En cambio, según el informe de la consultora paranaense: “Entre Ríos se encuentra en un camino descendente de la presión tributaria provincial, donde se pone en relieve con una mayor evidencia a partir del año 2019”. Allí se recordó: “En base al Consenso Fiscal, las provincias y el gobierno nacional se comprometieron con obligaciones recíprocas. En el apartado III se establece que las provincias deberán eliminar el impuesto a los Ingresos Brutos (con topes de alícuotas y decrecientes), adecuar regímenes de retención y percepción de impuestos, eliminar impuestos a los sellos (con topes de ciales, se dispone que el impuesto a los Ingresos Brutos e Impuesto a los Sellos se eliminarán por completo a partir de 2022, con un esquema de reducción anual de alícuotas.
Además, el impuesto provincial sobre la base salarial (Ley Nº 4.035) a partir de diciembre de 2019 queda eliminado por completo. Situación nacional El informe revela la evolución de la presión impositiva a nivel nacional, donde “lejos de cesar su imposición permanece en un constante crecimiento”. Allí se indica que en 2018 “los tributos con mayor significancia fueron los que gravan el consumo (IVA principalmente) debido al efecto inflacionario. A su vez, el impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios (impuesto al cheque) también tuvo un comportamiento de crecimiento producto de mayores transacciones a través del sistema financiero”. Asimismo, se señala: “Los países con mayor distribución de riqueza son aquellos que tienen una base tributaria bajo la estructura de impuestos progresivos. En rigor, cuanto mayor es la capacidad contributiva de un contribuyente mayor es el guarismo que se paga de impuesto. Está sustentado en un marco de justicia tributaria.
Pero también, los impuestos progresivos suelen ser directos, es decir, que no gravan o desalientan la actividad económica o productiva”. Respecto de esto último, se indica que en 2019 “rigen nuevos tributos que distorsionan la inversión productiva o desalientan la economía real para parámetro de desarrollo. A modo de ejemplo, el gobierno nacional pretende recaudar 32.000 millones de pesos por retenciones a las exportaciones, 20.000 millones más por impuesto al cheque, y a partir alícuotas y decrecientes), y eliminar impuestos provinciales sobre nómina salarial. Como contrapartida el gobierno nacional se obliga a transferir el equivalente de la reducción por impuestos coparticipables y al aumento de las prestaciones previsionales liquidadas por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)”. En ese marco, la Provincia sancionó la Ley Tributaria Nº 10.557, que modifica el plexo tributario en varios puntos. En esa norma, desde la óptica económica, y en función de alentar la producción y evitar imposiciones provinciales diferen-