Denunciaron a directivos por el cierre arbitrario de un hogar niñas

La residencia socioeducativa Bernardino Rivadavia, situada en Belgrano 323 en Paraná, cerró sus puertas de manera inesperada y arbitraria el 30 de abril, luego de que la comisión directiva que estaba al mando del hogar en esa fecha presentara una nota ante el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), anunciando el cese “en el sostenimiento de esta Residencia de manera indeclinable y definitiva”.
Entre los motivos de esta determinación expuestos en el texto firmado por la entonces presidenta de la institución, Mariela Ludi, se explica que la decisión responde a “la sucesión de dificultades operativas y falta de entendimiento” en las relaciones con el Copnaf.
Un grupo de socios de la entidad, que depende de la Sociedad Hermana de los Pobres, hizo pública su disconformidad con la medida. Según aseguraron a UNO, tomaron conocimiento de la situación luego de haberse decidido el cierre.
A fines de junio se generaron mayores conflictos. “El 30 de junio se realizó la habitual Asamblea Ordinaria de la ONG y allí participamos un nutrido grupo de socios, dispuestos a presentarnos en las elecciones de nueva Comisión Directiva y, de resultar ganadores reabrir inmediatamente el hogar y recuperar a las niñas. Pero nos encontramos con una elección amañada, con padrones societarios adulterados, donde la mayoría de quienes nos acompañaron, pese a tener sus cuotas pagas, no figuraban como socios, quedando solo un puñado de nosotros, imposibilitados así de tener chance en el sufragio, con actitudes verdaderamente discriminatorias, con intentos de amedrentarnos llamando a la Policía”, acusó Gustavo Fernández, socio de la residencia.
Ante la gravedad del caso, señaló que avanzaron con medidas legales y el lunes hicieron una presentación en la Justicia: “Nuestro abogado radicó una denuncia para pedir la impugnación de la elección que se efectuó en la asamblea ante la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas”, sostuvo.
Asimismo, adelantó: “En unos días más vamos a presentar ante la Justicia una denuncia dando cuenta de una serie de irregularidades, fundamentalmente en referencia al cierre de la residencia de forma inconsulta con los socios del hogar”.

Por otra parte, explicó: “Esa decisión en torno a la actividad principal del hogar tendría que haberse tomado en asamblea extraordinaria, y la tomaron entre cuatro o cinco personas de la Comisión Directiva. En la Asamblea a la que convocamos para el 30 de junio pasado la mayoría de los socios se enteró que habían hecho esa nota el 11 de marzo informando el cierre inminente del hogar a partir del 30 de abril”.

Posiciones polémicas
Por su parte, Mariela Ludi, quien actualmente figura como secretaria de Actas, intentó desmentir la cuestión y adujo que se decidió paralizar la actividad en la Residencia Bernardino Rivadavia en forma temporaria para encarar obras de refacción, y descartó que la institución vaya a cerrar sus puertas. “No está cerrado el hogar, momentáneamente sacamos a las niñas para arreglar el edificio, porque es muy viejo y se estaban lloviendo las habitaciones, los techos del lavadero también y teníamos que pintarlo entero”, había dicho a UNO hace 10 días en referencia a la situación de la institución.
“Nosotros tenemos documentación que avala nuestra denuncia y da cuenta de la intención de cerrar el hogar de forma definitiva”, afirmó sin embargo Gustavo Fernández, quien recordó que quienes más se encuentran afectadas por esta medida son las cinco niñas de entre 6 y 10 años que residen en el lugar y que arrastran historias familiares de pobreza y exclusión.
“Quieren argumentar ahora que la nueva comisión va a poner las cosas en orden y va a reabrir el hogar, pero esto es una falacia, porque hace siete años que se viene manteniendo esa estructura directiva. Son las mismas personas, solo se intercambian los cargos cada vez que hay elecciones”, manifestó por último Gustavo Fernández.

Alertan sobre la violencia de la situación
Gustavo Fernández, uno de los socios de la residencia Bernardino Rivadavia, recordó que junto a su mujer, Mariela Astrada, llevan adelante desde hace varios años un trabajo en el apoyo y sostenimiento de un Hogar. “Allí vivían niñas en situaciones judicializadas. Con padres presos, o abandonadas por sus familias, o quitadas de la custodia de sus progenitores por situaciones de violencia física o psicológica”.
Su esposa fue directora de la entidad hasta hace poco. Fernández señaló: “Este hogar dependía para su giro del Copnaf y una ONG, llamada Sociedad Hermanas de los Pobres, fundada en 1897, propietaria del edificio. Desde hace 15 años Mariela, empleada del Copnaf, era directora con un legajo intachable en esa institución. Y los socios concurríamos con nuestro esfuerzo y dinero a paliar muchas instancias de la vida de estas pequeñas de entre 4 y 10 años de edad, con la que fuimos creando vínculos afectivos hermosos”.
En este sentido, sostuvo que la situación de ubicar a las niñas en otros lugares de la provincia, tras la decisión de cerrar el hogar, les provoca un gran daño.
“Destacamos que las niñas finalmente fueron ubicadas en distintos hogares y no quedaron desamparadas, pero lo que significa para una criaturita estar años en un lugar, trabar lazos afectivos con el personal, tener una contención y que en menos de una semana las lleven a cualquier otro hogar diferente al espacio adonde estaban habituadas es de una violencia psicológica inusitada. Es un problema que generó la comisión, porque el Copnaf se comportó correctamente en todo momento y tuvieron la plena disposición de resolver esta cuestión”, dijo a modo de conclusión.
Las niñas están ahora en otros hogares
Antes del cierre de la residencia, según lo informado a UNO, se logró que algunas de las niñas fuera otorgada en guarda.
En tanto, cinco de ellas que se albergaban en la entidad fueron derivadas al hogar Ángeles Custodios, en Paraná, de acuerdo a lo informado por Mariela Ludi. La secretaria de actas del hogar Bernardino Rivadavia admitió en diálogo con UNO que caducó un convenio con el Copnaf, por el cual el organismo de protección pagaba la comida de las niñas y una parte de las promotoras que cuidaban de ellas. “Hace como tres años que expiró, por eso pedimos que sacaran a las niñas. El Copnaf solamente nos daba 10 pesos por día para darles de comer y había que cubrir el desayuno, el almuerzo y la cena con esos 10 pesos”, argumentó.