Existe una coincidencia bastante generalizada entre políticos, periodistas y observadores varios de la realidad en señalar que la pandemia del coronavirus –en su condición de circunstancia impensada, para la cual no estábamos preparados y capaz de tensionar al extremo los resortes del Estado como garante de determinados derechos– determina un ámbito propicio para el debilitamiento de la institucionalidad. Y si no es así, al menos, un contexto que poco y nada contribuye a su fortalecimiento.

De arranque, la excepcionalidad de las circunstancias poco ayuda entonces al fortalecimiento de esos procesos que tienen como marco a las instituciones, que son “las que quedan” (Jean Monnet).

Sin embargo, la Provincia transita durante los últimos meses un proceso de fortalecimiento institucional desde el punto de vista de la elaboración y aplicación de legislación e institutos que mejoran o mejorarán las condiciones de esas instituciones.

La implementación del juicio por jurados y la sanción de la ley de paridad integral contribuyen a mejorar la institucionalidad en la provincia. Servirán para que quienes tomen determinadas decisiones sean personas más parecidas a aquellas sobre quienes impactan esas decisiones, y ese es un dato que mejora la calidad democrática.

Estos procesos que acercan –en la medida de lo posible– a los ciudadanos a las decisiones judiciales, o que liberan de obstáculos arbitrarios a determinados sectores de la población para participar de la vida institucional, tienden a mejorar la condición democrática, tienden a impedir que lo democrático sea solo una representación formal, apuntan a evitar que sea trate de decisiones de solo una “clase” de personas, porque contribuyen a ampliar el espectro de quienes toman las decisiones.

Por eso resulta una contradicción que en algunos casos las críticas que se realizan apunten a señalar que no se trata de modificaciones oportunas, que son innecesarias; cuando lo que debería criticarse con mayor énfasis es la demora en llevarlas a cabo.

A tal punto que la implementación del juicio por jurados estaba prevista en la constitución provincial de 1933 y desde mucho antes en la carta magna nacional. ¿Cómo podría pensarse entonces que permanecer en la no aplicación de una garantía judicial que está en la Constitución puede ser positivo?

Recién en noviembre de 2019 el poder político provincial logró saldar esa deuda con la sanción de la ley que implementó el procedimiento (que debutó esta semana) y que promueve que “ciudadanos comunes” participen de manera concreta en la tarea de impartir justicia.

Los “ciudadanos comunes” no son jueces ni fiscales ni defensores, por supuesto. Pero tampoco viven la ajenidad y lejanía que percibe cualquier vecino respecto del Poder Judicial y sus operadores cuando está sometido a su potestad.

Por otro lado, el avance en la sanción de la ley de paridad integral va en el mismo sentido. Elimina restricciones a la participación de las mujeres y diversidades en los ámbitos de decisión que nunca debieron haber existido, pero cuya realidad es tan evidente que se confirma hasta con los argumentos de quienes la niegan.

Hubo quienes en el reciente debate legislativo opinaron que no hacía falta una ley de paridad porque hay algunas mujeres que llegaron a determinados cargos de importancia en el Estado, lo que es clara confirmación de la enorme mayoría que vio obstaculizado su participación. Está claro que la ley que el Senado provincial terminó de sancionar el viernes resulta una continuidad de muchos proyectos, algunos de los cuales no llegaron siquiera al tratamiento en comisión y otros que fueron escalonando el reconocimiento de derechos, o la posibilidad de garantizar al menos su ejercicio en un determinado porcentaje.

Tuvo esa ley la particularidad de asentarse en sectores que están por fuera de la política partidaria. Así dicho parece lógico, ya que la participación igualitaria de las mujeres atraviesa transversalmente la sociedad.

Así lo entienden prácticamente todos los sectores políticos incluyen en sus plataformas la propuesta de revertir esa situación de injusticia. Los partidos populares tienen además su historia marcada por figuras que han trabajado para resolver esas situaciones. Sin embargo, la realidad impone la necesidad de tomar medidas positivas para revertir la situación.

Si ir más lejos, actualmente en la Cámara de Diputados de la provincia hay 10 mujeres porque existe un cupo mínimo, si no habría menos. Fue necesaria una ley para que hoy estén ahí, y lo demuestra el hecho de que cuando no existía esa ley, las mujeres no llegaban a ser ni el 30%. Entre 1983 y 2003, cuando no existía el “cupo”, el porcentaje de varones sobre el total de Diputados fue 94%. ¿Puede sostenerse entonces que basta el criterio de la idoneidad para garantizar la participación? Sostener que de cada 100 personas, 94 de los idóneos son varones parece propia del Sínodo de Macon cuando a falta de alma, se consideró que las mujeres solo podían acceder a la resurrección –en caso de haber hecho mérito suficiente– convirtiéndose en varones.

Probablemente hubiera resultado más sencillo limitar la ley de paridad a los cargos electivos, como sucedió en otras provincias; o más aún, estableciendo la paridad solo para las listas de candidatos a los cuerpos legislativos; plantando un horizonte de avance gradual.

Pero la fortaleza que existió para aprobar en Entre Ríos una ley amplia provino de la participación de sectores de la sociedad civil, de no haberse limitado al “mundo de la política” (lo que igualmente hubiera sido un avance). La ley de paridad es integral porque avanza desde el ámbito estatal, de manera progresiva, hacia la aplicación del principio de paridad a todas las personas jurídicas del ámbito privado como clubes, asociaciones, colegios profesionales y empresas. Se trata de una legislación que desde la política convoca a otros sectores para que tengan paridad en sus ámbitos.

Así, la norma se ocupa primero de ordenar el ámbito de la política, estableciendo parámetros para la provincia que en algunos casos ya se aplican, como es la paridad en las listas de candidatos a concejales o a legisladores nacionales; o que se han expresado como tendencia a nivel municipal en el caso de las fórmulas ejecutivas mixtas, generalmente con la mujer como viceintendenta. Esas experiencias contribuyeron claramente a mejorar la calidad de la representación y de las agendas de gobierno.