El gobierno de La Pampa demandó a la Nación por retención de la coparticipación

El gobierno de La Pampa demandó el viernes al Estado nacional por la devolución del 15% de la coparticipación federal y el cobro de la deuda generada durante los últimos cinco años por ese concepto, una cifra que ronda los 4.000 millones de pesos.
Por orden del gobernador Carlos Verna, el fiscal de Estado de la provincia, José Alejandro Vanini, presentó la demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con respecto a los fondos que retiene la Nación para el financiamiento de la Anses.
"Luego de arduas e ingentes negociaciones, La Pampa no ha logrado más que buena predisposición pero nada concreto y ahora nos encontramos que para sentarnos a negociar debemos, automáticamente, ceder en nuestros derechos", indicó el gobierno en un comunicado distribuido por la Casa de Gobierno.
Además, se consideró que el decreto presidencial que anuló la devolución de la coparticipación "es inconstitucional y por eso, se ha presentado la demanda contra el Estado nacional para la suspensión de la deducción del 15% de la coparticipación y el cobro de las sumas adeudadas por los últimos cinco años por el mismo concepto".
"A partir de los fallos que hicieron que la Nación dejara de retener el 15 por ciento de la coparticipación a Córdoba, San Luis y Santa Fe, en diciembre se instruyó al fiscal de Estado para instrumentar los mecanismos que permitieran interrumpir las prescripción y poder reclamar por todos los años que estos importes fueron retenidos a La Pampa, supeditando la demanda ante la Corte a la negociación con el Presidente a través del Ministerio del Interior, sobre los montos adeudados al Sistema Previsional Civil, Docente y Policial", se informó.
En el parte oficial se agregó que "el 24 de febrero, el Presidente dictó el decreto 406/16, que creó el Programa Acuerdo para el Nuevo Federalismo sobre las fechas en las que se comenzará a suspender la deducción del 15 por ciento, fijando un lapso que comenzará a fines de 2016 y se extenderá hasta 2020".
El gobierno afirmó que "no es un decreto simple, sino que solicita adhesión de las Legislaturas provinciales; de aquí se desprende una interpretación primaria y excluyente sobre esta forma de convocar a los gobernadores para discutir sus derechos, que siempre ha sido a través de un llamado telefónico o de una autoconvocatoria, y como resultado de la negociación, si era necesario, se enviaba al Congreso y a las Legislaturas para su ratificación".
"La adhesión previa significa la autolimitación provincial en su reclamo del 15 por ciento a solo una parte que tomaría vigencia recién a partir de fin de este año, y que para sentarse a discutir en forma política y no judicial los derechos de las provincias, se debe ceder en forma previa al stock total de la deuda de los últimos cinco años", advirtió el gobierno.