Dos exfuncionarios enfrentan una causa por cesión de terrenos

Dos exfuncionarios de la Municipalidad de Diamante enfrentan una causa judicial donde se les imputa el delito de Incumplimiento del deber de funcionario público: Juan Carlos Darrichón, exintendente de Diamante y actual diputado provincial (FPV) y Nelson Schlotahuer, quien en ese momento se desempeñaba al frente de la Secretaría de Gobierno de la comuna, fueron denunciados en 2012 por una empleada municipal por considerar que se cometieron irregularidades al celebrarse un contrato de comodato en 2010. La operatoria -según información a la que pudo acceder UNO- buscaba favorecer el desarrollo de un  complejo hotelero en la Ciudad blanca, que estaría enclavado en una  zona ribereña, en cercanías al puerto de la localidad. Se trata de una propiedad fiscal, que permanecía en estado de abandono y con el paso del tiempo resultó un espacio propicio para el depósito de basura que arrojaban los vecinos.  

En realidad la investigación  avanzó a paso lento, si se tiene en cuenta que recién en abril de 2015 se notificó  de la demanda a uno de los imputados y que la requisitoria fiscal se sustanció en 2014, en el marco del antiguo Código Procesal Penal. Schlotahuer, uno de los acusados y que ejerce su propia defensa, apeló la medida ante el Juzgado de Instrucción de Diamante, aunque la petición fue rechazada. Pero el abogado tuvo la posibilidad de mejorar el recurso que fue derivado a Paraná para su tratamiento ante el Tribunal de Juicios y Apelaciones. El informe in voce presentado ayer durante una audiencia por el defensor en su condición de imputado planteó la prescripción de la acción penal ante el tribunal conformado por Ricardo Bonazzola, Elisa Zilli y Alejandro Grippo. 

Luego de escuchar su exposición, ahora la Justicia deberá  resolver si sostiene el planteo de la Unidad Fiscal de Diamante, que advirtió que se podría estar ante la comisión de delito.

“Hay varias falencias”

El fiscal Gilberto Robledo, representante de la Unidad Fiscal de Diamante, trazó un perfil de la causa donde se investiga la denuncia realizada en 2012 por Cristina Lust, quien fuera jefa del Departamento de Obras del municipio diamantino. “Ella denunció que se firmó un contrato de comodato en forma irregular en una zona de emergencia”, dijo a UNO. El funcionario recordó que ante el Juzgado de Instrucción de Diamante, a cargo de Julián Vergara, el exfuncionario Nelson Schlotahuer hizo un planteo de prescripción de la acción penal, un recurso al que no se le hizo lugar. “Posteriormente apeló a esa medida y entonces tuvo que intervenir un tribunal de alzada”, remarcó Robledo.

Robledo consideró que frente a la investigación de este delito y la imputación que pesa sobre Darrichón y Schlotahuer, “se podría estar frente a varias falencias dentro del trámite, aunque ello no quiere decir que se tenga por culpables a los acusados”. Al margen de la valoración de alguno de los elementos probatorios que se fueron incorporando durante el proceso, el agente fiscal fue tajante: “Para nosotros no corre la prescripción”. 

Sobre los pasos a seguir explicó:  “Ahora se deberá resolver el planteo de la prescripción y entre las alternativas el tribunal puede hacer lugar a ese recurso y sobreseer a Schlotahuer. Por el contrario, puede rechazar la acción de extinción y la causa retomará su curso en el tribunal de Instrucción, donde deberá dirimirse la cuestión de fondo”.  

De acuerdo a información proporcionada por la Fiscalía, el juez Vergara debe aún fijar fecha para la indagatoria de los imputados y otra batería de medidas pendientes. La demora en la tramitación de este  expediente fue uno de los aspectos sobre los que respondió el funcionario judicial. Robledo justificó el lento avance de las actuaciones argumentado que se trata de un delito contra la administración pública. “Reunir información para la investigación no es sencillo, lleva tiempo obtener datos  y otras diligencias”.

“Es una vendetta”

Uno de los acusados y protagonista de la audiencia que se desarrolló en Tribunales brindó su versión de los hechos. Dolido por tener que enfrentar esta situación, Nelson Schlotahuer calificó al proceso como “una vendetta”. 

“Si hubiera alguna norma que lo impedía no lo hubiéramos firmado. Denunciaron que  debió haberse hecho con aprobación del Concejo”, aclaró.