La iniciativa del Gobierno amplía el régimen vigente desde 2011 y contempla multas, inhabilitaciones y cancelación de permisos.
Jueves 17 de Septiembre de 2026
El Gobierno nacional envió este jueves al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que establece nuevas sanciones para personas y empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina.
La iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados y propone reemplazar el esquema vigente desde 2011, que está concentrado principalmente en las actividades hidrocarburíferas, por un régimen que abarque distintas formas de aprovechamiento de recursos naturales.
El alcance incluye las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, además de los espacios marítimos e insulares circundantes.
El proyecto fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Pablo Quirno, Carlos Presti y Luis Caputo.
Multas de hasta 500.000 barriles
Entre las principales medidas, el texto establece multas equivalentes a entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo para quienes desarrollen actividades prohibidas. También contempla la suspensión o cancelación de permisos vinculados con esas operaciones.
A su vez, se prevén inhabilitaciones de entre cinco y 20 años para personas y empresas alcanzadas por el régimen sancionatorio.
Las penalidades serán más severas cuando las actividades involucren la exploración o explotación de recursos naturales no renovables, según establece la iniciativa presentada ante el Congreso.
El anuncio de Milei
El envío del proyecto había sido anticipado por Milei el 3 de septiembre, durante una cadena nacional. En esa oportunidad, el mandatario anunció una serie de iniciativas vinculadas con el reclamo argentino por la soberanía sobre las islas y otras medidas relacionadas con la defensa nacional.
Con la presentación formal ante Diputados, el proyecto comenzará ahora su recorrido legislativo. El nuevo régimen busca ampliar las herramientas legales disponibles para sancionar actividades económicas desarrolladas sin autorización argentina en los territorios y espacios marítimos comprendidos por la iniciativa.