Buenos Aires.- Con proyectos para la erradicación de basurales a cielo abierto y programas de concientización para cuidar el hábitat, las provincias avanzan en la gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU) mediante acuerdos con el gobierno nacional para financiar obras y convenios con cooperativas para la reconversión de los recicladores urbanos.

Funcionarios y gerentes de empresas de gestión de residuos consultados por las corresponsalías de Télam coincidieron en que hay un cambio de paradigma que apunta “a la protección ambiental, el desarrollo sostenible y el cierre de basurales a cielo abierto”, a la vez que la separación domiciliaria también quedó en el eje de prioridades desde el inicio de la pandemia de coronavirus.

Uno de los casos más destacados es el de San Juan, donde la gestión de residuos está en manos del Estado provincial y, por convenio, los municipios vuelcan sus residuos en una Planta de Tecnologías Ambientales (PTA) que hace el reciclado de residuos, fabrica compost y se ocupa de la disposición sanitaria de los orgánicos en un predio de la Sierra Chica de Zonda.

El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable sanjuanino, Raúl Tello, aseguró: “Lideramos en el país y en gran parte de Latinoamérica, el manejo con el buen ejemplo, el compromiso con los resultados, el desarrollo sustentable, el equilibrio ecosistémico, el compromiso con la comunidad y respeto por las personas”.

Tello resaltó que ya lograron “más de 2 millones de toneladas de residuos dispuestas sanitariamente”.

En la capital de Río Negro comenzó a funcionar este año el Consorcio para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu), que está integrado por Viedma, la comisión de fomento de San Javier y el municipio bonaerense de Carmen de Patagones, lo que lo convirtió en el primero interjurisdiccional del país integrado por comunas de dos provincias.

La ciudad de Santa Fe realiza una recolección diferenciada de residuos húmedos y secos para reducir los desechos domiciliarios y posee un marco normativo que establece un trabajo conjunto entre el municipio y organizaciones sociales, como la Asociación Dignidad y Vida Sana, una ONG conformada por exrecicladores que le da trabajo a 110 familias.

En Entre Ríos, días atrás el ministro de Ambiente nacional, Juan Cabandié, y el intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, firmaron un convenio por 30 millones de pesos para maquinaria de alta capacidad para el Ecoparque, la única planta de tratamiento de residuos de la provincia. Por su parte, la Municipalidad de Colón prohibió colocar residuos en la calle sin embolsar o de más de 20 kilogramos, mientras en Concordia los vecinos deben informar al teléfono 105 si necesitan el retiro domiciliario de residuos voluminosos y se dispusieron más de 50 puntos de separación de residuos.

En Formosa se espera la construcción, tras una licitación de Ambiente de la Nación, de un Centro Ambiental con un presupuesto para obras de casi 693 millones de pesos. Fuentes comunales destacaron la decisión del gobierno actual como “un acto de estricta justicia social y que se empieza a ver que se va a resolver la problemática de la basura en Formosa”.

En La Pampa el gobernador, Sergio Ziliotto, presentó el Plan Integral de Gestión de RSU que tendrá una financiación de la Nación de 926 millones de pesos, los cuales se incorporarán en el Presupuesto 2021 y beneficiará a 45 localidades.

El plan prevé la eliminación de los basurales a cielo abierto y la generación de energía por combustión.

Jujuy, a su vez, avanza en implementar un plan integral en toda la provincia en base a una ley sancionada en 2016 que promovió la creación de una empresa estatal, Girsu Jujuy, encargada de los residuos en cogestión con los municipios.

Los municipios mantienen la responsabilidad de recolección, con un sistema de separación en origen y transporte de residuos a los centros de compactación, acopio o rellenos sanitarios, uno de los cuales procesa unas “370 toneladas de residuos por día”.

En Salta, la Municipalidad firmó la semana pasada el contrato de adjudicación del servicio de higiene urbana en la ciudad, que incluye la recolección y disposición final de residuos, en un proceso licitatorio del que resultó ganadora la firma Agrotécnica Fueguina, a cargo de la prestación desde hace 20 años.

En Mendoza la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la ciudad destacó que se encargan “del cuidado del ambiente a través de programas de concientización, para que vecinos y vecinas cuiden el hábitat”, y para ello cuentan con 18 puntos verdes donde se separa papel, cartón, plástico y vidrio y 19 contenedores para envases plásticos para residuos reciclables. Además, se gestionan en forma responsable más de 2.300 kilos de chatarra electrónica, generada en las oficinas de la comuna.

En San Luis existe una legislación que obliga a contar con un sistema Girsu y establece la creación de plantas recicladoras por regiones, con cuatro plantas operativas y cada municipio debe adecuarse y generar políticas ambientales y evitar el desecho en basurales a cielo abierto e impedir que surjan nuevos.

En Neuquén existe el Complejo Ambiental Neuquén (CAN) que es un centro de tratamiento de residuos donde se concentra la basura previamente separada para su mejor tratamiento, con una concesión a cargo de la empresa Basaa y su operación está en manos de una cooperativa de trabajo. Sin embargo, el municipio no pudo evitar la presencia de familias que acuden al predio donde los camiones de CLIBA depositan los residuos antes de llevarlos al complejo y recientemente un camión aplastó las piernas de un niño de 13 años, que ya está recuperado, cuando maniobraba para arrojar la carga.

En Catamarca, el secretario de Medio Ambiente, Emanuel Soberón, dijo a Télam que “por iniciativa del gobernador Raúl Jalil, surgió la idea de poder enmarcar dentro de una política provincial la gestión de los residuos, a través del traspaso por 20 años de la planta de tratamiento de RSU que pertenecía al ámbito municipal hacia la provincia” que ahora, añadió, trabaja para “regular a todos los municipios e instarlos a trabajar con la clasificación en origen de los RSU para que el tratamiento en planta sea el adecuado”.

En Córdoba, la Ley N° 9.088 de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos busca prevenir la producción innecesaria de residuos atendiendo a la reducción en origen, la elaboración de subproductos derivados de los residuos, además de propiciar la educación ciudadana sobre la necesidad de participación y alentar la formación de sistemas cooperativos para intervenir en el proceso de recolección, reutilización, transporte y destino transitorio o final de los residuos.

En Río Gallegos, Santa Cruz, la disposición final de los residuos se realiza desde hace más de 30 años en un vaciadero municipal a cielo abierto ubicado en una costa donde confluyen los estuarios de los ríos Gallegos y Chico.

Los municipios de Pico Truncado y Caleta Olivia firmaron a su vez el 30 de septiembre con el gobierno nacional convenios para la adjudicación y entrega de equipamiento de optimización de la gestión de RSU.

En Tucumán, Jorge Pérez Musacchia, director de Higiene Urbana de la comuna capitalina, dijo a Télam que “la recolección funciona de forma tercerizada a través de la empresa 9 de Julio” y destacó que “el sistema durante la pandemia continuó funcionando de forma regular”, aunque ya no se aplica la separación de residuos para reutilización dado que “antes de la cuarentena se realizaban ecocanjes en los que se recibían los residuos para separarlos y reutilizarlos, pero fueron suspendidos”.