Este jueves a las 11 se comenzarán a debatir los distintos proyectos sobre la reforma de la movilidad jubilatoria en la Cámara de Diputados de la Nación, mientras desde el Gobierno afirman que hay que esperar que se envíe su propuesta en la nueva Ley Bases. En este contexto la situación de los jubilados es apremiante por los efectos de la inflación y el recorte en prestaciones sociales.

La semana pasada fracasó una sesión pedida por Hacemos Coalición Federal, que buscaba acelerar los tiempos de esta discusión, pendiente desde el fracaso de la ley ómnibus en el verano. La idea era emplazar con día y hora a las comisiones, pero no se reunió quórum en el recinto.

Posteriormente, el oficialismo habilitó la conformación de la Comisión de Previsión, cabecera de los proyectos presentados. Durante el encuentro, por cuestiones administrativas que no se previeron adecuadamente, asumió Karina Banfi de forma provisoria. El ofrecimiento a la UCR por parte de La Libertad Avanza para presidir la comisión se dio entre el final de la sesión en minoría y el comienzo de esa reunión.

Durante el encuentro, varios diputados reclamaron establecer un cronograma de tratamiento, entre ellos lo hicieron con énfasis miembros de la Coalición Cívica. Allí se pidió ir prontamente a un plenario con Presupuesto y Hacienda, comisión presidida por el oficialista José Luis Espert.

Sin embargo, para este jueves fue solamente convocada Previsión y Seguridad Social, que estará presidida por la diputada cordobesa Gabriela Brouwer (UCR). Esto tiene que ver con la postura, tanto de Espert como del resto de La Libertad Avanza, de no anticiparse al debate antes que sea enviada por parte del Poder Ejecutivo la nueva ley de Bases, cuyo borrador conocido en los últimos días contiene una propuesta al respecto. Y esto pasaría recién después de Semana Santa, indicó Parlamentario.

De acuerdo a ese texto, que circuló entre jefes de bloques dialoguistas y gobernadores, el Gobierno propone que los haberes previsionales se actualicen mensualmente por inflación y que la primera actualización “se hará efectiva a partir del 1° de abril de 2024”. Pero, a diferencia de lo que plantean diputados de la oposición, que buscan que se compense la inflación de enero (20,6%), el oficialismo estima un 10% de plus. En ese aspecto radica la mayor discrepancia.

Entre las iniciativas para modificar la actual fórmula, hay presentadas por Juan Manuel López (CC-ARI), María Eugenia Vidal (Pro), Gisela Marziotta (UP), Pedro Galimberti (UCR), Alejandra Torres (HCF), Danya Tavela (UCR) y María Sotolano (Pro).

En este marco el vocero presidencial, Manuel Adorni, negó que el Gobierno vaya a implementar una nueva fórmula de movilidad por decreto, porque es algo que debe debatirse en el Congreso. Sin embargo, la idea original de la ley de Bases -de diciembre- era suspender el esquema actual y dar aumentos discrecionales desde el Ejecutivo hasta tanto se sancione un nuevo cálculo. De hecho, fue lo que en 2020 hizo Alberto Fernández, hasta que en 2021 se aprobó la nueva fórmula, que combina el índice RIPTE y la recaudación para actualizar los haberes, hoy cuestionada por la pérdida que resultó en el poder adquisitivo de los jubilados ante la altísima inflación del último año.

Mientras los diputados se aprestan a comenzar el debate en comisiones Javier Milei rechaza cualquier proyecto de reforma jubilatoria y afirma que la movilidad en los haberes de los jubilados debe ir atada a una reforma laboral.

Los proyectos ingresados

Se presentaron varios proyectos referidos a cambios en el actual régimen previsional, movilidad jubilatoria y eliminación de jubilaciones de privilegio de expresidentes y exvicepresidentes, jueves y obispos.

La idea del Gobierno es ajustar los haberes de jubilados por índice de inflación (Indec) a partir de abril, pero sin compensar los aumentos de precios acumulados desde diciembre. Por este motivo, el la Cámara de Diputados se comenzarán a debatir varios proyecto que intentan corregir ese desacople.

Coalición Cívica

El proyecto de la Coalición Cívica (CC) modifica el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y crea una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

La iniciativa propone aumentos de las jubilaciones a partir de abril por el Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) correspondiente al segundo mes inmediato anterior al de la prestación a actualizar + una compensación por la inflación de enero y febrero con un plus de 20,6% (inflación de enero). Además dispone que, en ningún caso, la fórmula disminuya la prestación que percibe el beneficiario.

Hacemos Coalición Federal

En tanto la iniciativa presentada por Alejandra Torres y Ricardo López Murphy (Hacemos Coalición Federal) denominada "Transición hacia el ordenamiento previsional" revoca la fórmula vigente sobre movilidad jubilatoria y establece que la movilidad será mensual, basada en la inflación (IPC) con un adicional fijo del 20% para jubilados con los aportes completos. (El primer ajuste por movilidad sería en abril, basado en los indicadores trimestrales).

Por otra parte, suspende las moratorias previsionales para los jubilados de Anses que no hayan cumplido con los 30 años laborales y mantiene el bono de $ 70.000 para jubilados de la mínima.

Establece, además que quienes cobren por régimen de moratoria tendrán un equivalente a la pensión universal para el adulto mayor (PUAM).

Propone una cancelación de deudas de juicios pendiente de pago con el objetivo de evitar intereses y la creación de un Fondo de sustentabilidad para pagar bonos y deudas. Finalmente propone eliminar las jubilaciones de privilegio a presidente y vice.

PRO

El Proyecto de María Sotolano (PRO) modifica incisos del artículo 17 de la ley 24.241. Las jubilaciones serán móviles y el cálculo se basará en un 70% en las variaciones del IPC de Indec y un 30% por coeficiente que surja de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), conforme la fórmula aprobada en el Anexo de la ley 27.426.

En ningún caso la aplicación de dicho índice podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario. La formulas se aplicará trimestralmente (marzo, junio, septiembre y diciembre). La primera actualización se practicará en el mes que corresponda inmediatamente posterior a la promulgación de la presente ley.

Se otorga un bono compensatorio por la perdida del poder adquisitivo del haber previsional producto de la derogación de la ley 27.426, por única vez durante el mes de marzo.

Jubilaciones de privilegio

También se presentaron otros proyectos para eliminar jubilaciones de privilegio de expresidentes y exvicepresidentes.

Uno pertenece a María Eugenia Vidal (PRO). Propone eliminar las asignaciones mensuales vitalicias destinadas a Presidente y Vicepresidente de la Nación, establecidas por ley 24.018. Al finalizar su mandato, le resultan aplicables las previsiones de la Ley 24.241, del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

Otro proyecto pertenece al entrerriano Pedro Galimberti (JxC) Propone modificar el régimen de jubilaciones y pensiones vitalicias que perciben Presidente, Vicepresidente y Jueces de la Corte Suprema de Justicia y que se limiten a un haber máximo de 12 haberes mínimos jubilatorios, y a 10 jubilaciones mínimas para los vicepresidentes.

Se elimina la posibilidad que puedan percibirse jubilaciones y pensiones de privilegio dobles en caso de haber sido vicepresidente y presidente.

Se modifica la Ley N.º 21.540 relacionada con las pensiones vitalicias de arzobispos y obispos católicos (actualmente perciben lo que un Juez de Primera Instancia). Para arzobispos y obispos se reduzcan a 10 haberes mínimos jubilatorios y a 8 para sacerdotes.

En el mismo sentido la diputada Gisela Marziotta (UxP) propuso la restricción de los beneficios para los funcionarios judiciales y la eliminación para los funcionarios públicos en el extranjero como embajadores, ministros y cónsules.

Propone incluir a los funcionarios del Poder Judicial de la Nación comprendidos en la Ley 24.018 y a todos los diplomáticos comprendidos en la Ley 22.731, al régimen previsional general de la Nación en forma gradual para “hacer más equitativa la distribución de recursos del sistema previsional y reducir la gigantesca asimetría que beneficia a jueces y diplomáticos”.