Si bien no pudieron establecerse contactos entre las partes en conflicto, la apertura de una mesa de diálogo ayer en torno al problema por el desalojo de familias de calle Churruarín al final dejó un saldo positivo, de acuerdo con la opinión de la titular del Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo –institución organizadora de la reunión–, Irina Chausovsky.

Primero, porque fue el inicio de un proceso que reúne no solo a las partes en conflicto, sino también a autoridades municipales, provinciales y judiciales.

En ese marco, la titular del Centro de Mediación dijo a UNO que “lo importante es que las familias afectadas pudieron tomar contactos” con autoridades y representantes de distintas esferas del Estado, para dar a conocer su situación.

Se trata de unas 25 personas, unidas por lazos familiares, que constituyen ya tres generaciones que habitan el lugar, desde hace unos 30 años.

Vale recordar que a inicios de diciembre del año pasado, se produjo un violento intento de desalojo en el predio ubicado en Churruarín y López Jordán. Con una orden judicial y el accionar del grupo GIA de la Policía, se vivieron momentos de violencia inusitada, y los vecinos se solidarizaron con las familias –con integrantes enfermos y también niños–, que son queridas y reconocidas por ser “gente trabajadora”.
A ese duro accionar se había llegado luego de conocerse una sentencia firme, tras fallos en el juicio civil con apelaciones.

El conflicto tomó tal magnitud que se suspendió transitoriamente, con el propósito de lograr una solución consensuada, de acuerdo con lo dispuesto por el Ministerio Público Fiscal.

“En el marco de la mesa de diálogo no se desconoce la existencia y vigencia de la orden judicial”, remarcó Chausovsky. La mediadora destacó que “la familia afectada pudo tomar contacto directo con funcionarios municipales, provinciales y judiciales. Y se acordó convocar a un nuevo encuentro en los próximos días –aún sin fecha establecida– para volver a citar al propietario, de origen santafesino.

Junto con las autoridades de la Defensoría del Pueblo y del Centro de Mediación, encabezadas por Luis Garay e Irina Chausovsky, estuvieron los habitantes del inmueble José Ángel Petrechelli y Griselda Chávez y su asesor legal Marcelo Boeykens; la defensora de Pobres y Menores Nº 1, Noelí Ballhorst; Juan Domingo Cabrera por el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf); y Gualberto Domé por la Fiscalía de Estado. Asistieron también, en representación de la Municipalidad de Paraná Dante Molina, de la Secretaría Legal y Técnica; la secretaria de Derechos Humanos, Salud y Educación, Florencia Amore y Federico Feltes, de Economía Social.

“Los funcionarios se involucraron en la problemática, para atender y tratar de resolver una situación, teniendo en cuenta derechos, necesidades y preocupaciones de todos”.