Finalmente, las cuatro empresas de telefonía celular tendrán dos meses para adecuar sus sistemas y cumplir con los fallos judiciales que las obligan a cambiar su esquema tarifario y cobrar las llamadas por segundo. En la actualidad, independientemente de la duración de las mismas, las empresas cobran el minuto entero.

Movistar, Claro, Personal y Nextel tendrán 15 días para aplicar el nuevo marco normativo en los casos de las líneas telefónicas nuevas y 60 para las ya existentes. "Es un plazo muy exigente para las compañías y vamos a tener que trabajar mucho para ver si dan cumplimiento a esto", indicó el secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, en un acto que compartió con el ministro de Planificación, Julio De Vido. "Estamos convencidos de que con trabajo, lo van a poder llevar adelante", añadió.

Mediante la resolución 26, que se publicará mañana en el Boletín Oficial, "todos los usuarios nuevos, las nuevas líneas, que se adquieran deberán ser tasados en unidad de segundos y no en minutos, como era hasta hoy", según sostuvo Berner, quien agregó: "Dentro de los 60 días, la totalidad de las comunicaciones móviles en Argentina deberán ser tasadas en segundos y no en minutos ni libremente como era hasta el momento".

Consultados sobre cómo fue la reunión mantenida con las cuatro operadoras de telefonía celular, Berner señaló: "Nos comunicamos con las empresas, les explicamos la resolución que estamos por firmar; plantearon las dificultades que tenían y se fueron a trabajar", al tiempo que añadió que las compañías se comprometieron en pos de trabajar hacia el cumplimiento de los plazos.

Semanas atrás se conocieron distintas medidas cautelares que obligaba a las compañías telefónicas a modifica la forma en que cobra las llamadas. Con esta resolución, el Gobierno busca normativizar una imposición que surgía de fallos judiciales.

Asimismo, el secretario de Comunicación destacó que en caso de aplicar aumentos en las tarifas, deberán notificar a los usuarios con 60 días de antelación para poder aplicarlos. Ello "no implica la fijación de precios de ningún modo", sino que es "sencillamente para poder trabajar con las licenciatarias y poder hacer las verificaciones en las aplicaciones de esos planes, para generar control como corresponde y trabajar con las denuncias" eventuales que se generen. "Si no el estado nunca llega a controlar por que se entera después", señaló.

Berner destacó el trabajo conjunto llevado a cabo con las empresas de telefonía móvil hacia la provisión de un mejor servicio para los usuarios. Si bien reconoció que el servicio sigue siendo "insatisfactorio", subrayó la necesidad de trabajar articuladamente, entre el sector estatal y público, para brindar un mejor servicio de telefonía móvil, con la instalación de nuevas antenas y celdas en los municipios para garantizar las comunicaciones.