La Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu Histórica) resolvió rechazar la propuesta salarial presentada por el Gobierno nacional y confirmó un paro universitario en todo el país entre el 16 y el 20 de junio. La decisión fue adoptada durante el Congreso Extraordinario de la organización, donde una amplia mayoría de delegados votó en contra de la oferta oficial.

La medida profundiza el conflicto que atraviesa el sistema universitario argentino y mantiene abierto el reclamo por salarios, presupuesto educativo y la plena aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.

El paro será del 16 al 20 de junio implicará el cese de actividades académicas en universidades de todo el país. Afectará el dictado de clases, aunque en general no alcanzará a las mesas de examen, que podrían mantenerse o ser reprogramadas según la decisión de cada institución y sindicato de base. Además del paro, distintas asociaciones docentes organizarán clases públicas, asambleas y actividades de visibilización junto a estudiantes y trabajadores no docentes.

La propuesta salarial que generó el rechazo

La oferta presentada por el Ministerio de Capital Humano contempla una recomposición salarial total del 24,33%, distribuida en un 21,33% a aplicarse en junio y un 3,3% adicional en octubre.

Además, la propuesta oficial incluye un incremento del 50% en las becas Manuel Belgrano, fondos adicionales para hospitales universitarios y recursos destinados a gastos de funcionamiento. No obstante, desde la organización remarcan que esas medidas no resuelven el problema estructural del financiamiento universitario.

Sin embargo, desde Conadu Histórica sostienen que la propuesta “resulta insuficiente frente a la pérdida acumulada del poder adquisitivo registrada desde diciembre de 2023”. Según la federación, los salarios universitarios sufrieron una caída cercana al 44%, por lo que el aumento ofrecido cubriría apenas una parte del deterioro sufrido por docentes e investigadores.

Desconfianza

La secretaria general de Conadu Histórica, Francisca Staiti, explicó que la decisión fue el resultado de un amplio proceso de consulta en las asociaciones de base de todo el país. Según detalló, el Congreso contó con la participación de 100 congresales y culminó con 64 votos a favor del rechazo y 36 por la aceptación de la propuesta.

Staiti destacó que uno de los elementos centrales del debate fue “la desconfianza hacia el Gobierno nacional”. Entre las preocupaciones expresadas por los docentes aparecieron dudas sobre el cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos, el futuro de las negociaciones paritarias y el impacto que tendría la aceptación del acuerdo sobre las acciones judiciales impulsadas para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La dirigente afirmó que una parte importante de la docencia considera que aceptar la propuesta podría interpretarse como una renuncia a la lucha que vienen sosteniendo desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Durante el cónclave se evidenció la desconfianza, ya que no creen que el gobierno cumpla con los términos de la propuesta y si se debía retiraba la cautelar. “El planteo es que estamos en un momento en el que tenemos que seguir empujando para que la ley se cumpla en lo salarial, pero también en todos los otros puntos”.

Salarios universitarios por debajo de la canasta básica

Para la dirigencia, la crisis salarial afecta especialmente a los docentes de categorías iniciales, quienes representan una parte fundamental del funcionamiento cotidiano de las universidades públicas.

El voto mayoritario fue por el rechazo porque aparte hay mucho enojo, hay mucho enojo con el gobierno”. “Por eso en la asamblea se votó desde las entrañas. Desde las vísceras de ya no se puede más. Y creo que hubo varios componentes que hicieron que finalmente, por esta mayoría que te digo que es importante, pero que también hay que tener en cuenta que hay un sector que aceptaba la propuesta”, remarcó Staiti.

El reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario

Uno de los principales ejes del conflicto continúa siendo la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. La norma es indispensable para garantizar recursos estables para salarios, investigación, becas estudiantiles, hospitales universitarios y gastos de funcionamiento.

La federación también cuestionó la falta de actualización de las becas Progresar, cuyo monto permanece congelado en 35.000 pesos, que no cubre ni la SUBE, totalmente insuficiente para acompañar la permanencia de estudiantes en el sistema universitario.