La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) comunicó que, el último día hábil de diciembre de 2023, concluyó, conforme a lo establecido en Asamblea Plenaria y a lo informado a la Secretaría de Culto de la Nación, el proceso de renuncia de los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares a la asignación mensual prevista en la ley 21.950. En medio de la polémica sobre las supuestas "jubilaciones de privilegio" de los obispos de la Iglesia Católica, el director de la Oficina de Comunicación y Prensa de la CEA, presbítero Máximo Jurcinovic, despejó dudas sobre la asignación estatal a la que la Iglesia acaba de finalizar el proceso de renuncia.

En declaraciones a "En Clave Grote", que se emite en Radio Corazón, el vocero episcopal aseguró que la renuncia a los aportes estatales fue decisión de la Iglesia y destacó el compromiso con la misión pastoral.

El presbítero Jurcinovic expresó su asombro ante algunas declaraciones sobre la asignación de los obispos y subrayó que la Iglesia renunció de manera gradual a los aportes que recibían del Estado Nacional y destacó que esta decisión fue tomada por los mismos obispos en 2017, iniciando un proceso que culminó a fines de diciembre pasado.

El vocero episcopal detalló que, según lo establecido con el gobierno de Alberto Fernández a través del secretario de Culto Guillermo Oliveri, el monto que recibían los obispos que no habían renunciado era de 55.000 pesos; y aclaró que este monto se mantuvo congelado y la renuncia estaba programada para fines de 2023.

Asimismo explicó que, para los obispos eméritos que no tienen otra jubilación o no cuentan con respaldo financiero, se estableció una asignación de 98.000 pesos mensuales. Esta posibilidad, según el vocero, se otorgó a través de un decreto de abril del año pasado y requiere un trámite especial con la Nunciatura y la Secretaría de Culto.

El presbítero Jurcinovic hizo hincapié en que la mayoría de los obispos utilizaban las asignaciones no para beneficio personal, sino para apoyar la acción pastoral de la Iglesia. Señaló que, en muchos casos, estos fondos eran destinados a cubrir distancias significativas, especialmente en regiones más alejadas.

Tras destacar que la medida de renunciar a los aportes estatales fue bien recibida por la comunidad católica, subrayando que la Iglesia busca renovar su deseo de ser sostenida por sus fieles", enfatizó la importancia de que la misión de la Iglesia esté respaldada por sus seguidores, especialmente en lo relacionado con la labor pastoral y el sostenimiento de sus pastores.

En conclusión, el vocero episcopal buscó aclarar las imprecisiones y malentendidos en torno a las jubilaciones de los obispos, reafirmando el compromiso de la Iglesia con su misión y el respaldo de sus fieles como pilar fundamental para su sostenimiento.

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Luego de que, en 2018, la CEA anunciara su decisión de renunciar progresivamente a los fondos estatales -que entonces representaban unos 130 millones de pesos anuales-, en julio de 2020, los obispos avanzaron en su idea de generar nuevos mecanismos para financiarse y presentaron el Programa de Financiamiento Eclesial (FE), destinado al desarrollo de la consecución de donantes y fondos para solventar las tareas pastorales en el país.

Si bien el aporte que realizaba el Estado -que se destinaba principalmente a pagar las asignaciones mensuales a obispos, párrocos de frontera y seminaristas diocesanos- cubría solamente el diez por ciento del presupuesto total de la Iglesia, era de gran ayuda para las diócesis más pobres.

“El monto actual de la asignación es de 98.000 pesos”, se puntualizó en un comunicado.