La Corte Suprema de Justicia sesionará este viernes a las 9 para resolver una disputa sobre la Ley de Tierras Rurales. El tribunal analizará una medida cautelar que podría restablecer las restricciones a la compra de campos por extranjeros, eliminadas mediante el artículo 154 del DNU 70/2023 del presidente Javier Milei.

El expediente incluye una presentación de la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades Lafkenche y Lof Fcta Anecon, y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. Los demandantes cuestionaron la constitucionalidad del artículo 154 del DNU, que derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales, y solicitaron que se restituyan las limitaciones que regían sobre la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

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La Ley de Tierras, en manos de la Corte Suprema

En caso de que la Corte haga lugar a la medida cautelar, las restricciones volverían a estar vigentes mientras continúa la discusión judicial. Especialistas en derecho constitucional advierten que una resolución directa del máximo tribunal, sin devolver el expediente a un juzgado de primera instancia, constituiría una decisión excepcional.

La convocatoria extraordinaria responde a la falta de consenso entre los tres integrantes de la Corte, Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti. Ante la imposibilidad de alcanzar la unanimidad necesaria para avanzar en la resolución del caso, el tribunal convocó a dos conjueces para completar la integración y destrabar la controversia.

Los magistrados designados son Diego Barroetaveña, integrante de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Ambos cuentan con una extensa trayectoria judicial. Barroetaveña, cercano a Rosatti, integra el Consejo de la Magistratura, mientras que Pérez Curci es discípulo del juez de Casación Carlos Mahiques, padre del actual ministro de Justicia.

Los dos camaristas también compartieron hasta diciembre del año pasado su participación en tribunales vinculados con la Asociación del Fútbol Argentino. Ambos renunciaron a esas funciones luego de que la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia solicitara a la Corte que ordenara el cese de todos los jueces que integraban esos órganos.

La urgencia de la convocatoria quedó reflejada en una resolución firmada el miércoles a las 19.09 por el secretario de la Corte, Sergio Miguel Nápoli. El documento redujo de 72 a 24 horas el plazo habitual para que quedara consentida la integración del tribunal y habilitó expresamente días y horas inhábiles, en atención a las circunstancias particulares de la causa.

El conflicto judicial se inició en diciembre de 2023, cuando Árbol de Pie y los demás demandantes presentaron una acción ante la Justicia Federal de Bariloche. Posteriormente, el expediente fue remitido a la Cámara Federal de La Plata por su vinculación con otra causa impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata, conocido como CECIM. Sin embargo, hasta el momento, ningún tribunal había analizado el fondo del planteo presentado por las organizaciones y la legisladora.

Los impulsores de esta nueva presentación sostienen que su legitimación judicial es propia y diferente de la invocada por el CECIM. En lugar de fundamentar su reclamo en la defensa de la soberanía nacional, argumentan que están en juego derechos colectivos relacionados con la protección del ambiente y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas sobre sus territorios ancestrales.

La convocatoria se produce luego de que, el martes de la semana pasada, la Corte revocara una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023. En aquella oportunidad, el máximo tribunal sostuvo que el Cecim no tenía legitimación activa para promover el amparo, por lo que no se pronunció sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras.

La decisión generó fuertes cuestionamientos y reavivó la disputa política en torno al decreto presidencial. Desde la oposición surgió la posibilidad de impulsar en el Congreso la derogación integral del DNU 70/2023, con una sesión especial prevista para el próximo jueves.

Tras las críticas, la Corte difundió un comunicado para aclarar que su fallo se había limitado a resolver una cuestión procesal y que no afectaba a otras medidas cautelares con el mismo objeto que continúan en trámite ante distintos tribunales del país. Sin embargo, Rosenkrantz no participó en la redacción ni convalidó ese documento, según trascendió desde su vocalía.

La resolución que adopte este viernes podría resultar determinante para el futuro inmediato de la Ley de Tierras Rurales y las restricciones a la adquisición de campos por parte de extranjeros. El alcance de la decisión dependerá de si el tribunal concede la medida cautelar solicitada y de los fundamentos jurídicos que sostengan los magistrados convocados para completar la integración de la Corte.