Hay una imagen que resume con precisión casi matemática la paradoja del campo argentino: el país con el suelo más fértil del mundo, capaz de producir alimentos para millones de personas, financió durante décadas buena parte de su Estado con un impuesto que grava a quienes más producen. No es una metáfora ni una exageración retórica. Es la historia de las retenciones o, como prefiere llamarlas la jerga técnica, los derechos de exportación: ese impuesto silencioso que el Estado cobra en la aduana cada vez que un barco cargado de granos abandona las costas argentinas.

Durante el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el presidente Javier Milei prometió un alivio que los productores venían reclamando desde hace años. Pocas horas después, el ministro de Economía Luis Caputo publicó los detalles: la retención al trigo y a la cebada bajará del 7,5% al 5,5% a partir de junio de 2026; la soja comenzará su propio camino de reducción desde enero de 2027, pasando del 24% actual al 21% hacia fines de ese año y prometiendo llegar al 15% en diciembre de 2028; el maíz y el sorgo seguirán el mismo sendero hasta alcanzar el 5,5% a fines de 2028, y el girasol descenderá del 4,5% al 3%. Por primera vez en mucho tiempo, el cronograma de bajas se presentó como fijo, programado y no condicionado a la evolución de la recaudación. El campo tiene, al menos en el papel, certidumbre.

Pero los números solos no cuentan la historia. Para entender por qué este anuncio importa, y por qué importa especialmente a los entrerrianos, hace falta entender primero de qué estamos hablando cuando hablamos de retenciones, de dónde vienen y qué se mueve cuando se las toca.

Una vieja disputa con nombre de impuesto

La historia de las retenciones en Argentina no comienza en el kirchnerismo ni en la "Resolución 125" que encendió el conflicto del campo en 2008. Comienza, literalmente, con las guerras civiles del siglo XIX. La discusión sobre quién recaudaba los impuestos aduaneros fue el combustible central de las batallas que durante décadas enfrentaron a Buenos Aires con las provincias del interior. La Constitución de 1853, inspirada en el modelo norteamericano pero con una diferencia crucial, estableció que los ingresos del gobierno federal podían provenir tanto de los impuestos a las importaciones como a las exportaciones. En Estados Unidos, las retenciones a las exportaciones estaban expresamente prohibidas; en Argentina, se abrió la puerta.

La reforma constitucional de 1860 intentó cerrarla: las retenciones quedaron abolidas, con la promesa de eliminarlas definitivamente hacia 1866. Pero la historia tiene una ironía perfecta reservada para ese año. El presidente Bartolomé Mitre enfrentaba un colapso presupuestario y los costos astronómicos de la Guerra de la Triple Alianza. La solución fue una nueva reforma constitucional que devolvió al Congreso Nacional la facultad exclusiva de gravar las exportaciones. Desde entonces, las retenciones nunca desaparecieron del todo. Subieron, bajaron, se eliminaron en los noventa, volvieron en 2002 tras la devaluación. Este punto histórico no es un dato de color. Es la clave para entender por qué el debate sobre las retenciones nunca fue puramente técnico: es, en el fondo, una disputa sobre quién se queda con la renta del campo, y esa discusión tiene raíces que preceden a cualquier gobierno.

El impuesto que se cobra antes de cruzar el océano

En términos concretos, una retención o derecho de exportación es un porcentaje del valor de venta que el Estado retiene en la aduana antes de que el exportador reciba su dinero. Si el trigo se vende hoy a, por ejemplo 250 dólares por tonelada en el mercado internacional y la retención es del 7,5%, el fisco se queda con algo más de 18 dólares por tonelada (USD 18,75). Con la nueva alícuota del 5,5%, se quedaría con unos 14 dólares. La diferencia, esos cuatro dólares por tonelada, es el corazón del debate.

El efecto de este impuesto no es neutral. Durante décadas, los defensores del esquema argumentaron que las retenciones cumplían tres funciones simultáneas: recaudar recursos fiscales de manera rápida, moderar el precio interno de los alimentos básicos (si el trigo cuesta menos en el país, la harina también cuesta menos), y capturar parte de la "renta extraordinaria" que el campo obtiene cuando los precios internacionales están muy altos. Los críticos respondieron siempre con el mismo argumento: cualquier impuesto que desalienta la producción termina siendo un impuesto que empobrece al conjunto, y gravar a quien produce más es una receta para producir menos.

Ambos tienen razón en parte. La tensión entre esas dos verdades parciales es lo que hace que la discusión sobre retenciones lleve tanto tiempo sin cerrarse.

La novedad de los últimos días: trigo, cebada y el largo camino de la soja

Lo que el Gobierno Nacional anunció esta semana no es la eliminación de las retenciones, sino el inicio de un proceso de reducción gradual que, si se cumple el cronograma, transformará de manera estructural la carga tributaria sobre los principales cultivos de exportación. La diferencia entre un anuncio y el otro es enorme: una eliminación tiene efecto inmediato y definitivo; una reducción gradual crea expectativas, genera incentivos y, también, introduce riesgos que analizaremos más adelante.

Para el trigo y la cebada, la baja es inmediata y permanente. A partir de junio de 2026, la retención pasará del 7,5% al 5,5%. No es una medida de emergencia ni un beneficio temporario: es un cambio estructural en la alícuota. Para un productor entrerriano que en este momento está decidiendo si siembra trigo en su campo y cuánto dinero mete en el paquete tecnológico -fertilizantes, semillas, control de malezas-, esto es una señal concreta y mensurable.

Para la soja, el cronograma es más largo y gradual. La retención actual del 24% para el poroto comenzará a bajar recién en enero de 2027, con reducciones de entre 0,25 y 0,5 puntos porcentuales por mes. Hacia fines de 2027 llegaría al 21%, y la meta es alcanzar el 15% en diciembre de 2028. El maíz y el sorgo, actualmente gravados al 8,5%, seguirán un camino similar hasta el 5,5% hacia finales de 2028. El girasol bajará del 4,5% al 3%.

El ministro Caputo fue explícito en un punto que el sector venía exigiendo: estos recortes no están condicionados a que la recaudación alcance cierto nivel ni dependen de ninguna cláusula de escape. Son fijos. Están programados. Eso, en un país acostumbrado a que las promesas fiscales se reescriban con cada cambio de viento, vale más que el porcentaje en sí mismo.

La decisión que se toma en el lote: campaña 2026/2027

Para un productor de Entre Ríos, la campaña agrícola 2026/2027 no comienza cuando cae la primera semilla en el surco. Comienza ahora, cuando hay que decidir si sembrar trigo, cuánto sembrar y cuánto invertir en el paquete tecnológico que determinará el rendimiento. Y esa decisión se toma con un lápiz en la mano y una planilla de costos sobre la mesa.

El escenario de costos al que se enfrentaba el sector en los últimos meses era particularmente difícil. El conflicto bélico en Medio Oriente impactó en los precios internacionales de fertilizantes y combustibles, y el resultado fue un récord histórico en la relación entre el precio de la urea y el precio del trigo: nunca en la historia reciente el productor había necesitado entregar tantos kilos de cereal para pagar un kilo de fertilizante. En muchas zonas del país los números cerraban en rojo o apenas en equilibrio.

En ese contexto, la reducción de dos puntos porcentuales en la retención al trigo no suena a revolución. Pero la aritmética dice otra cosa. Según cálculos de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), la baja del 7,5% al 5,5% genera un mayor poder de pago de las exportadoras de aproximadamente 6,25 dólares por tonelada. Ese número, sumado a una leve mejora en los precios internacionales, permite al productor compensar casi la totalidad del impacto generado por el encarecimiento de la urea y el gasoil, un golpe que los especialistas estimaban en alrededor de 110 dólares por hectárea. La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) calculó, por su parte, que el FAS teórico del trigo -el precio de referencia que el productor puede esperar recibir- mejora entre 4,8 y 4,9 dólares por tonelada con el nuevo esquema.

Traducido a términos de decisión concreta: la baja de retenciones no hace que el trigo sea un negocio extraordinario, pero sí evita que sea un negocio negativo. Y eso, en el momento en que se toma la decisión de siembra, puede ser la diferencia entre sembrar el mismo número de hectáreas, ampliarlas o reducirlas. Las estimaciones antes del anuncio hablaban de una caída de hectáreas de trigo a nivel nacional para la campaña 2026/2027. El incentivo fiscal llega en el momento exacto para moderar esa caída o revertirla parcialmente.

Hay un factor adicional que los productores entrerrianos conocen bien: la llegada del fenómeno "El Niño", que proyecta mejores niveles de precipitaciones en la región. Un clima más favorable combinado con márgenes menos negativos es un escenario que invita a invertir. El productor que antes calculaba si valía la pena mejorar la fertilización o ahorrar en insumos ahora tiene un argumento numérico concreto para apostar a un mayor paquete tecnológico. Y cuando eso ocurre en miles de campos simultáneamente, el impacto sobre los rendimientos totales puede ser significativo.

El grifo de dólares: cómo afecta la medida al ingreso de divisas

La economía argentina respira -o se ahoga- en función de los dólares que genera el campo. No es una metáfora: el sector agropecuario es responsable de más del 60% de las divisas que ingresan al país. Por eso, cualquier cambio en la política de retenciones tiene consecuencias directas sobre las reservas del Banco Central, sobre el tipo de cambio y, en última instancia, sobre el precio de los alimentos y la inflación.

El Gobierno acompañó el anuncio de baja de retenciones con un dato que no es menor: la campaña agrícola 2025/2026 alcanzó un récord histórico de 163,2 millones de toneladas, un 21,25% más que el ciclo anterior. Eso incluye 49,9 millones de toneladas de soja, 70 millones de maíz y 27,9 millones de trigo. Con ese volumen disponible, las estimaciones de liquidación del sector agropecuario para 2026 rondan los 35.375 millones de dólares. El campo tiene granos para vender. La pregunta es cuándo los vende y a qué ritmo liquida las divisas.

Y aquí aparece una tensión que los analistas señalaron casi de inmediato. Al anunciar con tanta anticipación que la soja pagará menos retenciones a partir de enero de 2027 -y menos todavía en 2028-, el Gobierno creó un incentivo racional para que los productores y acopiadores demoren la venta de su soja actual. Si sé que en seis meses voy a pagar menos impuestos por exportar, ¿por qué vendo hoy? La lógica especulativa es impecable desde el punto de vista individual, pero puede ser un problema serio desde el punto de vista macroeconómico. Un cuello de botella en la liquidación de divisas en el segundo semestre de 2026 -período clave para el Banco Central- tensionaría las reservas y complicaría el programa económico.

La Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA), que representa a los grandes exportadores de granos y oleaginosas, ya trabaja con el Ministerio de Economía para encontrar mecanismos que eviten esa conducta especulativa o, al menos, la moderen. No es un problema inventado: en el pasado, los anuncios anticipados de modificaciones en las retenciones generaron exactamente este tipo de comportamiento, con productores que "guardaron" la cosecha esperando condiciones más favorables. La certidumbre sobre el cronograma de bajas es una buena noticia para la planificación de largo plazo, pero puede generar ruido en el flujo de corto plazo.

El pan nuestro de cada día: la cadena molinera y el trigo como materia prima

Pocos argentinos piensan en las retenciones cuando compran una bolsa de harina en el supermercado. Pero hay una conexión directa entre ambas cosas, y entender esa conexión es fundamental para evaluar los efectos de la medida más allá del campo.

La cadena molinera argentina es uno de los sectores industriales con mayor incidencia en la vida cotidiana. Los molinos harineros compran trigo a los productores o a los acopiadores, lo procesan y venden harina al comercio, a las panaderías y a las industrias de alimentos. En Entre Ríos, esa cadena tiene presencia concreta en varias localidades: molinos regionales que generan empleo directo e indirecto y que se abastecen en buena medida del trigo que se produce en la propia provincia y en las provincias vecinas.

Cuando bajan las retenciones al trigo, el efecto sobre la cadena molinera es más complejo de lo que parece a primera vista. Por un lado, el mayor precio neto que recibe el productor tiende a trasladarse al precio interno del trigo. Eso significa que los molinos pueden ver encarecida su principal materia prima. Sin embargo, la historia muestra que el efecto dominante es positivo en términos de volumen: más rentabilidad en el campo se traduce en más siembra, más producción y, finalmente, más toneladas disponibles para procesar. Y más materia prima disponible implica mayor actividad industrial, más horas de trabajo para las máquinas y, eventualmente, menores costos unitarios por tonelada procesada.

Un estudio de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) analizó el impacto de la reducción de retenciones ocurrida entre las campañas 2014/2015 y 2018/2019, un período en que las alícuotas bajaron significativamente. El resultado fue que la producción total de granos aumentó en 23,1 millones de toneladas. Ese volumen adicional necesitó ser procesado, secado, acopiado y transportado. El impacto sobre el empleo fue concreto: las cadenas agroalimentarias crearon 108.973 nuevos puestos de trabajo en ese período, y solo el segmento de "elaboración de productos de molinería" aportó 3.804 empleos directos adicionales. No son números abstractos: son trabajadores en molinos reales, en localidades reales, muchos de ellos en provincias como Entre Ríos.

Para los molinos entrerrianos, garantizar un flujo mayor y más constante de trigo de calidad implica la posibilidad de operar más cerca de su capacidad instalada, de diluir costos fijos, de invertir en equipamiento y de aumentar la producción de harinas especiales con mayor valor agregado. El campo que siembra más y mejor es la cadena de suministro de una industria alimentaria que da trabajo en las ciudades.

Hay una oportunidad adicional que merece nombrarse. Entre Ríos tiene condiciones para producir trigo de alta calidad proteica, un segmento diferencial que los molinos y los exportadores de harinas especiales valoran. Si el mayor incentivo fiscal se combina con una apuesta provincial a la calidad varietales, a la fertilización adecuada y a la trazabilidad del origen, la provincia puede posicionarse como proveedora de un trigo premium que compita en mercados que el trigo estándar no alcanza. Eso requiere política activa: líneas de crédito, asistencia técnica, certificación de origen. La baja de retenciones abre la puerta; atravesarla exige voluntad institucional.

La aritmética del fisco: cuánto pierde el Estado y cuánto recupera

Todo lo anterior suena bien. Pero hay una pregunta que cualquier ciudadano tiene derecho a hacerse: si el Estado cobra menos impuestos al campo, ¿ese dinero sale de algún lado? ¿Quién financia la diferencia? Es una pregunta justa y la respuesta no es simple. Comencemos por los números. El impacto fiscal inmediato de bajar las retenciones al trigo y la cebada en 2026 es, según las estimaciones disponibles, relativamente acotado: entre 30 y 45 millones de dólares. Eso se explica porque una proporción significativa de las exportaciones de esta campaña ya fue comprometida antes del anuncio. El efecto pleno de la medida se sentirá recién en la campaña 2027/2028.

Cuando la soja entre al cronograma de bajas en 2027, el costo fiscal sube de escala. Llevar la retención al poroto de soja del 24% al 18% representa, según estimaciones de analistas del sector, alrededor de 700 millones de dólares, equivalente a algo menos del 0,1% del PBI. Y si el cronograma se cumple hasta llegar al 15% en 2028, el Ministerio de Economía reconoce que el costo total superará los 1.200 millones de dólares anuales. Son números que, en un contexto de ajuste fiscal y metas con el Fondo Monetario Internacional, requieren compensación.

La respuesta oficial, que varios economistas del sector acompañan, es que los derechos de exportación son el impuesto más ineficiente del sistema tributario argentino porque tienen uno de los "recuperos" más bajos. Dicho en términos sencillos: cada peso que el Estado deja de recaudar por retenciones lo recupera parcialmente a través de otros impuestos que se activan cuando el campo produce y vende más. Los cálculos disponibles son reveladores: por cada peso de retención que el Estado resigna en trigo, recupera de manera automática el 88,7% a través del Impuesto a las Ganancias y el impuesto a los créditos y débitos bancarios. En maíz, ese recupero llega al 92,4%. En soja, al 51,3%.

Lo que esos números dicen, en lenguaje llano, es esto: renunciar a una retención no es lo mismo que tirar dinero al río. Es, en parte, intercambiar un impuesto ineficiente por recaudación más eficiente que viene con la mayor actividad. La pérdida neta real es menor a la pérdida bruta. El problema es que el recupero no es instantáneo: el Estado deja de recaudar en la aduana hoy y empieza a recuperar vía Ganancias con cierto rezago temporal. Ese desfase, en el contexto de un programa económico que depende del equilibrio fiscal, es el verdadero riesgo de corto plazo.

Hay una dimensión del problema que pocas veces aparece en los titulares y que para Entre Ríos tiene una relevancia directa. Los derechos de exportación son tributos no coparticipables: el Estado nacional los recauda y se los queda, sin transferir nada a las provincias. El Impuesto a las Ganancias, en cambio, sí se coparticipa: una parte importante de lo que recauda el fisco central va a las provincias. Si la reducción de retenciones se traduce en mayor actividad y, por lo tanto, en mayor recaudación del Impuesto a las Ganancias, Entre Ríos captura una parte de ese crecimiento. En términos prácticos, la baja de retenciones puede ser uno de los pocos instrumentos de política fiscal que, de funcionar como se espera, mejora la posición fiscal de las provincias al mismo tiempo que reduce la carga sobre los productores.

Luces y sombras: el mapa completo de efectos sobre la economía

No hay medida económica que sea buena para todos ni mala para todos. Estas medidas siempre generan ganadores y perdedores. Lo honesto es nombrar a unos y a otros.

En el lado de las oportunidades, el argumento más poderoso es el de los multiplicadores. Un alivio fiscal que mejora los márgenes del campo no se queda en el bolsillo del productor: se gasta. El productor argentino tiene una probada tendencia a reinvertir sus ganancias en el circuito local: compra una nueva sembradora, renueva su camioneta, mejora las instalaciones de su campo, contrata más mano de obra. Ese dinero circula por los talleres mecánicos, las concesionarias, las estaciones de servicio y los comercios de las ciudades del interior. Para una economía regional como la entrerriana, donde el campo y las ciudades están profundamente entrelazados, ese efecto multiplicador no es marginal.

El impacto logístico es otro canal de transmisión que vale la pena dimensionar. Solo en transporte y logística se estima que se pueden generar más de 17.500 puestos de trabajo. Los camioneros, los fleteros, los acopiadores, los operarios de silos y terminales portuarias son parte de ese derrame. En Entre Ríos, donde la red de caminos rurales y la logística de granos son parte de la identidad productiva de decenas de localidades, ese efecto es tangible y directo.

Pero hay sombras que merecen nombrarse con la misma claridad.

La primera es la de los precios internos. Las retenciones han funcionado históricamente como un mecanismo de amortiguación entre los precios internacionales y los locales. Cuando el precio del trigo sube en los mercados mundiales, la retención evita que ese aumento se traslade completamente al precio interno de la harina y el pan. Con retenciones más bajas, esa amortiguación se reduce. Si los precios internacionales de los commodities suben fuertemente -algo perfectamente posible en un contexto geopolítico volátil-, el ciudadano podría ver encarecidos algunos alimentos básicos con mayor velocidad que antes. El Gobierno confía en que la mayor oferta generada por el estímulo a la producción compensará ese efecto. La historia argentina sugiere que no siempre funciona así.

La segunda sombra es la de la concentración. Los beneficios fiscales de las retenciones más bajas no llegan por igual a todos los actores de la cadena. Los grandes exportadores, los pools de siembra de mayor escala y las empresas mejor capitalizadas son los que tienen mayor capacidad de capturar rápidamente las mejoras de rentabilidad. El pequeño productor que trabaja con campos alquilados, con crédito caro y con acceso limitado al mercado de futuros puede seguir enfrentando márgenes ajustados incluso con retenciones más bajas. La baja de alícuotas es condición necesaria pero no suficiente para mejorar las condiciones del sector en su conjunto. Sin acceso al crédito, sin seguro agrícola accesible, sin asistencia técnica y sin una infraestructura de comercialización que no favorezca solamente a los grandes, la medida puede terminar siendo más útil para los que ya estaban bien que para los que necesitaban el oxígeno.

La tercera sombra, ya mencionada, es la del comportamiento especulativo con la soja. El anuncio anticipado de bajas progresivas para 2027 y 2028 crea el incentivo para retener la cosecha y venderla cuando paguen menos impuestos. Si miles de productores y acopiadores hacen eso simultáneamente, el resultado es una caída en el ingreso de divisas en el período en que el Banco Central más las necesita. El Gobierno apostó a que la certidumbre del cronograma, combinada con el buen volumen de cosecha, neutralizará ese efecto. Es una apuesta razonable, pero es una apuesta.

Mirada local: lo que esta medida significa para Entre Ríos

Para un lector de Entre Ríos la pregunta más relevante no es si la medida es "buena" o "mala" en abstracto, sino qué significa concretamente para el tejido productivo y social de la provincia.

Entre Ríos no es la provincia más sojera del país. Eso, que a veces se percibe como una limitación, puede ser una ventaja en este contexto. La diversificación productiva provincial —trigo, maíz, soja, cítricos, avicultura, ganadería— hace que la medida golpee de manera diferente en distintos departamentos y cadenas. Lo que sí vale para todos los rincones de la provincia es el efecto indirecto: más actividad en el campo se traduce en más demanda de servicios, insumos, logística y comercio en las ciudades intermedias. Gualeguaychú, Paraná, Concepción del Uruguay, Concordia, Villaguay, Basavilbaso -entre otras-: cada una de esas ciudades tiene una economía local que respira al ritmo del campo que la rodea. Cuando el campo produce más y con mejores márgenes, los talleres tienen más trabajo, los concesionarios venden más, los comercios facturan más y las arcas municipales se benefician con mayor recaudación de tasas e impuestos locales.

Hay una oportunidad específica para la cadena molinera entrerriana que vale la pena destacar por separado. Si la mayor rentabilidad del trigo incentiva a los productores a apostar por variedades de mayor calidad proteica, Entre Ríos puede convertirse en proveedor de referencia de una harina diferencial que los molinos de mayor tecnología necesitan. Eso requiere política activa de la provincia: articulación con las entidades técnicas, líneas de crédito para la compra de semillas certificadas, programas de difusión varietal y acuerdos de comercialización que conecten al productor chico con los compradores que pagan el sobreprecio por calidad. El gobierno provincial tiene una ventana de oportunidad concreta para actuar antes de que la campaña de invierno quede definitivamente trazada.

La pregunta que los números no responden

Hay algo que ningún comunicado oficial, ningún porcentaje de retención ni ninguna planilla de cálculo puede responder por sí solo: qué modelo de economía rural queremos para Entre Ríos en los próximos veinte años.

Las retenciones han sido, durante décadas, el instrumento preferido para extraer renta del campo y redistribuirla hacia el resto de la sociedad. Reducirlas cambia ese equilibrio. No lo elimina: el campo seguirá pagando Ganancias, seguirá aportando al sistema previsional, seguirá siendo la columna vertebral de las exportaciones argentinas en general, y entrerrianas en particular. Pero la ecuación cambia, y cambia de manera que favorece a quienes producen y exporta en detrimento de quienes esperaban ese flujo redistributivo desde el Estado.

La pregunta que el debate raramente formula con honestidad es esta: si reducimos las retenciones, y por lo tanto la capacidad del Estado de financiarse con esos recursos, ¿qué reemplaza ese ingreso? La respuesta que el Gobierno propone es el crecimiento: más producción, más actividad, más recaudación de otros impuestos. Es una respuesta posible, y los datos históricos parcialmente la apoyan. Pero también es una apuesta que requiere que el crecimiento sea genuino, distribuido y sostenido en el tiempo; que los beneficios lleguen al pequeño productor y no solo a los grandes exportadores; y que el Estado disponga de los instrumentos para garantizar que la mayor riqueza del campo se traduzca en más y mejores servicios para los ciudadanos, no solamente en mejores balances de las compañías agroexportadoras.

La discusión sobre las retenciones nunca fue solo fiscal. Fue siempre también una discusión sobre qué tipo de federalismo queremos, quién se beneficia del suelo argentino, qué rol debe tener el Estado en la distribución de la renta agropecuaria y cómo se financia la promesa de desarrollo en las provincias del interior. Entre Ríos, como provincia que produce y exporta, debería tener una posición clara sobre esa pregunta: no solo celebrar la baja de retenciones como una concesión del gobierno central, sino reclamar que la mayor actividad que genera se traduzca en coparticipación genuina, en infraestructura productiva, en asistencia al pequeño productor y en cadenas de valor que agreguen trabajo entrerriano a cada grano que sale de nuestros campos.

El campo argentino produce más de 163 millones de toneladas en una sola campaña. Entre Ríos es parte de esa historia. Lo que está en juego en el debate sobre las retenciones no es solo quién se queda con unos puntos porcentuales en la aduana. Es quién decide el futuro de una economía que se siembra cada año y que solo florece cuando las condiciones son justas para todos los que trabajan la tierra, y también para todos los que viven de lo que la tierra produce.

Esa es la semilla más importante que se está plantando esta semana. Y de ese cultivo, que no se mide en toneladas sino en decisiones políticas, depende más el destino de la región que cualquier ajuste de alícuota.

*Por María José Quinodoz/Contadora y profesora de Economía

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