Denunciaron al Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, por la realización de ejercicios militares conjuntos con los Estados Unidos en aguas argentinas, presuntamente omitiendo la autorización obligatoria del Congreso de la Nación.

La presentación judicial, impulsada por el diputado nacional Juan Marino con el patrocinio del abogado Eduardo Barcesat, apunta también contra el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti.

Ejercicios militares y elusión parlamentaria

La denuncia sostiene que el Poder Ejecutivo utilizó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 264/2026 para autorizar el ingreso de tropas extranjeras, salteando el debate legislativo. Entre las actividades cuestionadas se encuentran el Ejercicio “DAGA ATLÁNTICA”, desarrollado entre abril y junio en diversas bases del país, y el “Ejercicio PASSEX”, realizado en la Zona Económica Exclusiva con la participación del portaaviones nuclear estadounidense USS Nimitz.

Según la acusación, estos programas no fueron meras prácticas de rutina, sino que implicaron la integración de las fuerzas locales a la doctrina de la OTAN y del Comando Sur de los EE.UU.

Riesgos para la soberanía y recursos naturales

Uno de los puntos más críticos de la denuncia es la supuesta entrega de secretos militares y el mapeo de recursos estratégicos clave. Marino advierte que la aplicación de la doctrina de "Protección de los Bienes Comunes Globales" al Mar Argentino conlleva el riesgo de una renuncia implícita a la jurisdicción soberana, permitiendo que potencias extranjeras accedan a datos sensibles sobre rutas logísticas, potencial hidrocarburífero y operaciones antárticas.

Además, se menciona la firma de una "Carta de Intención" con el Comando Sur que se mantiene bajo estricta opacidad y secreto militar.

Alineamiento geopolítico y "Pax Sílica"

La querella enmarca estas acciones en un alineamiento sistemático con la agenda de seguridad de los Estados Unidos e Israel. Se hace especial hincapié en la adhesión a proyectos como la "Pax Sílica", una iniciativa vinculada al desarrollo de inteligencia artificial para fines bélicos, y la firma de memorándums que podrían facilitar la vigilancia masiva mediante infraestructura local de centros de datos.

El diputado Marino sostiene que este patrón concatenado de decisiones busca alinear a la República con naciones beligerantes, lo que motivó la acusación subsidiaria por el delito de Traición a la Patria.

Impacto político y judicial

La causa ha quedado radicada en el Juzgado Federal N° 10, bajo la órbita del juez Julián Ercolini. Mientras tanto, figuras como Claudio Lozano han cuestionado la falta de control parlamentario sobre la creciente ocupación territorial y la injerencia extranjera en vías estratégicas como el río Paraná, sugiriendo que la situación podría ameritar el inicio de un juicio político contra la cúpula gobernante.

Por su parte, el Ejecutivo ha defendido estas acciones como necesarias para "estandarizar procedimientos operativos" y combatir amenazas globales como la pesca ilegal, aunque los denunciantes insisten en que la finalidad real y el "adversario" de estos escenarios tácticos permanecen ocultos al escrutinio público.