Denunciaron por encubrimiento y prevaricato a un magistrado federal

Un empresario de la ciudad de Concordia, que enfrenta una causa por asociación ilícita en la que se investiga el accionar de una banda que supuestamente se dedicaba a la fabricación y venta de cigarrillos con etiquetas falsas de reconocidas marcas, se refirió en duros términos al juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, quien lleva adelante las actuaciones. El caso se remonta a 2013, cuando a partir de una denuncia de Massalin Particulares contra Tabacalera del Litoral, propiedad de Raúl Molina, fueron allanados 15 domicilios en todos el país (12 en Concordia y tres en Buenos Aires) y se detuvo a más de 20 personas, entre ellos Molina quien en noviembre de 2015 logró la excarcelación. Si bien el proceso ha atravesado diferentes instancias, el imputado pidió ser escuchado porque considera que "la causa fue armada" y su emprendimiento desmantelado, lo que derivó en que 60 empleados perdieran su trabajo. Ahora Molina formuló una denuncia por el delito de encubrimiento contra el magistrado Pablo Seró y la fiscal federal María de los Milagros Squivo. Aunque también denunció al primero por prevaricato.

En lo medular de su planteo, Molina cuestionó la forma en que se realizó la investigación, para lo cual se apoyó en diferentes argumentos. En primer lugar puso de manifiesto que se estaría ante una investigación ilícita porque el juez la autorizó el 1 de febrero de 2013, cuando en realidad en noviembre de 2012 se había realizado un pedido de informes sobre registros de llamadas a la empresa Claro. "A esto hay que sumarle que no hay un oficio judicial. Ninguna empresa de seguridad puede pedirle a ninguna empresa telefónica 'chupar' un teléfono si no hay una orden judicial de por medio. La orden judicial nunca la entregó Seró; él está avalando todo esto", reprochó Molina.

En la denuncia en cuestión, Molina también cuestionó el papel ejercido por el Escuadrón Concepción del Uruguay de Gendarmería Nacional. "Es que claramente la causa fue armada por los sumariantes de esa fuerza, pues una vez reunida toda la información simularon tener la noticia de un delito que desde antes estaban investigando. Estas conductas son violatorias de la Constitución Nacional en relación a mis derechos", expuso el denunciante. En relación a la modalidad del procedimiento, Molina le recriminó al juez haber tenido conocimiento de esta circunstancia y la tuvo a la vista desde los primeros momentos del trámite, pero sostuvo que omitió tomar cualquier medida al respecto. En este punto la defensa marcó una serie de irregularidades durante la marcha del proceso, pero especialmente en lo que atañe al desempeño del alférez Fernández y su convocatoria a declarar en el marco de una audiencia. En su presentación, Molina hizo especial énfasis en su testimonial y sobre algunas cuestiones que no fueron debidamente aclaradas.

"La inverosímil versión del denunciante anónimo y espontáneo nunca pudo ser seriamente confrontada por esta defensa por las permanentes negativas a las preguntas en la audiencia llevada adelante por el secretario judicial, quien asimismo interrumpió momentáneamente la declaración frente a mi asistencia por saber en detalle las condiciones en las que el falaz patrullaje de un alférez tenía lugar en un lugar distinto de su destino, para luego no admitir ninguna pregunta más", argumentó el acusado.

Al enmarcar el objeto de la denuncia, Molina la encuadra como un encubrimiento por omisión de denuncia calificado por tratarse de un funcionario público. Por el restante delito por el que se acusa al juez, el de prevaricato, se sostuvo que dictó resoluciones contrarias a la ley, en este caso para resolver que los registros telefónicos no requerían de orden judicial.

Bajo argumentos similares formulados por su defendido, el abogado defensor Pablo Moyano interpuso un recurso de apelación contra una resolución dictada por el juez Pablo Seró. Al fundamentar los motivos de su recurso, el letrado señaló que en el proceso se advierte la necesidad de debatir la existencia de una investigación ilícita previo a la apertura de la causa en enero de 2013. En efecto, en el escrito recordó el pedido de nulidad presentado contra el informe de comunicaciones y le reprochó al juez "empecinarse en convalidar conductas criminales".

"Usted no se dio cuenta que el pedido de informe es del año 2012 y la denuncia anónima que indica el delincuente Fernández es de 2013? En cualquier otro contexto consideraría innecesario decirlo, pero sepa señor juez que el año 2013 viene después del año 2012, y por lo tanto, no pueden haber pedido en el año 2012 una medida para verificar un hecho del que tomaron conocimiento en el 2013", subrayó Moyano.

"A la contradicción del régimen procesal penal ya exhibido en su resolución, se suman las consideraciones dadas por usted, quien reiteradamente se ha hecho el distraído respecto de que el informe solicitado a la empresa de telecomunicaciones", alegó.

Por todo lo dicho, la defensa planteará un pedido de recusación contra el juez Pablo Seró, que tiene a su cargo el expediente. La audiencia se realizará el 18 de octubre en la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Paraná, según pudo saber UNO.