El Tribunal en lo Criminal N.º 4 de Morón dictó una sentencia sin precedentes al condenar a Orlando Tristán Novillo a 20 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal cometido exclusivamente a través de medios tecnológicos.

El fallo es histórico para la justicia bonaerense, ya que por primera vez se admite que este delito puede configurarse sin que exista contacto físico entre el agresor y la víctima, siempre que medie coacción y un contexto de dominación psicológica que obligue a la persona a realizar actos sobre su propio cuerpo.

Los hechos ocurrieron entre 2020 y 2023, periodo en el que Novillo, quien ya cumplía una condena en el penal de Florencio Varela, captó a una niña de 12 años a través de redes sociales ocultando su identidad.

Bajo un esquema de "cautiverio psicológico y digital", el imputado utilizó amenazas, extorsión y manipulación psicopática para someter a la menor a videollamadas de contenido sexual explícito y obligarla a realizar prácticas que el tribunal calificó como gravemente ultrajantes.

Además del abuso, se le condenó por corrupción de menores, tenencia de material de abuso sexual infantil y defraudación, ya que obligó a la víctima a entregar datos de 40 tarjetas de crédito de sus padres.

El tribunal, integrado por los jueces Carlos Roberto Torti, Rodolfo Castañares y Verónica Vanesa Gerez, fundamentó que la violencia sexual actual abarca todas las conductas donde se fuerce la sexualización del cuerpo, incluyendo actos autorreferenciales realizados bajo presión digital.

Novillo, declarado reincidente por su "hábito criminoso" en delitos similares, confesó su responsabilidad al inicio del debate, lo cual se complementó con peritajes informáticos y el testimonio de la víctima en Cámara Gesell.

La importancia de la denuncia, la ayuda profesional y el rol de la ESI

El caso salió a la luz el 2 de febrero de 2023, cuando la víctima logró romper el silencio y pidió ayuda a su profesora de danza, quien alertó inmediatamente a la familia. Esta intervención docente fue el punto de inflexión que permitió activar los protocolos judiciales y poner fin a tres años de hostigamiento constante que habían llevado a la adolescente a sufrir cuadros de ansiedad, aislamiento y conductas autodestructivas, incluyendo una internación por ingesta de ansiolíticos.

Los magistrados destacaron en el fallo que los agresores digitales buscan vulnerar las redes de contención naturales del menor, como la escuela y el entorno afectivo. En este sentido, la capacidad de la víctima para identificar el abuso y la respuesta efectiva de la docente subrayan la relevancia de la Educación Sexual Integral (ESI) y los espacios de confianza.

Estos mecanismos son fundamentales para que los jóvenes comprendan que el grooming —el proceso de engaño y generación de empatía para disminuir inhibiciones— es un delito y que existen canales de ayuda para denunciar la coacción digital antes de que el daño psicológico sea irreversible.