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La Corte Suprema no mandará cambiar el número de diputados

La Corte Suprema dice que no puede ordenar que se cumpla el artículo 45 de la carta magna. Algunas jurisdicciones perderían legisladores nacionales

Lunes 19 de Abril de 2021

La Corte Suprema de Justicia de la Nación no hizo lugar al pedido para que ordene al Congreso nacional que, para las próximas elecciones de diputados nacionales, actualice la representación de acuerdo al último censo poblacional realizado en el país. Lo resolvió en la causa “Sisti, Pedro Luis y otro c/ Estado Nacional y otros s/ amparo” en un fallo que contó con la opinión mayoritaria de los supremos Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, y la disidencia de Horacio Rosatti. La parte demandante, conjuntamente con la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) acudió al máximo tribunal para atacar la llamada “ley Bignone” y argumentó que de no actualizarse el número de diputados de acuerdo al último censo de 2010, manteniéndose de tal manera la misma representación desde hace más de 35 años, el Estado nacional está incurriendo en una violación, por omisión, del mandato explícito contenido en la parte final del artículo 45 de la Constitución nacional que establece: “Después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada para cada diputado”.

No transformar al tribunal

El fallo explicó que el objeto del litigio, en los términos en que fue planteada la demanda, revela que es el Estado nacional a través del Poder Legislativo el único obligado y con posibilidades de cumplir con el mandato restitutorio de los derechos que se denuncian como violentados, en el supuesto de admitirse la pretensión.

Los jueces analizaron si se encuentran facultados para asumir la acción interpuesta en el marco de su jurisdicción originaria y exclusiva prevista en el artículo 117 de la Constitución nacional y señalaron: “No es posible mediante el instituto procesal de la intervención de terceros, transformar al Tribunal en un nuevo foro en el que se debatan cuestiones que deber ser tratadas en otros cauces deliberativos, distintos a esta jurisdicción restrictiva y excepcional”.

En ese sentido, agregaron: “Teniendo en cuenta el objeto perseguido, cual es la declaración de inconstitucionalidad de una ley y la conminación al Poder Legislativo para el dictado de otra en

su lugar en un plazo determinado, la citación de las provincias en los términos pretendidos importaría tanto como convertir al Tribunal en un órgano deliberativo con el fin último de obtener una sentencia que determine los criterios a los cuales debería ajustarse el legislador a los efectos del dictado de la norma omitida”.

Finalmente, los supremos expresaron: “Aceptar la pretensión exigiría apartarse del procedimiento habilitado por la Constitución para la formación de las leyes, arrogándose el Poder Judicial mayores facultades que las que le han sido conferidas expresamente...”.

Gobierno de facto

Por su parte, Rosatti apuntó al hecho de que se estaba atacando la demanda enderezada a proteger el fiel funcionamiento del sistema democrático diseñado en la Constitución nacional “pone en evidencia que las reglas que gobiernan un acto cúlmine de autogobierno como las elecciones de Diputados son hasta hoy reglas que supo dictar un gobierno de facto”. El ministro de la Corte propició que se de intervención a la Procuración del Tesoro. Sin embargo, el criterio que primó fue el que consideró que no es posible mediante el instituto procesal de la intervención de terceros “transformar al Tribunal en un nuevo foro en el que se debatan cuestiones que deber ser tratadas en otros cauces deliberativos, distintos a esta jurisdicción restrictiva y excepcional”.

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