La posible adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) encendió las alarmas en el sector sanitario y científico del país. El acuerdo internacional, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), permite gestionar la protección por patente en múltiples países a la vez mediante una única solicitud.

Especialistas advierten que la adhesión al acuerdo internacional impulsado a pedido de Estados Unidos encarecerá los remedios, limitará el acceso a la salud pública y beneficiará principalmente a las multinacionales farmacéuticas.

Según advierten expertos de la salud, su aprobación provocaría un drástico aumento en el precio de los medicamentos, pondría en riesgo la industria farmacéutica local y debilitará profundamente el acceso a la salud pública.

El proyecto, cuyo debate se encuentra actualmente en el Senado pero es considerado una prioridad para el Poder Ejecutivo nacional, responde a un requerimiento realizado por Estados Unidos en el marco de un acuerdo comercial firmado en febrero de 2026. Como antecedente directo, en marzo de 2026 el Gobierno derogó las guías de patentabilidad técnica vigentes desde 2012 para "alinear los controles locales con estándares internacionales de propiedad intelectual", normativa que hasta entonces frenaba el monopolio prolongado de las corporaciones y promovía la fabricación local de genéricos más económicos.

¿A quiénes perjudicará la aplicación del PCT?

Los análisis y advertencias del sector sanitario coinciden en que el impacto de este tratado afectará de forma severa y directa a diversos sectores clave de la sociedad argentina.

La aplicación del tratado provocará que los medicamentos resulten "inalcanzables para la mayoría de la población". Quienes sufrirán de manera más directa esta barrera económica son los sectores de menores ingresos, las personas con discapacidad y los adultos mayores. Especialistas advierten que la medida profundizará la falta de acceso a tratamientos indispensables.

También sufrirá el sector de la Salud Pública por el incremento en los valores de los remedios bajo esquemas de monopolio. Resultará imposible para el sistema sanitario público continuar proveyendo medicamentos de manera gratuita a la comunidad. Esta situación se agrava en un escenario donde el presupuesto nacional de Salud sufrió recortes superiores al 30% y una reducción masiva en programas de provisión estatal como el Plan Remediar.

Asimismo la industria farmacéutica nacional y la ciencia tendrán consecuencias negativas. Al conceder derechos exclusivos de producción y comercialización por 20 años (prorrogables mediante modificaciones menores en las fórmulas), la medida bloquea la fabricación local de genéricos, destruye el empleo en laboratorios nacionales y frena el desarrollo científico y tecnológico local, imponiendo una fuerte dependencia de insumos importados en dólares.

Los grandes beneficiarios

En contraposición a los perjuicios sobre la población y la industria local, el esquema del PCT está diseñado a la medida de las multinacionales farmacéuticas y los grandes fondos de inversión extranjeros.

Al garantizar la exclusividad de mercado por décadas, estos actores corporativos obtienen la facultad de fijar precios de manera unilateral y sin competencia local.Desde organizaciones del sector, como la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP), señalan que el tratado representa la consolidación de un modelo de dependencia tecnológica que deja la salud de la población a merced de corporaciones internacionales y precios exorbitantes.