Luis Caputo anunció desde Argentina Week, en París, el Programa de Ciudadanía por Inversión de Argentina, que estará operativo para recibir solicitudes a fin de año y consiste en canjear ciudadanía argentina a cambio de inversiones en dólares.

Según la información oficial, contempla un aporte directo y no reembolsable de US$350.000 al Tesoro Nacional o la suscripción de un título público de US$800.000 creado específicamente para el programa. "Los recursos obtenidos, según el anuncio, serán destinados a “continuar fortaleciendo la posición fiscal y financiera de la Argentina”, explicó el ministro.

La medida generó repudios, entre éstos, el de la diputada nacional por Entre Ríos Blanca Osuna quien vinculó la iniciativa con el debate por la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y con el tratamiento del DNU 70/23 en la Cámara de Diputados.

La legisladora hablo en el marco de la convocatoria del 15 de octubre a una sesión en la Cámara Baja para abordar tres temas de suma importancia: emergencia en discapacidad, endeudamiento familiar y el rechazo al DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) 70.

En ese contexto criticó el anuncio de “ciudadanía por inversión” para que los tecno magnates, con una pequeña inversión puedan ser ciudadanos argentinos y tener acceso ilimitado a las tierras. “Es tan extraordinario que en Argentina nunca había sucedido”, expresó.

Osuna indicó que ese tipo de iniciativas surgen en enclaves de ultramar como Bermudas o Santa Lucia. “Son islitas perdidas en el medio del océano atlántico que tienen una dependencia en materia estatal con otras. Son colonias o semicolonias. No hay en ningún otro país del mundo”, remarcó.

Osuna sostuvo que ya hay legisladores del bloque que integra como Agustín Rossi o Kelly Olmos que presentaron un proyecto de ley para prohibir el otorgamiento de la ciudadanía argentina por naturalización a cambio de pagos, inversiones, aportes, donaciones, adquisición de bienes o suscripción de títulos públicos o privados.

“La ciudadanía argentina no está en venta y le corresponde a este Congreso decirlo con fuerza de ley. Ser argentino es pertenecer a una comunidad social, cultural y política, no adquirir un producto. La ciudadanía es un vínculo, no un servicio”, sostienen los fundamentos de la iniciativa.

En qué consiste el plan

1. El esquema contempla dos mecanismos para acceder a la ciudadanía. El primero consiste en realizar un aporte directo y no reembolsable de US$350.000 al Tesoro Nacional. El segundo establece la posibilidad de suscribir un título público por US$800.000, creado para el programa.
2. También podrán aplicar los familiares del solicitante principal. Los cónyuges y los hijos de entre 18 y 25 años, siempre que sean solteros y no tengan hijos, podrán solicitar la ciudadanía mediante un aporte de US$100.000 al Tesoro Nacional. Para los menores de 18 años, el aporte será de US$25.000. Una familia integrada por un solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores podrá solicitar la ciudadanía argentina por un total de US$500.000.

Proceso de evaluación

El Gobierno anticipó que las solicitudes estarán sujetas a un proceso de evaluación destinado a preservar la seguridad nacional, la integridad del sistema financiero y el prestigio internacional de la ciudadanía argentina.

El programa incorporará estándares de debida diligencia, transparencia financiera y gestión de riesgos alineados con las recomendaciones de la OCDE y el GAFI, según se informó oficialmente. Además, el Gobierno señaló que está siendo asesorado por un grupo de firmas internacionales especializadas en migración por inversión.

Todos los fondos deberán canalizarse a través del sistema financiero formal y cumplir con las normas aplicables en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y transparencia financiera.

La evaluación de las solicitudes estará a cargo de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, con la intervención de distintos organismos públicos especializados. Entre ellos figuran la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF), el Ministerio de Seguridad y el del Interior.

El proceso incluirá la verificación de identidad, el análisis de la trazabilidad y licitud del origen de los fondos, la evaluación patrimonial y financiera, el análisis del riesgo jurisdiccional, la revisión de antecedentes penales y reputacionales y el estudio del historial migratorio de los solicitantes. Una vez completada la evaluación, la Agencia enviará su recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones, que será el organismo encargado de aprobar o rechazar cada solicitud.

Según el comunicado oficial, "se busca fortalecer los vínculos de la Argentina con el mundo, proyectar internacionalmente el valor de la ciudadanía argentina y consolidar al país como “una nación abierta y confiable”.