La principal bandera simbólica con la que Javier Milei llegó al poder empezó a mostrar señales claras de desgaste. La promesa de enfrentar a la denominada casta, que durante meses funcionó como núcleo de legitimidad política y moral del oficialismo, aparece hoy más debilitada a través de una encuesta de opinión pública.

Los datos sobre economía doméstica terminan de darle cuerpo concreto a ese malestar: el 81,6% de los consultados reconoce que en los últimos seis meses tuvo que resignar algo para sostenerse, desde salidas, ocio o consumos no esenciales hasta compras habituales del hogar y, en los casos más delicados, gastos básicos como alimentos, salud o servicios.

Encuesta de opinión

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El Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora muestra que la percepción de corrupción en el gobierno de Javier Milei ya dejó de ser un tema lateral para convertirse en un factor central del desgaste oficialista. El dato más delicado para la Casa Rosada no es sólo que el 57,3% perciba corrupción generalizada en la gestión o que el 60,2% interprete las denuncias como parte de un problema general de gobierno, sino que esa lectura empieza a golpear directamente sobre la promesa con la que Milei construyó su legitimidad: la idea de venir a enfrentar a “la casta”. Cuando el 66,6% afirma que ese pacto se rompió y que el Gobierno terminó siendo parte de aquello que prometía combatir, lo que se erosiona no es únicamente la imagen de una administración, sino el núcleo simbólico que le daba sentido político a su discurso. En otras palabras, la sociedad empieza a percibir una contradicción entre el relato fundacional del mileísmo y la forma en que hoy se interpreta su ejercicio del poder.

Deterioro de la imagen pública

Ese deterioro, además, no puede leerse sólo como un fenómeno opositor. La corrupción aparece como el principal desafío del país, incluso entre quienes votaron al oficialismo en 2025, por encima del desempleo, la inflación o el salario, lo que muestra que el problema ya perfora al propio universo simbólico del mileísmo. Sin embargo, la manera de procesarlo sigue siendo distinta según el posicionamiento político: entre oficialistas todavía predomina una lectura que busca encapsular el problema en casos aislados y preservar parte de la excepcionalidad moral del Gobierno; entre opositores, en cambio, se consolida una mirada mucho más dura, donde la corrupción ya no aparece como desvío sino como rasgo de época del oficialismo. Esa diferencia revela dos cosas al mismo tiempo: que Milei todavía conserva un núcleo dispuesto a amortiguar el costo reputacional, pero también que por fuera de ese núcleo el veredicto social se volvió mucho más severo. Por eso, el problema de fondo para el Gobierno no es sólo el impacto coyuntural de las denuncias, sino que la bandera anticasta, que durante meses funcionó como fuente de autoridad moral y de tolerancia política frente al ajuste, empieza ahora a invertirse y a transformarse en un punto de vulnerabilidad.