De cara al debate legislativo en el Senado sobre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y las reformas en torno al acceso y venta de tierras, Leandro Vera Belli, sociólogo y coordinador del equipo de Tierra, Vivienda y Justicia Económica del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), analizó las implicancias jurídicas y territoriales de la iniciativa gubernamental.

Según advirtió el especialista del CELS, el proyecto enviado por el Ejecutivo abarca un amplio abanico de modificaciones normativas que van más allá del debate de tierras rurales: "Este proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada incluye un conjunto de desregulaciones y modificaciones de normas que, entre otras, está el tema de tierras rurales. También está la derogación de la Ley de Manejo del Fuego, donde se prohibía el cambio del uso de tierras que fueron incendiadas; la posibilidad de que los desalojos sean más rápidos, lo que se llama desalojos exprés en el marco de una derogación de Ley de Alquileres; y los límites a las expropiaciones por parte del Estado Nacional".

Vera Belli señaló que las reformas responden a un intento de atraer inversiones enfocadas en sectores emergentes: "Lo que se propone es un cambio normativo, un nuevo despliegue jurídico para que nuevas empresas y nuevos capitales vinculados a la tecnología o a la inteligencia artificial puedan adquirir tierras donde puedan incluirse tierras que tienen espejos de agua o corrientes de río, para ser más llamativos y rentables".

Al ser consultado sobre los temores de venta de tierras pobladas o habitadas por comunidades locales, el coordinador del CELS remarcó la preocupación existente: "En aquellos lugares donde hay pueblos originarios que tienen otro tipo de vínculo con los títulos de las tierras, es muy preocupante que este proyecto de ley se sancione porque implicaría este conflicto de que alguien compre tierra y donde ya hay gente viviendo adentro. Generalmente viene acompañado de una expulsión, una movilización o una relocalización de esta población, siempre de formas que incluyen la violencia".

Por otro lado, al referirse a la posible flexibilización del tope actual a la propiedad extranjera, que actualmente es del 15%, Leandro Vera Belli advirtió sobre la falta de certeza en la aplicación de las normas: "Pondría un límite mayor a la venta de tierras, pasaríamos del 15% al 25%. Lo que no queda en claro es cómo ese porcentaje se va a llevar a cabo dentro del territorio a nivel jurisdiccional o departamental".

Para concluir, el especialista en planificación urbana y derechos sociales sintetizó el trasfondo de las medidas en debate: "Este proyecto de ley, en conjunto al RIGI y el super RIGI, es el nuevo despliegue jurídico y las nuevas formas de atraer estos capitales. Lo que no se tiene en cuenta en toda esta cuestión es los derechos de la población argentina, tanto a tener tierra para producir alimentos, para la propia cuestión soberana, como así también la posibilidad de que el Estado Nacional cuente con herramientas para proteger a los inquilinos de los desalojos. La población o gran parte de la población comienza a ver que este proceso actual de gobierno incluye un retiro del Estado Nacional en el conjunto de sus obligaciones".