Después de haber sido mucho tiempo prácticamente una letra muerta, la Ley N° 9.755 del Régimen Jurídico Básico del Empleo Público de Entre Ríos volvió a estar en la agenda de los gremios estatales y del gobierno provincial. Sancionada el 6 de diciembre de 2006, después de 13 años nunca pudo aplicarse por la falta de reglamentación por parte del Poder Legislativo. UNO se ocupó del tema en un artículo donde se planteaba la necesidad de instaurar un mecanismo jurídico capaz de dotar de derechos a los trabajadores. A partir de una convocatoria de la Secretaría de Modernización del Estado se conformó una mesa de trabajo con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) para abordar diferentes aspectos de la normativa.
Después de casi 13 años se volvió a discutir la reglamentación del Régimen Jurídico Básico
ATE Entre Ríos
En la primera audiencia se presentó un informe con datos sobre distintos aspectos del empleo público, entre ellos la cantidad de trabajadores del escalafón general: son en total 21.760 agentes. En el relevamiento también se realizó una clasificación según los ministerios, al género, a los agrupamientos y a las categorías que pertenecían.
Uno de los temas considerados prioritarios fue el régimen de licencias en el escalafón general, aunque luego se seguirán discutiendo otros puntos contenidos en la Ley Nº 9.755.
“Es la primera vez que en muchos años logramos tener datos objetivos del empleo público, con la cantidad de trabajadores y su realidad en cada ámbito de la administración pública. El trabajo que se empezó hoy estaba siendo esperado por nuestro sindicato, por tratarse de la reglamentación de una ley importante. Esperemos que tenga la definición política de continuarse”, afirmó la secretaria gremial de UPCN, Carina Domínguez.
Régimen de licencias
Sobre este punto se realizó un diagnóstico del régimen que se encuentra vigente, en especial se reclamó por la extensión de la licencia por maternidad mediante decreto. “Se pidió que en el término de los próximos 15 días, desde el sindicato entreguemos una propuesta respecto de los puntos que debemos tratar y concretamente de las licencias que queremos que se discutan”, precisó la sindicalista.
Después sostuvo, que en el caso de UPCN, se realizó un trabajo comparativo con el sistema de licencias en distintos ámbitos de la administración pública provincial. En el mismo sondeo se incluyó la situación en otras provincias, y a partir de esa información se elaborará un proyecto “para igualar condiciones de empleo y apostar a políticas que tienen que ver con la capacitación”, expresó Domínguez.
Una de las situaciones que se deberían corregir –planteó UPCN– es que el régimen de licencias se adecue al pedido de los empleados que quieran realizar capacitaciones. “No hay permisos que admitan en un sentido amplio realizar la capacitación. Por un lado se exige y por otro lado no se contempla esta situación, entre otras cosas que pretendemos modificar”, dijo la dirigente en diálogo con UNO.
“Darle contenido a la ley”
La ley de 30 páginas se compone de 122 artículos donde se apunta a transparentar las condiciones de ingreso a la administración pública. Ese es el espíritu del artículo 4, donde se establece que el ingreso de un nuevo trabajador debería darse sujeto al cumplimiento de requisitos tales como acreditar “condiciones de conducta e idoneidad para el cargo”.
Se espera que en los próximos encuentros se discuta sobre otros aspectos, como por ejemplo la cuestión de los concursos, la higiene y seguridad laboral, y los acuerdos en el marco de la paritaria. “Queremos que este sea el inicio del camino para tener un convenio colectivo de trabajo que realmente es nuestro objetivo en la administración pública provincial”, enfatizó Domínguez.
Los representantes de ATE propiciaron cambios respecto del sistema de licencias, y en particular a los días que se deberían otorgar por maternidad. “Es una cuestión donde el Poder Judicial y otros organismos como la Uader, han decidido extenderla. Y eso no está contemplado”, subrayó el secretario de organización de ATE, Víctor Sartori.
El dirigente mencionó que en el área Salud se generaron dificultades por la interpretación que se hacen de los días francos, si son considerados simples o dobles: “Tenemos un problema de acumulación de francos y hay dificultades para devolverlos. En la práctica tenemos cuestiones que tienen que ver con los regímenes de licencias y se tratará de cubrir todos los vacíos legales”, manifestó.
Sartori explicó que uno de los mayores logros estuvo dado por la regularización de alrededor de 5.000 trabajadores que pasaron a la condición de planta permanente. La misma mecánica será procurar la regularización de los agentes contratados de obra: “Es lo que nosotros pretendíamos, es decir, regularizar la mayor parte del personal para ver después cómo hacemos con esta ley”.
En principio el sindicalista hizo una lectura positiva del encuentro: “Nos parece muy interesante el análisis para poder avanzar, con la cantidad de trabajadores que tiene la administración pública, el tipo de capacitación que tienen, las franjas etáreas. Puede ser el inicio de algo positivo”.
Del mismo modo señaló que la normativa deberá “actualizarse en base a las necesidades de los trabajadores del Estado, planteando la posibilidad de revisar algunas cuestiones que no están claras”.
También consideró que todas las medidas acordadas deberán ser puestas en práctica en el Estado.
“Es una ley que hace muchos años que está aprobada y es nuestro reglamento de trabajo, donde se plasman los derechos y obligaciones de los trabajadores. Hay cuestiones que habría que analizar, y no sé si habría que sancionar una nueva ley en función de que esta ley fue sancionada antes de la reforma de la Constitución en 2008. Esta reforma estableció el régimen de ingreso; por el ejemplo el requisito de ser argentino nativo por opción, no debería estar porque la Constitución establece nada más que el requisito es de idoneidad para cubrir los cargos públicos”, completó el dirigente.