Con una agenda concentrada en reuniones clave de comisiones, la Cámara de Diputados retoma el debate por sanciones ligadas a las Islas Malvinas y la reforma al Código Penal contra el vandalismo en el campo. En paralelo, la discusión del Presupuesto 2027 se posterga por negociaciones federales, mientras la oposición busca sumar apoyos para vetar el megadecreto presidencial DNU 70/23.

La Cámara de Diputados de la Nación inicia una semana parlamentaria marcada por debates de alto impacto político y penal, en un escenario donde la actividad se concentra principalmente en reuniones de comisiones estratégicas. Entre los ejes salientes de la agenda legislativa destacan la continuidad del plenario sobre la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional con un amplio listado de expositores opositores, el intento de obtener dictamen para penalizar el vandalismo rural mediante proyectos del PRO y de Unión por la Patria, y las negociaciones de fondo en torno al Decreto de Necesidad y Urgencia DNU 70/23 y el Presupuesto 2027.

Soberanía y Defensa: se reanuda la discusión por Malvinas tras la tensión inicial

Uno de los puntos de mayor atención legislativa es el plenario de las comisiones de Defensa Nacional —presidida por el diputado Carlos Zapata—, Legislación Penal —encabezada por Laura Rodríguez Machado— y Relaciones Exteriores y Culto —conducida por Juliana Santillán—. Las tres comisiones se reúnen para dar continuidad al tratamiento del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, iniciativa que plantea un incremento sustancial en las sanciones aplicables a las empresas que realicen operaciones no autorizadas en la zona de las Islas Malvinas.

El plenario llega tras una primera jornada caracterizada por momentos de estridencia y fuertes enfrentamientos verbales entre el diputado nacional Juan Grabois e integrantes del bloque de La Libertad Avanza. En dicho encuentro inaugural expusieron Paula Tadei, en representación de la Secretaría Legal y Técnica de la Nación, y Juan Ignacio Stampalija, secretario de Legal y Administración del Ministerio de Economía.

Para esta segunda instancia informativa, la oposición promovió la participación de trece invitados especiales vinculados al ámbito académico, diplomático y de excombatientes:

• Daniel Filmus, exsecretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur durante el período 2019-2021, y Guillermo Carmona, quien ocupó la misma secretaría en la segunda etapa de la gestión de Alberto Fernández.
• David Angueira, intendente de Punta Indio. Su distrito alberga la Base Aeronaval que, según denunció el exministro Agustín Rossi, estaría contemplada para ser desactivada en el marco del Plan Dédalo de la Armada Argentina.
• Jerónimo Guerrero Iraóla, abogado del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM); Daniel Guzmán, veterano de guerra e integrante del Observatorio Malvinas; Víctor Sierra, representante del Centro de Ex Combatientes del Atlántico Sur (CEAS); y Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
• Los profesores universitarios Luciano Anzelini, Sergio Eissa y Raúl Ferreyra; Mariana Altieri, investigadora y directora ejecutiva de la Fundación Meridiano de Estudios Internacionales; Pablo Testori Schroeder, especialista en criminalística y docente; y Fernando Morales, perito naval.

Vandalismo rural: convergencia entre el PRO y Unión por la Patria para proteger la producción

En el plano de la legislación penal aplicada a la producción agropecuaria, las comisiones de Legislación Penal y de Agricultura y Ganadería —presidida por el diputado Martín Ardohain— convocaron a un plenario conjunto para avanzar en la emisión de dictamen respecto a la penalización del vandalismo en el campo. La iniciativa responde a reclamos de entidades del sector agropecuario expuestos en reuniones previas.

La discusión parlamentaria se articula sobre dos proyectos de ley con enfoques complementarios presentados por los diputados Martín Ardohain (PRO) y Ramiro Gutiérrez (Unión por la Patria).

Presupuesto 2027 en pausa y la puja política por el DNU 70/23

A pesar de las proyecciones iniciales del oficialismo, que contemplaban el inicio formal del debate del Presupuesto 2027 para esta semana en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la convocatoria a dicho cuerpo fue postergada. La decisión responde a las negociaciones políticas en curso entre el Gobierno nacional y los gobernadores provinciales.

Este proceso de concertación tuvo como hito reciente la comitiva oficial a Francia en el marco de la "Argentina Week", en la que doce mandatarios provinciales y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acompañaron al presidente Javier Milei. Desde el Poder Ejecutivo se busca vincular el trámite del presupuesto con el avance de la reforma electoral, iniciativa considerada prioritaria por la Casa Rosada.

En paralelo, el clima en el recinto se mantiene atravesado por la controversia judicial y legislativa en torno al mega DNU 70/23. Tras las aclaraciones emitidas por la Corte Suprema de Justicia respecto a la Ley de Tierras —remarcando que el diferendo legal se encuentra pendiente de resolución en el Congreso—, la oposición parlamentaria formalizó el pedido de una sesión especial con el objetivo explícito de rechazar el DNU 70/23, además de tratar proyectos relativos a discapacidad y endeudamiento familiar.

• Oposición dura y bloques aliados: Cuentan con un piso estimado en 115 votos favorables para el rechazo del decreto. La clave de su estrategia reside en sumar los sufragios de las bancadas provinciales de Misiones, Salta y Tucumán, alineadas con los gobernadores del Norte argentino. Debido a que el decreto ya cuenta con el rechazo previo del Senado, una votación en contra en Diputados significaría su abrogación definitiva.
• La Libertad Avanza (Oficialismo): El bloque oficialista despliega negociaciones para articular consensos con gobernadores e impedir que la oposición alcance la mayoría en el recinto, consciente de que la caída del DNU implicaría el restablecimiento automático de múltiples marcos normativos derogados.

Trabajo en comisiones: régimen MiPyME y fomento cooperativo

Completando la labor legislativa de la semana, las comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas y de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG's concretan una reunión conjunta para tratar la modificación de la Ley 24.467.

El objetivo central de la propuesta consiste en simplificar las exigencias administrativas para facilitar la inclusión de las entidades cooperativas dentro del régimen legal de MiPyME. Asimismo, la Comisión de PyMEs aborda proyectos de resolución y declaración orientados a la promoción del sector productivo.