto, la politóloga y magíster en Administración Pública Débora Lopreite señala a El Auditor que esta disparidad no es solo una cuestión de representación numérica, sino que afecta directamente la participación femenina en los espacios donde se definen las grandes prioridades económicas, presupuestarias, energéticas o de seguridad.

Repliegue en ministerios y secretarías

La disminución de la presencia femenina se observa en todos los escalafones de la conducción pública:

• Ministerios: En 2022 existían 19 ministerios y cuatro estaban encabezados por ministras (Desarrollo Social, Trabajo, Salud y Mujeres, Géneros y Diversidades); en la actualidad, ellas lideran solo dos de los diez ministerios considerados en la estructura centralizada. Además, el Ministerio de las Mujeres perdió su rango institucional al pasar a la órbita de Justicia y dejó de funcionar en junio de 2024.
• Secretarías y Subsecretarías: En los niveles inferiores de la cúpula estatal, la proporción de mujeres disminuyó del 37% al 15% en las secretarías y del 42% al 25% en las subsecretarías.

Lopreite advierte que la eliminación de organismos especializados desmantela capacidades clave para generar información técnica, coordinar políticas e integrar la perspectiva de género de forma transversal en las decisiones del gobierno.

Segregación horizontal y "paredes de cristal"

La distribución por carteras gubernamentales refleja una severa disparidad sectorial:

• Defensa no cuenta con ninguna mujer entre los cargos jerárquicos relevados.
• Seguridad registra una mujer de 13 posiciones y Justicia una de ocho.
• Economía cuenta con siete mujeres entre 45 cargos; Cancillería, dos de nueve; e Interior, dos de diez.
• Las mayores proporciones se concentran en el Ministerio de Capital Humano (37%, con siete cargos ocupados por mujeres sobre 19) y en la Presidencia junto a la Jefatura de Gabinete (alrededor del 32%).

Esta configuración evidencia la persistencia de "paredes de cristal" y de una acentuada segregación horizontal. Lopreite explica que las carteras tradicionalmente masculinizadas —como Economía, Energía, Defensa o Seguridad— ganaron centralidad en la estructura gubernamental, en detrimento de áreas sociales o de cuidados.

Por su parte, la politóloga Mariana Chudnovsky sostiene que, cuando las ministras logran acceder a cargos en carteras feminizadas, tienden a nombrar funcionarias en esas mismas áreas, reproduciendo la concentración de mujeres en espacios de menor prestigio relativo e influencia presupuestaria.

Decisión política y flexibilidad institucional

Las especialistas coinciden en que el achicamiento de la estructura pública no explica por sí solo la caída del liderazgo femenino. Chudnovsky enfatiza que el fenómeno responde a la confluencia entre la reestructuración del aparato estatal, la cancelación de áreas feminizadas y una orientación política no enfocada en respaldar las agendas de inclusión y paridad.

A su vez, Lopreite remarca la vulnerabilidad de las capacidades estatales frente a la flexibilidad del diseño institucional argentino, donde los ministerios pueden crearse, reconfigurarse o eliminarse mediante decretos de necesidad y urgencia según las prioridades del Ejecutivo.

En última instancia, concluyen las expertas, el retroceso trasciende la cifra de funcionarias designadas e incide directamente en qué temas ingresan a la agenda pública y quiénes participan en las decisiones sobre qué políticas continúan, cuáles se reestructuran y cuáles dejan de ser una responsabilidad del Estado.