Ediles de Gualeguaychú aprobaron un proyecto de resolución por el cual exigen a la Cancillería Argentina y a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) la difusión de los resultados del monitoreo en Botnia-UPM, y solicitaron que se evalúe la posibilidad de concurrir nuevamente a la Corte de La Haya.

Los concejales expresaron que Uruguay “sigue actuando de mala fe”, y plantearon que una vez conocidos los resultados del monitoreo realizado en forma continua desde hace 14 meses, el Congreso argentino deberá evaluar si es necesario que se recurra por segunda vez a la justicia internacional.

 

La postura fue explicada durante la sesión por el presidente del bloque de concejales del kirchnerismo, Martín Piaggio, quien dijo que el gobierno uruguayo y la propia empresa podrían estar ante “un incumplimiento” del fallo que el alto tribunal emitiera hace dos años.



Integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú, entidad que ha encabezado la lucha contra la instalación de papeleras en el río Uruguay, presenciaron la sesión y anticiparon su adhesión al proyecto aprobado.Hace dos años, por indicación de La Haya, la Argentina y el Uruguay formaron un comité científico para realizar un monitoreo ambiental de la planta que la pastera finlandesa posee en la ciudad uruguaya de Fray Bentos, sobre el río Uruguay, grupo de trabajo coordinado desde la CARU, organismo binacional creado en 1975 para administrar el río compartido por ambos países.



La Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú ha denunciado la falta de información sobre los resultados del monitoreo, mientras que recientemente el canciller argentino Héctor Timerman se quejó ante Uruguay porque la planta de UPM (ex Botnia) tiene una producción anual que supera el millón de toneladas, el máximo autorizado por La Haya.



Los concejales advirtieron que Uruguay "lamentablemente sigue actuando de mala fe" y recordaron que "el acceso a la información es un derecho por sí mismo y articula otros derechos, además de abonar en la cultura republicana de dar cuenta de las actuaciones de los Estados".

El Concejo Deliberante manifestó que "a pesar de que se han realizado 14 monitoreos en la planta de UPM, aún se desconocen sus resultados oficiales por la negativa de Uruguay a dejar sin efecto la norma especial para la planta de UPM en lo que hace al estándar temperatura".


 

El Concejo expresó que existe “una violación de los acuerdos bilaterales y del Estatuto del Río Uruguay”, y además “se estaría incrementando la contaminación y otros efectos nocivos en el curso fluvial”, indicá Máxima Online.

“Atento a la incertidumbre de la comunidad, que se comunique esta decisión a todos los Concejos Deliberantes de Entre Ríos, a las Cámaras de Diputados y Senadores de la Provincia y la Nación; al Ejecutivo Municipal y al Provincial y a la sociedad en general”, pidieron los concejales.