El gobierno argentino habría asumido compromisos militares de alcance inédito con Estados Unidos al suscribir una declaración conjunta en la sede del Comando Sur, en Doral, Florida. El ministro de Defensa, Carlos Presti, habría firmado el documento en el marco de la Conferencia Anticárteles de las Américas, convocada por el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth. Según pudo reconstruirse, el acuerdo compromete a las Fuerzas Armadas argentinas en la lucha contra carteles criminales y organizaciones terroristas extranjeras.

El texto habilitaría incluso la posibilidad de llevar adelante acciones armadas conjuntas hasta "demoler" esas estructuras, y permitiría que instituciones militares de EE.UU. instruyan a personal argentino en la materia, publica BAE.

Qué dice el acuerdo

El viernes pasado, Presti viajó a Miami para acompañar al secretario de Guerra de Trump en una reunión de 15 aliados sobre amenazas regionales y crimen organizado.

Allí rubricó la llamada Declaración Conjunta Contra Carteles, cuyo propósito sería "reafirmar relaciones de seguridad y defensa en el hemisferio occidental" y ampliar la cooperación para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado.

El documento bilateral con Estados Unidos promueve una política de Peace through Strength (paz a través de la fuerza) e impulsa una coalición para combatir el narcoterrorismo. Entre sus ejes figuran la cooperación en seguridad fronteriza, la lucha contra el tráfico ilícito y la protección de infraestructura crítica.

Al día siguiente, en la cumbre Escudo de las Américas, Milei habría adherido a un documento publicado por la Casa Blanca que establece compromisos aún más concretos. Entre ellos:

- Los cárteles criminales y organizaciones terroristas "deben ser demolidos en la mayor medida posible".

- EE.UU. y sus aliados deben coordinarse para privarlos de "cualquier control territorial y acceso a financiamiento".

- Washington "entrenará y movilizará a las fuerzas militares de los países socios" para conformar la fuerza de combate más efectiva posible.

Dentro de los escenarios, figura la posible colaboración en la eliminación de grupos criminales en el Caribe o en países limítrofes como Brasil, lo que ocasionó revuelo en sectores jurídicos y legislativos.

Inconstitucional

Especialistas en derecho constitucional y exfuncionarios del área alertaron que el compromiso asumido podría violar la vigente Ley de Defensa Nacional (23.554), que establece que las Fuerzas Armadas tienen como función exclusiva enfrentar agresiones de origen externo provenientes de otros Estados. La Ley de Seguridad Interior (24.059), en tanto, reserva la lucha contra el narcotráfico a las fuerzas policiales y de seguridad.

Desde el Poder Legislativo, legisladores de la oposición evalúan impulsar un pedido de interpelación al ministro Presti para que explique el alcance jurídico y operativo del acuerdo firmado.

La preocupación central gira en torno a si el gobierno nacional habría excedido sus competencias institucionales al asumir compromisos que involucran al instrumento militar en funciones de seguridad interior.