Concordia: proponen eximir de tasas a terrenos usurpados

Mediante un proyecto presentado en el Concejo Deliberante de Concordia se propone eximir del pago de la Tasa General Inmobiliaria a los propietarios de terrenos, cuyos lotes se encuentren ocupados de manera ilegal o usurpados, mientras tanto dure y se expida la acción judicial.

El cambio al artículo 98 de la Ordenanza N° 34.700 fue planteado por la edila de Juntos por el Cambio Magdalena Reta de Urquiza, y fue derivada al diputado Manuel Troncoso para que exista una exención en el ámbito provincial. Se plantea que una vez que el propietario presente una denuncia judicial se habilite a la Dirección de Catastro Municipal a que realice la constatación y emita certificado de exención hasta tanto se resuelva el proceso judicial.

“Desde el momento en que hace la denuncia en Catastro, el propietario puede hacer una constatación y mientras dure el proceso judicial se le hace un certificado de exención de la tasa”, manifestó Reta en LT 15 Radio del Litoral.

“Hay propietarios que hace mucho tiempo que vienen pagando y hay otros que se aburren de los procesos muy largos porque la Justicia no responde, por lo que dejan de pagar. Ahí se produce un doble problema. Por un lado, los usurpadores empiezan a pagar la tasa y con eso reclaman después la posesión. Por otro lado le quedan deudas y esas deudas le significan que no le dan el carné de conducir o no le dan los remedios del Iosper cuando debe ATER. La verdad es que no pueden disponer de su bien y tampoco pueden formalizar muchos trámites porque en el sistema les figura que tiene deudas. Este mismo pedido lo canalizamos a través del diputado Manuel Troncoso en la provincia para que exista una exención a nivel provincial”.

Respecto de la formalidad, es “primeramente a través de la medida judicial porque con la denuncia judicial pedimos que Catastro haga una verificación y ahí le dé un certificado de exención del impuesto hasta tanto el proceso judicial se resuelva. Esto puede llevar muchos años. De esta manera no se emite el cupón de pago, que muchas veces es utilizado por el usurpador para decir que es de él el terreno”, dijo.

Con esta intervención el terreno no dejará de estar a nombre del propietario original y quedará exento de abonar la tasa Inmobiliaria. “El proceso judicial continúa y de esta manera el dueño del terreno puede realizar trámites sin que le salten deudas”, agregó. Actualmente el tratamiento está en comisión y respecto al acompañamiento que pueda tener, Reta de Urquiza sostuvo: “Esperemos que sí porque solamente estamos pidiendo que se corrija una situación de irregularidad que existe. El problema se plantea con la Justicia porque no actúa, es muy lenta. Tiene que haber violencia o roturas para que el delito sea Penal o si no pasa por la Justicia Civil y ahí le caben penas muy leves y tardan mucho tiempo en resolverlo. Hay angustia de mucha gente que no sabe qué puede pasar y sobre qué cosas es responsable sobre su propiedad”.

Una de las referentes de la oposición local planteó que estas situaciones muchas veces demoran años en que el propietario pueda volver a recuperar su propio lote. “Hoy todavía se están trasladando unos terrenos de un propietario en zona de ruta 4 y Moulins. El juicio tiene unos 20 años aproximados. La Justicia le ordenó a la Municipalidad a trasladar a esas personas. Si la Justicia actuara de forma más expeditiva se podría evitar esto. Esas personas de algún lugar vinieron, pero pasados 20 años ya no tienen algún lugar a donde volver”, finalizó.

A mediados de año se incrementó en Concordia la modalidad de usurpación de terrenos, en la zona del barrio Agua Patito. Desde el municipio manifestaron la preocupación y también emitieron los perjuicios que suman a futuro los “usurpadores”.

Marina Peñaloza, directora del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas, había indicado que “el que usurpa un terreno tiene que ser consciente de que comete un delito penado por ley”. Además su nombre queda asentado en las bases de datos “y luego no tienen derecho a acceder a programas de viviendas ni a la adquisición de terrenos en el Banco de Tierras. Y van a perder también los beneficios sociales que perciban o cualquier ayuda social que les brinde el municipio”.