Los 12 acusados en el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la causa Guerrieri II, tuvieron este jueves la posibilidad de declarar ante el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) de Rosario y dos de ellos solicitaron ser apartados del debate oral por razones de salud.

El TOF1 pasó durante la tarde a un cuarto intermedio hasta este viernes, cuando resolverá esas solicitudes de los imputados y los pedidos de otros tres de poder contar con una computadora durante el debate.

En la audiencia iniciada a las 10 en los tribunales federales de Rosario las partes expusieron las cuestiones preliminares y luego el TOF1 inició la etapa de las declaraciones otorgándoles a los 12 imputados la posibilidad de ejercer su defensa material.

En el juicio están acusados Pascual Guerrieri; Daniel Amelong; Alberto Fariña; Walter Pagano; Eduardo Costanzo; Marino González; Ariel Porra; Alberto Pelliza; Ariel López; Andrés Cabrera; Carlos Sfulcini y Joaquín Guerrera.

Se les imputan homicidios (en 14 casos), privaciones ilegítimas de la libertad, aplicación de tormentos y asociación ilícita, según la requisitoria de elevación a juicio de la Fiscalía.

Todos cumplieron funciones en el Batallón de Inteligencia 121 de Rosario durante los años 1977 y 1978 y se les imputan los delitos de los que fueron víctimas 27 personas, que en su mayoría pasaron en ese período por alguno de los cinco centros clandestinos de detención que funcionaron bajo la órbita de esa dependencia del Ejército.

En la audiencia de este jueves, algunos de los imputados optaron por abstenerse de declarar, otros expresaron su presunta inocencia y negaron responsabilidad en los hechos que se les achacan y dos, los militares retirados Juan Daniel Amelong y Oscar Pascual Guerrieri, hicieron uso de ese derecho constitucional.

El teniente coronel(R) Guerrieri alabó a los integrantes del TOF1 de Rosario, los jueces entrerrianos Roberto López Arango, Lilia Carnero y Noemí Berros que lo condenaron en 2011 en otra causa en Paraná, por considerar que fue un "juicio justo" al igual "que el proceso". Aquella causa fue por sustracción de menores y sustitución de identidad durante la dictadura.

La jueza Carnero le respondió que si consideraba justo el proceso era porque acepta los hechos por los que fue condenado, y le pidió que si quería colaborar dijera "a los querellantes y a la sociedad dónde están los desaparecidos".

Luego el teniente coronel (R) Amelong, que también es abogado, volvió a pedir al tribunal "ejercer la autodefensa" en el juicio y que se le suministrara una notebook, solicitud que el TOF1 postergó para la audiencia de mañana.

La defensa del ex Personal Civil de Inteligencia (PCI) Alberto Pelliza pidió su "separación del proceso" y que no participe de las audiencias por un ACV que sufrió en 1982, que le impedirían formar parte del juicio.

El fiscal Gonzalo Stara rechazó el pedido al aducir que "de 2008 a la fecha" las únicas visitas sanitarias que realizó el imputado fueron "al oftalmólogo y al odontólogo", según consta en su legajo.

Las querellas particulares también rechazaron el planteo y solicitaron una pericia de una junta médica oficial y de parte para determinar el estado de salud del acusado, cuestión que el tribunal resolverá este viernes.

Por último, el imputado Ariel López (ex PCI) pidió al TOF1 permanecer en su domicilio durante el debate porque, dijo, no tiene quién atienda a su hijo de 41 años con Síndrome de Down y diabetes.

Tras establecer un cuarto intermedio, los jueces señalaron que este viernes responderán las distintas peticiones formuladas.

Fuente: Télam