El cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación actualizó en 684.990.350.139,86 millones de pesos el monto sujeto a decomiso en la causa Vialidad y que será reclamado a los condenados, entre ellos la expresidenta Cristina Kirchner.

El informe se realizó a pedido del Tribunal Oral Federal 2 de la Ciudad de Buenos Aires, que llevó adelante el juicio y condenó a la exmandataria, al empresario Lázaro Báez, al extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y al exsecretario de Obra Pública del kirchnerismo José López, a seis años de prisión por administración fraudulenta, informaron fuentes judiciales.

El monto a pagar por Cristina Kirchner

La cifra actualizada tomó como base 86.085.463.548,25 millones de pesos que el TOF2 fijó como monto a decomisar en 2022 cuando dio a conocer su veredicto, que quedó firme por decisión de la Corte Suprema en junio pasado.

Ante esto se hizo necesario disponer la actualización y ahora que terminó este trámite el Tribunal dará diez días hábiles a los condenados para depositar dinero o entregar bienes en la proporción que les corresponda. Si esto no se cumple se avanzará con ejecución de embargos.

La suma se reclama en base al perjuicio que se considera probado causaron al Estado Nacional los delitos cometidos con la adjudicación direccionada de 51 obras viales nacionales en Santa Cruz a empresas de Lázaro Báez, entre ellas "Austral Construcciones".

Al dejar firmes las condenas, la Corte Suprema aludió a una "fenomenal maniobra defraudatoria" cometida entre 2003 y 2015, durante el kirchnerismo, con la adjudicación del 80% de la obra vial nacional en Santa Cruz a Báez.

Debe seguir con tobillera

Además, La Cámara Federal de Casación Penal decidió mantener las restricciones de visitas y el monitoreo electrónico (tobillera) para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en el marco de la causa Vialidad.

El tribunal, compuesto por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, evaluó los planteos de la defensa respecto de dos condiciones impuestas en la modalidad de prisión domiciliaria: la exigencia de autorización previa para visitas no incluidas en una nómina, y la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónica.

También se pronunció sobre el recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal, que había solicitado inicialmente la revocación de la prisión domiciliaria.