La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se reunirá las nueve con la intención producir el dictamen sobre el pedido de juicio político al vocal del Superior Tribunal de Justicia Carlos Chiara Díaz.

Del desarrollo de las instancias previas, en el marco de la investigación resulta previsible que el dictamen sea a favor de iniciar el juicio político al magistrado, quien fue acusado el 14 de noviembre por el abogado victoriense Carlos Reggiardo a raíz de las inasistencias a su despacho y también por el cobro de viáticos y traslados a Buenos Aires por parte del Poder Judicial entrerriano,para dar clases en diferentes universidades de Buenos Aires, donde Chiara Díaz cobraba por esa tarea.

A las 11 está prevista la sesión para tratar este tema.

Se descuenta que los integrantes de la Comisión por el justicialismo avalarán esa postura. Ellos son a Diego Lara (presidente), Rosario Romero, Pedro Báez, Juan José Bahillo, Marcelo Bisogni, Gustavo Guzmán y Ángel Vázquez. En cambio, existen dudas respecto de los integrantes de Cambiemos, que son Gabriela Lena, Jorge Monge, María Alejandra Viola y Esteban Vitor. Si bien los cuatro diputados acompañaron hasta ahora todas las decisiones tomadas por la Comisión, existe en ese sector partidario un grupo de dirigentes que entienden que Chiara Díaz es un chivo expiatorio, y que su remoción sería funcional al oficialismo, al menos en lo relativo a retardar las investigaciones judiciales que apuntan a la gestión del exgobernador Sergio Urribarri. Esos dirigentes entienden que no debe acompañarse el proceso.

Sin embargo, no hacerlo podría entenderse como una contradicción respecto de la postura que tuvieron el 30 de agosto, cuando la Cámara analizó otro pedido de juicio político a Chiara Díaz. En esa oportunidad el peronismo/urribarrismo defendió al vocal e impulso el rechazo in limine de la denuncia, postura diametralmente opuesta con la que sostiene ahora. En cambio, Cambiemos fue duro con el magistrado y exigió la investigación del caso. Se impuso la mayoría y el caso se archivó.

La cuestión cambió abruptamente en poco tiempo, y ahora es el peronismo el que impulsa el juicio del vocal del STJ. La estrategia de Chiara Díaz al hacer su defensa ante la comisión fue denunciar iguales o mayores irregularidades cometidas por otros miembros del cuerpo, apuntándole especialmente a la presidenta del tribunal Claudia Mizawak. Con esta postura el magistrado se privó de contar con la solidaridad corporativa de los otros miembros del STJ, pero puso en marcha un proceso de cuestionamientos a otros magistrados que tuvo ayer su primer y previsible capítulo: una denuncia de juicio político contra Mizawak.

El planteo fue hecho por abogados cercanos a Cambiemos, como los denunciantes de Urribarri Rubén Plagliotto y Guillermo Mulet, además de otros letrados entre los que se cuenta el massista de Gualeguaychú Luis Leissa y los hermanos Jaime y Emilio Martínez Garbino. Si bien la denuncia toma los dichos de Chiara Díaz durante su defensa en la Comisión de Juicio Político, no funciona necesariamente como una defensa de ese magistrado, ya que la lógica que parece imponerse es que si Chiara Díaz va a juicio político por determinadas situaciones, Mizawak también debe ser sometida a ese proceso.

La primera causal de la denuncia es "viajes y abandonos excesivos de la jurisdicción. Falta de diligencia debida en el control del otorgamiento de viáticos y licencias". En el escrito se señala: "Entendemos que de acreditarse lo expresado por éste (Chiara Díaz), en torno a la cantidad de viajes de la presidente del STJ, que según sus expresiones la convertirían en 'La Reina de los viajes', a partir de lo que sería el uso abusivo de los viajes en comisión de servicios, podría encontrarse directamente afectada u obstaculizada la asistencia regular a las tareas propias del cargo que ocupa" .

A ello se agregan otras causales como "Participación en sociedades comerciales con Sergio Daniel Urribarri y con Daniel Arroyo. Incompatibilidad con el ejercicio de la magistratura". Asimismo se menciona el supuesto cobro de sobresueldos, el enriquecimiento sin causa y la manipulación del orden de votación en la causa iniciada tras la designación de Guillermo Smaldone en la presidencia del Tribunal de Cuentas; todo en línea con lo dicho por Chiara Díaz oportunamente.