Entre Ríos encontró en la arena silícea una vía para participar del desarrollo de Vaca Muerta. El material extraído y procesado en la provincia sostiene parte de la actividad petrolera neuquina y abre oportunidades para ampliar inversiones, transporte y servicios. El desafío es convertir esa demanda en trabajo y valor agregado local, con infraestructura suficiente y controles ambientales.

La importancia del recurso radica en su función: durante la fractura hidráulica, los granos mantienen abiertas las fisuras de la roca y permiten que fluyan el petróleo y el gas. Según el gobierno de Neuquén, cada pozo puede requerir entre 11.000 y 15.000 toneladas. La resistencia y las características del material inciden en su desempeño, por lo que la selección excede el precio en origen.

Un mercado en expansión

Un informe de Planeta Camión estima que alrededor del 75% de la arena utilizada en Vaca Muerta proviene de Entre Ríos. El relevamiento identifica a las canteras de Ibicuy entre los principales puntos de abastecimiento y también menciona la arena de río. Es una estimación sectorial, que permite dimensionar el peso provincial en una cadena que conecta al Litoral con la Patagonia.

El mismo informe calcula un consumo de 5,5 millones de toneladas en 2025 y proyecta unos siete millones para 2026 y cerca de ocho millones en 2027. Son previsiones para el conjunto de Vaca Muerta, no volúmenes ya vendidos por empresas entrerrianas. Su evolución dependerá del ritmo de las operaciones y de la capacidad para abastecerlas.

Los registros provinciales también muestran el salto de escala. Letra P publicó, sobre la base de datos oficiales, una producción de 2,7 millones de toneladas hasta junio de 2026, frente a 3,6 millones durante todo 2025 y 2,5 millones en 2024. Las cifras dan cuenta del crecimiento registrado, aunque no deben confundirse con una medición exclusiva de ventas al yacimiento neuquino.

La expansión tiene una expresión fiscal. La misma publicación informó ingresos por guías mineras cercanos a 1.000 millones de pesos en 2024 y 4.000 millones en 2025. Para 2026 se esperaba duplicar ese último monto. Se trata de una proyección nominal de recaudación, vinculada también con mejoras en la fiscalización, y no de una medida de rentabilidad del sector.

Procesar para agregar valor

Diamante ofrece un ejemplo de integración industrial. Tecpetrol informó que su planta entrerriana alcanzó un récord mensual de 21.613 toneladas en julio de 2025 y abastecía alrededor del 35% de sus requerimientos de arena para los yacimientos no convencionales de la Cuenca Neuquina. Ese porcentaje corresponde a la compañía, no a todo Vaca Muerta.

La firma también comunicó un plan para llevar la producción anual desde unas 200.000 hasta 600.000 toneladas. El proyecto muestra por qué la oportunidad provincial incluye el procesamiento del material y la incorporación de capacidad industrial. La ampliación anunciada debe distinguirse de una instalación ya ejecutada y operativa.

A partir de esos antecedentes, la importancia económica para Entre Ríos puede leerse en varios niveles: extracción, tratamiento y traslado del recurso, además de la posibilidad de incorporar proveedores. La actividad abre un mercado para empresas y trabajadores de distintas especialidades. Las fuentes consultadas no ofrecen una cifra consolidada de empleo provincial atribuible exclusivamente a esta cadena. La diferencia para las economías locales estará en transformar la provisión de un mineral en contratos, formación laboral y servicios que permanezcan en el territorio.

El acuerdo y las obras pendientes

El 28 de septiembre, Rogelio Frigerio y el presidente de YPF, Horacio Marín, firmaron un convenio para potenciar las arenas silíceas y analizar infraestructura vial, ferroviaria y fluvial. Según publicó Bloomberg Línea, la intención es reducir costos y ampliar la participación de firmas entrerrianas entre los proveedores de la petrolera.

La distancia es uno de los principales obstáculos. Buena parte del material recorre más de 1.000 kilómetros hasta la cuenca productiva. El transporte debe acompañar la demanda sin convertir las rutas y los accesos a las plantas en un límite para el crecimiento. Evaluar combinaciones entre camión, tren y navegación forma parte de la agenda abierta.

El acuerdo tiene una vigencia inicial de tres años, pero no asigna por sí mismo presupuesto. Diario Río Negro precisó que las obras, inversiones, responsabilidades y plazos deberán definirse en convenios particulares. Por eso el entendimiento expresa una línea de trabajo y no permite dar por financiada una nueva conexión ferroviaria o portuaria.

La búsqueda de más proveedores también introduce competencia. Neuquén informó en mayo pruebas con arenas locales y promovió una mesa interprovincial para ordenar el mercado y anticipar necesidades. Para Entre Ríos, sostener su posición exigirá combinar calidad, regularidad de entrega y costos competitivos. El potencial existe; su traducción en desarrollo dependerá de cuánto procesamiento, empleo y capacidad empresarial logre retener la provincia.

El crecimiento pide controles

El crecimiento de las arenas silíceas exige información pública y evaluación ambiental. En Ibicuy, la actividad motivó un proceso judicial en el que se presentó un estudio de impacto acumulativo sobre la extracción. El Poder Judicial informó en diciembre de 2023 la convocatoria a una reunión de participación ciudadana para exponer sus resultados en febrero de 2024.

El antecedente muestra que la evaluación debe considerar la concentración de explotaciones y sus efectos conjuntos. La expansión productiva plantea la necesidad de seguir las condiciones de extracción, el procesamiento y la circulación de cargas, además de ofrecer información accesible a las comunidades.

Por otra parte, Fundación Cauce informó que el Superior Tribunal de Justicia confirmó una sentencia que ordenó entregar información faltante sobre el destino de la arena. La organización había solicitado datos de volúmenes, controles e ingresos tributarios. Para la provincia, consolidar esta cadena requiere compatibilizar oportunidades económicas, transparencia y protección de los territorios donde se obtiene el recurso.