¿De qué negocio habla el intendente Dellizzotti?

Un aspecto del debate iniciado por los vecinos de Las Acacias. Lo que dice la ley de expropiaciones
20 de mayo 2015 · 06:00hs
Carlos Matteoda /De la Redacción de UNO
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A raíz del conflicto planteado entre vecinos del barrio Las Acacias y El Talar de Colonia Avellaneda con las autoridades de Vialidad Nacional porque la traza de la futura autovía 18 cruzaría por el medio del lugar, para unir a la ruta 12 con el Acceso Norte; el intendente de la localidad, Edgardo Delizzotti, sostuvo que la situación obedece a  que “alguien hizo un negocio”.

Se refería Dellizzotti al proceso que se inició con la expropiación de los terrenos por parte del Estado provincial durante el primer gobierno de Sergio Montiel (1983-1987). “Viene de la época de Montiel, cuando expropiaron parte de ese loteo y que fue aprobado por las dos cámaras (legislativas) de un día para el otro. Después volvieron a lotearlo y alguien ha hecho un negocio”, explicó hace un par de días a UNO.

Y agregó: “Ellos –por los vecinos de Las Acacias– quieren que se haga una ordenanza y yo no voy a hacer ninguna ordenanza porque es un lugar ya expropiado. Primero tienen que decir porqué algunos tienen una casa ahí cuando ya se expropió”, agregó, dando a entender que los  terrenos siguen estando “expropiados” y que vecinos habrían incurrido en una situación irregular a sabiendas.

Si bien ha pasado mucho tiempo desde aquel momento -cuando incluso Dellizzotti era militante radical y no kirchnerista como ahora- la explicación del intendente  no se ajusta a la ley en vigencia.

La materia está regulada en la provincia por la Ley N° 6.467 (sancionada en diciembre de 1979 y publicada en febrero de 1985) que establece, en su artículo 26 un plazo de retrocesión para el caso en que los bienes de utilidad pública no hayan sido destinados al fin para el cual fueron expropiados. Ese plazo, por el cual los derechos cedidos vuelven al que los cedió, es de dos años.

Artículo 26º.- De la retrocesión: Procede la acción de retrocesión cuando, transcurridos dos (2) años a partir de la expropiación perfeccionada, no se hubiera destinado el bien al objeto que motivó la expropiación. En tal caso el expropiado podrá retrotraer el bien a su dominio previa consignación judicial de la indemnización percibida (...)

Habría que preguntarle a Dellizzotti de qué negocio estaba hablando, si se trata de una irregularidad que él conoce;  o si simplemente contestó lo primero que le vino a la cabeza cuando el periodista le hizo la pregunta. Si es lo primero, debería aportar las pruebas a la Justicia, ya que su carácter de funcionario público le impone esa carga. Si es lo segundo, huelgan las palabras...

El procedimiento

La citada ley establece un procedimiento sencillo para las expropiaciones que se realicen por  razones de utilidad pública de todos los bienes, cualquiera sea su naturaleza jurídica.

Se requiere para ello la calificación de utilidad pública y luego la declaración de ese carácter por ley, en base a  informes técnicos especialmente, y  otros  fundamentos. Existen dos posibilidades para esa declaración: que sea sobre bienes determinados, o que se declare genéricamente bienes que sean necesarios para la ejecución de una obra, de un plan o de un proyecto.

Más allá de que la ley esté aprobada, la expropiación no se concretará “sin el previo pago de la indemnización o de su consignación judicial” si el propietario no hubiera aceptado el acuerdo (denominado avenimiento). Al precio del bien expropiado lo fija el Consejo de Tasaciones de la Provincia. La indemnización será establecida y abonada en dinero salvo que el expropiado voluntariamente acepte el pago en otro valor. La indemnización comprende el justo precio del bien como asimismo los intereses que pudieran devengarse y la desvalorización monetaria, si llegara a producirse.

En cambio, la indemnización no  tomará en consideración circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas,  ni el mayor valor que pudiera agregar al bien la obra a realizarse.  Tampoco reclamarse por el expropiado lucro cesante, ni serán materia de indemnización las mejoras que se introdujeran al bien con posterioridad a su declaración de utilidad pública.

Sin impuestos

Con acierto, la ley señala que los rubros que componen la indemnización no estarán sujetos al pago de impuestos o gravamen provincial o municipal.

Una vez establecido el precio, si el propietario del bien a expropiar acepta la circunstancia, el Estado (expropiante) le pagará un 10% más del valor fijado inicialmente, en un plazo no mayor de 15 días, a partir del decreto que aprueba el avenimiento.

En cambio, si no hay avenimiento, se promoverá el juicio correspondiente, cuyas alternativas están reguladas entre los artículos 10 y 17 de la citada ley. El expropiante deberá consignar (depositar judicialmente) el monto de la indemnización fijado oportunamente.

Sobre los plazos, se señala que para promover el juicio de expropiación, será de dos años a partir de la vigencia de la ley que califique de utilidad pública al bien, cuando se trate de uno determinado; y de cinco años si se trata de bienes enumerados genéricamente.

La ley también prevé la “expropiación inversa” para casos en los que el expropiante haya tomado posesión del bien sin haber consignado la respectiva indemnización; la posesión haya sido tomada con consentimiento del propietario y el juicio no se haya promovido dentro de los seis  meses de la toma de posesión; o cuando el Estado imponga al titular del bien una restricción o limitación que lesionen su derecho de propiedad.

La retrocesión, como se señaló, opera a los dos años si el bien expropiado no se destinó al fin previsto. E incluso se prevé la posibilidad de la retrocesión ejercida parcialmente sobre una parte del bien expropiado.

Datos curiosos

La Ley Nº 6.467  contempla la posibilidad de expropiación del subsuelo “con independencia de la propiedad del suelo” y también señala que si un inmueble fuera expropiado parcialmente y el remanente fuera inadecuado “a un uso o explotación racional”, el expropiado podrá exigir la expropiación de la totalidad del inmueble.
 
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