Cuando aún perduran los ecos del escándalo que desembocó en la detención del ex jefe de la policía santafesina por sus presuntos vínculos con narcotraficantes y a pocas horas de que el ministro de Seguridad de la provincia sea interpelado en la Cámara de Diputados, el gobierno que encabeza Antonio Bonfatti anunció ayer profundas reformas a la estructura de la policía santafesina que incluyen la creación de nuevas unidades operativas territorialmente más pequeñas que las actuales unidades regionales y "con mayor control político", ascensos de los funcionarios de la fuerza por concursos, y la "selección ciudadana" de las autoridades policiales, entre otros cambios. El anuncio se formalizó durante un acto oficial que colmó el Salón Blanco de la Casa Gris y en cuyo transcurso el primer mandatario confirmó que hoy mismo vetará parcialmente la ley de emergencia en seguridad, tal como lo había anticipado apenas se sancionó la iniciativa en la Legislatura provincial.
El gobierno santafesino anunció una profunda reestructuración de la policía
A las cinco de la tarde, hora de la convocatoria a una "conferencia de prensa", los periodistas que fueron llegando al Salón Blanco de la sede del gobierno se toparon con un espacio colmado por una variopinta gama de funcionarios. Las primeras filas estaban ocupadas por todos los ministros del gabinete provincial y las principales espadas legislativas del Frente Progresista, mientras que las numerosas hileras de sillas de rojos espaldares revestidos fueron ocupadas por secretarios, subsecretarios, directores políticos y asesores. Mediante dos plasmas colocados a los costados del salón, los más rezagados pudieron seguir la exposición del gobernador que ingresó media hora después de la hora indicada envuelto en aplausos y acompañado por el vicegobernador Jorge Henn y los ministros de Seguridad, Raúl Lamberto, y de Gobierno y Reforma del Estado, Rubén Galassi. Ante ese panorama, los cronistas siguieron las exposiciones desperdigados en las pocas sillas que dejaron vacías los miembros del elenco oficial o en el fondo del auditorio, acercando sus grabadores y micrófonos a los parlantes, pero no hubo lugar para las preguntas.
En su introducción, el gobernador Antonio Bonfatti definió la reestructuración policial como "nuevas propuestas para seguir avanzando en la reestructuración de esta organización que tiene 148 años y 18.500 hombres, en la cual rescatamos a la gran mayoría por su contracción al trabajo, pero a la que tenemos que dotarla de los mecanismo para hacerla más ágil y eficiente".
Según definió más tarde el ministro de seguridad Raúl Lamberto, las medidas constituirán "las bases para una seguridad democrática". En ese sentido, sostuvo que "el proceso que debemos iniciar será progresivo, ordenado y consensuado, pero sin duda debe dar surgimiento a una nueva realidad tanto en la institución policial como en materia de políticas de seguridad".
El funcionario provincial leyó los "ocho puntos" que resumen las medidas que el gobierno planea implementar mediante tres vías legales: algunas de ellas se tomarán mediante decretos del gobernador, otras por resoluciones ministeriales y también un paquete de leyes que será remitido a la Legislatura provincial. Incluso, según adelantó a este diario anoche una calificada fuente de la Casa Gris, algunas de esas medidas "podrían ser incluidas en el veto propositivo a la ley de emergencia en seguridad que el Ejecutivo remitirá hoy a las Cámaras".
Los puntos salientes
Las reformas, en líneas generales, serán las siguientes:
La reorganización de la policía en unidades territoriales más pequeñas" que permitan un mayor control político de la fuerza, una mejor adaptación del trabajo policial a las problemáticas específicas del lugar y un mayor control y participación por parte de las autoridades locales y de la comunidad". De esta manera ya no existirán más las históricas 19 unidades regionales por departamentos.
La constitución de un Cuerpo Táctico Unico Provincial de Operaciones (en reemplazo de la actual Tropa de Operaciones Especiales - TOE) diseñado a los efectos de su participación "como apoyo a las fuerzas territoriales o su participación ante situaciones especiales o de emergencia".
Se creará la Dirección Provincial de Investigaciones, altamente profesionalizada y "adecuada a las nuevas exigencias investigativas que se implementan para la policía de la provincia con el nuevo Código Procesal Penal".
Se implementarán "responsables distritales de seguridad a fin de lograr una integración operativa en el territorio de los niveles de conducción y ejecución de la fuerza en sus funciones de prevención y represión del delito".
Se promoverá la participación ciudadana "a partir de la creación de mecanismos institucionales que permitan la intervención de la comunidad en el diseño y el control de la ejecución de los programas específicos de seguridad y la selección de las autoridades policiales locales".
Habrá "mayor injerencia de los gobiernos locales (municipios y comunas) a fin de optimizar la planificación territorial de los programas de seguridad y potenciar estratégicamente la utilización de los recursos materiales y humanos en los distintos niveles de gobierno".
Las áreas de personal, logística y gestión de los sumarios administrativos dependerán directamente del Ministerio de Seguridad, "como mecanismos de profundización en el control político de la fuerza".
"Está en trámite y a la firma el decreto reglamentario por el cual se pondrá en plena y efectiva vigencia el régimen de ascensos y concursos previstos en la ley (12.521) garantizando de esta manera el principio constitucional de idoneidad". Según el ministro Lamberto, "el objetivo es jerarquizar al personal policial valorando los esfuerzos en la capacitación y profesionalización dentro de las fuerzas que les permita obtener mejores condiciones de méritos, las que se valorarán en los concursos públicos de antecedentes y oposición por los jurados que se integrarán (para los más altos niveles de dirección) con un funcionario del Ministerio de Seguridad, un policía de dirección de jerarquía superior a la del postulante a propuesta del jefe de Policía, un representante del Ministerio de Educación, un representante del Poder Judicial designado por la Corte Suprema de Justicia, un representante de la Secretaría de Derechos Humanos y un representante del personal policial en actividad elegido entre sus pares por el sistema de voto, igual, universal, secreto y obligatorio".
Las reformas incluirán además una sanción administrativa específica en caso de justificación insuficiente de aumento patrimonial de los jefe policiales. Se establecerá al respecto una falta administrativa autónoma que implique que aquel funcionario policial que no justifique administrativamente su crecimiento patrimonial en los términos de la ley 12.238, sea pasible de las sanciones que para faltas graves establece la ley de Personal Policial.