El Gobierno argentino elevó este lunes la presión diplomática sobre el Reino Unido por las actividades hidrocarburíferas en las Malvinas. A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, Javier Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos a iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), con el objetivo de frenar la explotación del proyecto Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte.

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La administración de Milei intimó además al Reino Unido a detener las operaciones vinculadas con el proyecto en un plazo de dos semanas. Si no recibe una respuesta favorable, Argentina anticipó que solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) medidas provisionales para preservar los derechos que reivindica sobre su plataforma continental.

Denuncia por vuelos entre Malvinas y Chile

En paralelo, el Ejecutivo informó que detectó operaciones de la empresa THALES UK LIMITED en la ruta aérea entre las Islas Malvinas y Punta Arenas, realizadas mediante una aeronave con matrícula del Reino Unido y, según la denuncia oficial, sin autorización de las autoridades argentinas.

Milei ordenó iniciar procedimientos sancionatorios y denuncias penales contra la compañía, además de avanzar con las gestiones diplomáticas correspondientes. La actividad estaba vinculada con una delegación de empresarios radicados en las islas que participó de una ronda de negocios con proveedores chilenos, en el marco de iniciativas para profundizar los vínculos comerciales con el sur de Chile.

El proyecto petrolero Sea Lion

El arbitraje anunciado por Argentina apunta a impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte mediante el proyecto Sea Lion y a cuestionar otras medidas que, según el Gobierno, puedan modificar la situación mientras continúa la controversia de soberanía.

El emprendimiento es impulsado por Rockhopper Exploration, de origen británico, y Navitas Petroleum, con sede en Israel. Ambas compañías anunciaron avances para el desarrollo del yacimiento, ubicado frente a las islas. La Cancillería argentina sostiene que las actividades hidrocarburíferas en esa zona se realizan sin autorización de las autoridades nacionales.

El Gobierno fundamenta su posición en la controversia de soberanía reconocida por Naciones Unidas y en las resoluciones de la Asamblea General que instan a Argentina y al Reino Unido a buscar una solución mediante negociaciones y a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que modifiquen la situación mientras continúe el diferendo.

La vía internacional que planteó Argentina

La CONVEMAR establece el régimen jurídico de los espacios marítimos y de la plataforma continental. Argentina sostiene que, bajo ese marco, determinados recursos hidrocarburíferos ubicados en el área en disputa forman parte de espacios sobre los cuales reivindica derechos soberanos.

El Gobierno ya había profundizado su estrategia contra el desarrollo de Sea Lion en septiembre. El 3 de ese mes anunció nuevas medidas legales y administrativas frente al avance del proyecto, mientras que el 22 de septiembre Cancillería presentó una protesta formal ante el Reino Unido por la extensión de licencias hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina.

De acuerdo con el comunicado presidencial de este lunes, si Londres no cumple con el requerimiento dentro del plazo establecido, Argentina recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas provisionales.

Aumenta la tensión entre Buenos Aires y Londres

La nueva medida se produce en un contexto de creciente tensión diplomática por las actividades económicas y militares vinculadas con las islas. El Gobierno argentino cuestionó también la posición británica expresada luego del discurso de Milei ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

En su comunicado, Presidencia sostuvo que la denominación de las islas como “Territorio Británico de Ultramar” y el referéndum realizado en 2013 no modifican, desde la posición argentina, la existencia de la controversia de soberanía reconocida por Naciones Unidas.

A su vez, Londres mantiene su administración sobre el archipiélago y sostiene una posición contraria al reclamo argentino. En paralelo, el Reino Unido confirmó que los cuatro cazas Typhoon Tranche 1 desplegados en las islas serán reemplazados por aeronaves Tranche 2 a fines de noviembre de 2027, una rotación que, según las autoridades británicas, estaba prevista con anterioridad.

En el plano judicial argentino, una medida cautelar dictada por la Justicia Federal de Río Grande ordenó a las empresas involucradas abstenerse de iniciar o continuar determinadas obras necesarias para poner en marcha el proyecto.

La Cancillería, además, mantiene gestiones diplomáticas con otros países en relación con la explotación de recursos en la zona. El Gobierno argentino busca así combinar las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas disponibles para cuestionar el avance de Sea Lion.