Corredores inmobiliarios se oponen a la intervención estatal en los alquileres

Frente a un par de iniciativas en estudio –una autoría del concejal Pablo Hernández (Cambiemos) y otra de Cristina Sosa (FPV)– para la creación de una Oficina del Inquilino en el ámbito municipal, cuyo propósito es que los inquilinos tengan mayor asesoramiento legal y se ejerza de alguna manera un mayor control o regulación en la actividad, el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos envió nota con la fundamentación de su rechazo al intendente, Sergio Varisco; a la titular del Concejo, Josefina Etienot, y autoridades municipales y ediles.

"Ninguna persona puede quedar obligada a control municipal alguno para la celebración de un contrato de locación", consignó la entidad, que añade que para el ejercicio de la defensa de los intereses de cualquier ciudadano, sea este inquilino o no, no se requiere la creación de una oficina específica: "Basta con que el Defensor del Pueblo de la ciudad o de la Provincia ejerza las funciones para las cuales ya está investido".

A través de una nota enviada a UNO la institución reafirmó: "La pretensión de crear, mediante una norma local, un sistema de control preliminar obligatorio a cargo del municipio como requisito indispensable para poder concretar la locación de un inmueble, es lisa y llanamente inconstitucional –indica- pues se desplaza la obligación y la responsabilidad civil hacia quien debe llevar a cabo tal función, el propietario y/o el Corredor Público Inmobiliario, y ello no está contemplado en el Código Civil argentino, de modo que el planteo en tal sentido es inapropiado y va a contramano de la legislación argentina".

Para los corredores inmobiliarios, ello vulnera el principio de libertad de contratación: "Quien alquila puede o no contratar a un tercero idóneo en la materia para que revise el inmueble y se expida al respecto, y en definitiva ninguna de las partes está obligada a aceptar la opinión municipal en una relación contractual privada".

Al respecto, añade: "Es jurídicamente imposible que las oficinas municipales puedan crear dependencias a cargo del contralor y verificación de cumplimiento de las normas sobre locaciones establecidas en el Código Civil que regula la relación entre privados, dado que el Estado municipal no cumple funciones judiciales. Para ello están las instituciones ya creadas en nuestro sistema legal y procesal vigente, desde la mediación hasta el reclamo judicial pertinente, y en cuanto a asesoramiento legal del inquilino, este puede acudir a la defensoría judicial de oficio del Poder Judicial, al Colegio Público de Abogados, a la Dirección de Defensa del Consumidor, a la defensoría del Pueblo de Paraná o de la Provincia, e incluso a la mediación de este Colegio y los diferentes mecanismos de solución amigable de controversia".

El Colegio profesional advierte que la propuesta de creación de la referida oficina es de "sesgo intervencionista" y que provocará un profundo y grave retroceso en materia de alquileres, y ocasionará que los propietarios retiren sus inmuebles de la oferta locativa, incidiendo categóricamente en un mercado ya altamente castigado como lo es el inmobiliario, perjudicando a los inquilinos a los que presuntamente se quiere beneficiar privándolos de elegir la vivienda que más convenga en precios y comodidades como hoy sucede gracias a la amplia oferta de viviendas, impactando además en las fuentes de trabajo que aportan los profesionales del sector y amenazando su subsistencia".