La Cámara de Diputados de la nación convirtió en ley un proyecto del Poder Ejecutivo que establece la creación de un Fondo Fiduciario de asistencia para las víctimas del delito de trata y explotación de personas. La norma se sancionó con 183 votos positivos, uno negativo –del mendocino José Luis Ramón– y ninguna abstención.
Destacan la creación por ley del fondo para asistir a las víctimas de trata de personas
La presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos, destacó que la ley tiene que ver con la indemnización y restitución para las víctimas de este tipo de delito, y al respecto sostuvo que el Poder Ejecutivo Nacional debe incluir las partidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de la norma.
“El más importante de los derechos es que el Estado debe establecer un procedimiento adecuado para que las víctimas accedan a la indemnización y restitución a que son acreedoras por la legislación mencionada”, señaló la jujeña.
El Fondo se conformará con el producto de bienes decomisados por sentencia firme; o cuando no haya sentencia, aquellos que son autorizados por el juez competente en forma anticipada, garantizando a la víctima que sea innecesaria su acción directa por vía civil, evitando así una revictimización.
Burgos precisó: “Lo que se logra es que los imputados o los condenados por ese delito, que sean insolventes o no se le hayan podido detectar los bienes y no puedan indemnizar a las víctimas, este Fondo permitirá obtener un cúmulo de dinero que servirá para indemnizar a las víctimas de delitos vinculados con la trata”.
La norma había recibido media sanción del Senado el 21 de mayo.
Satisfacción en la provincia
La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, celebró esta normativa y manifestó: “Es una excelente decisión que el Estado pueda recuperar bienes provenientes del delito de trata, para hacer prevención y atender a las víctimas”.
La coordinadora del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de Trata y Tráfico de Personas –dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia de Entre Ríos–, Silvina Calveyra, explicó: “Tanto el dinero en efectivo como el procedente de la venta de los bienes decomisados en los procesos judiciales por trata y lavado de activos que devienen de estos delitos serán destinados a restituir los derechos de las víctimas”.
La aprobación de esta Ley “es un avance en la generación de políticas públicas vinculadas a garantizar derechos humanos fundamentales a víctimas del delito de trata de personas, que son vulneradas psíquica y físicamente, privadas de su libertad y de su dignidad, sometidas a malos tratos y condiciones de vida infrahumanas”, destacó Calveyra.
Según la norma aprobada, el Fondo tendrá una duración de 30 años, en tanto, los bienes que lo integren no se computarán para el cálculo de los recursos del Presupuesto Nacional y tendrán carácter presupuestario.
Otro de los puntos a considerar es que el Poder Ejecutivo implementará un sitio de consulta pública y gratuita en Internet, a fin de dar a conocer los bienes que ingresen al Fondo.
Es de destacar que la existencia de un fondo de asistencia ya estaba previsto en el Artículo 27 de la Ley N°26.364 y su modificatoria Nº26.842, de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas –promulgada en el año 2008–, aunque hasta el momento no había sido instrumentado; y que el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata de Personas, impulsó la creación y el tratamiento del proyecto que buscaba hacer realidad esa materia pendiente.